En el marco de la línea de Crédito Flexible (LCF), en mayo de 2021 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al Perú alrededor de US$11.000 millones con el fin de destinarlos principalmente a paliar la crisis financiera producto del COVID-19. De acuerdo con el FMI, Perú tiene acceso a esta línea de crédito debido a la solidez de las políticas macroeconómicas que han permitido un crecimiento estable en los últimos años con perspectivas positivas a futuro. Este resultado se ve reflejado en nuestra calificación de riesgo soberano BBB+ (S&P) que es considerada como una de la mejores de la región.
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Sin embargo, lo mencionado por el FMI puede verse afectado de manera negativa debido a la crisis política que estamos atravesando. Estos efectos negativos repercuten directamente en la inversión privada, tipo de cambio, tasas de interés, mercado de capitales, entre otros, lo que genera una mayor percepción de riesgo económico en el país. Uno de los indicadores para calcular el riesgo económico es a través de la Prima por Riesgo País (Rp) que mide la estabilidad económica, política, manejo de condiciones crediticias y su fluctuación afecta directamente al valor de las empresas de un país. Además, representa el riesgo o rentabilidad adicional que asumiría cualquier inversionista extranjero o local al invertir en Perú y su cálculo, comúnmente, se determina a través del diferencial o spread de los rendimientos de los bonos soberanos de la economía local y el de una economía avanzada.
Es importante mencionar que el diferencial del rendimiento de los bonos de Perú frente a una economía avanzada como la de Estados Unidos es calculado a través del EMBIG (Emerging Markets Bonds Index Global o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes Global) el cual hacia mediados del mes de junio del presente año cerró en 1.69% mostrando un crecimiento en comparación al cierre del 2020 de 1.32%.
En ese sentido, se puede afirmar que si la tendencia se mantiene durante el nuevo gobierno las condiciones de financiamiento obtenido a nivel global se pueden deteriorar impactando negativamente en el valor de las inversiones y activos financieros. Ello originaría automáticamente el incremento de los costos de endeudamiento y por ende en las tasas de descuento, que son empleadas para descontar los flujos futuros de los proyectos de inversión y de las empresas que operan actualmente en el país.
Por esa razón, es crucial que en este contexto de incertidumbre el gobierno busque mantener las condiciones financieras que ayuden y aporten al crecimiento de la inversión con el objetivo de mejorar las perspectivas del desempeño económico del país y salvaguardar el valor de las compañías en el mercado local. Este valor no solo depende de una buena gestión empresarial sino también de la estabilidad económica del país en las que operan.
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