Jorge Toyama

Presentar información falsa para ser congresista, quedarse con parte del sueldo de sus trabajadores o tener personal fantasma, son faltas muy graves. Grabar sesiones secretas, sobornar a proveedores, pegar a un compañero, acosar sexualmente, simular gastos, no asistir a las reuniones o de las comisiones de trabajo, etc. son graves inconductas que, en cualquier centro laboral, ameritarían una sanción y hasta una desvinculación. Los congresistas son trabajadores. Tienen un contrato de trabajo, es un servicio personal, retribuido y bajo relación de dependencia.

Con muy baja popularidad y una percepción ciudadana promedio que los ve como no buenos trabajadores, parece extraño que, en 22 años, solo 11 congresistas fueron desaforados (El Comercio 30/04/22). Es decir, de 880 elegidos en este siglo, solo a 11 se les ha aplicado la sanción más drástica, equivalente a un despido laboral.

Hay congresistas buenos y malos. Si bien son elegidos por votación popular y no por concurso de méritos, sería importante generar mecanismos para estimular el buen trabajo y desincentivar a los que trabajan mal. Hoy no existe indicadores que permitan un reconocimiento a los mejores congresistas: no hay reelección, bonos ni premios para quienes fiscalizan mejor o logran leyes de impacto positivo. Tampoco hay sanciones ejemplares para los peores. Solo haber despedido al 1.25% de congresistas en 22 años no refleja la impresión de los peruanos sobre su desempeño.

Una desvinculación puede también darse por bajo rendimiento. ¿Qué sanción se aplica a un congresista que no tiene proyectos de ley presentados, ningún acto de fiscalización o, si quiera, ninguna gestión pública realizada que genere un impacto positivo en la ciudadanía? No hay.

Hay cambios políticos urgentes que requieren modificaciones legales y/o constitucionales como reformar el régimen disciplinario de los congresistas, permitir la reelección de los más probos, mejorar los requisitos de acceso y el sistema de elección con mejor representación, así como contar con un tribunal independiente que analice los procesos disciplinarios. Los congresistas hoy son juez y parte. La sanción sólo funciona cuando un caso se mediatiza y genera un alto impacto. Parafraseando el refrán “En el Congreso se perdona el pecado, pero no el escándalo”.

Medidas a implementar

Hay cuatro cambios que se pueden implementar y generar algún impacto relevante. Primero: Transparencia. Todos los peruanos debemos tener acceso a la agenda de los congresistas. No puede haber “horas congresales” sin una descripción de asistencia a reuniones, trabajo en proyecto de ley, revisión de denuncias, etc. Además, debemos acceder a todos los tipos de sueldos y bonos, los viáticos y los gastos de representación, deben sustentarse.

Segundo. Todo debe medirse. Los proyectos de ley presentados, rechazados y aprobados, las asistencias a reuniones y plenos, los viajes, los que más y menos gastan, los que más contratan trabajadores, los que más y menos votan por sanciones a sus congresistas pares.

Tercero. Una encuesta de clima laboral por un tercero independiente sería un buen complemento. Los mejores jefes son los reconocidos por sus trabajadores. La idea sería medir el clima laboral pero no para despedir congresistas, sino para capacitarlos en liderazgo, cómo desarrollar y retener a sus mejores trabajadores, de qué manera reconocer y sancionar, etc.

Cuarto. Los congresistas con las mejores leyes aprobadas, con denuncias confirmadas en su veracidad por las entidades responsables, con mayor austeridad, con mejor paridad de género, etc. deberían ser reconocidos públicamente. Un sello de calidad.

El Congreso, como cualquier otra organización, necesita de los mejores congresistas. Los malos deben ser censurados. Los buenos, reconocidos. Hoy, no tenemos ni lo uno ni lo otro.