Que se involucren todos

Desde el 7 de diciembre 2022, nuestro país está atravesando una crisis social que ha tomado una forma violenta, resultando en más de 60 muertes entre civiles y fuerzas del orden. La polarización ha llegado a un extremo donde grupos con opiniones opuestas no consiguen encontrar puntos en común. El gobierno no ofrece soluciones a los reclamos e intenta desviar la responsabilidad de ofrecer una solución al Congreso. Este último, refleja la sociedad, y no consigue llegar a un acuerdo al no estar dispuesto a comprometer intereses de grupos a cambio de un bien común. Por su parte, la sociedad encuentra que la solución es una elección temprana; ¿pero es esa la solución real a los problemas que han generado la violencia que hemos visto en la mayor parte del país? En las próximas líneas buscamos dar una visión alternativa para explicar la situación actual y capturar los desafíos que nos aguardan.

Nuestra historia es un buen punto de partida para entender los problemas que nos agobian, que son complejos y estructurales, y no de fácil solución. Entre 1968 y 1993 el Perú vivió un periodo de 25 años de deconstrucción producto del gobierno militar y su fallida reforma agraria, la guerra con Sendero Luminoso, el desastroso gobierno aprista que acabó en hiperinflación, y el surgimiento de la informalidad en los 80s tomó fuerza. Este desastre económico nos llevo a que el PBI per cápita de 1970 no sea recuperado hasta el 2006.

En los 80s un estado quebrado, en medio de una guerra civil, con un sector privado en reconstrucción se vio incapacitado en invertir en infraestructura, educación, salud y otras necesidades básicas. Sin infraestructura no hay conectividad. La brecha de infraestructura a nivel nacional no permitió mejorar la productividad. En parte, por eso, el modelo económico que tanto valoramos y que tan exitosamente nos dio el apodo del “Tigre Latinoamericano” no llego al llamado Perú profundo.

En la primera década de este siglo (2000 – 2010), el estado peruano por fin tuvo los recursos para invertir. Sin embargo, la corrupción y mala asignación de capital, en todos los gobiernos, convirtió la bonanza en una oportunidad perdida. Proyectos como la Interoceánica Sur (US$4.5bn) o la Refinería de Talara (US$6bn) son recursos que pudieron ser utilizados en cerrar las brechas de protección social, vivienda e infraestructura que el país mantiene. No es sorpresa entonces que en una crisis sanitaria, como fue la pandemia por COVID, tengamos el peor registro de fallecidos en el mundo. Esto fue la combinación de pobre infraestructura y un peor manejo por parte del gobierno.

El intento de acercar los recursos y soluciones a la población a través de la regionalización fracasó. Los motivos son varios, entre ellos la desconexión entre los lineamientos del gobierno nacional y las intervenciones de los gobiernos subnacionales, la ineficiencia en la ejecución de recursos para la inversión pública, los elevados casos de corrupción y malas prácticas y la incapacidad de traer el sector informal hacia el formal.

Por ello, concluimos que existen motivos estructurales detrás de la protesta y que sus soluciones implican compromisos de largo aliento. Por ejemplo, una entidad autónoma, en el esquema del Banco Central, responsable por el ciclo entero de vida de los proyectos de recursos naturales tendría un impacto directo en las comunidades más alejadas. En el corto plazo, el retorno a la institucionalidad es clave. Representación congresal por distrito donde haya un congresista por cada 200.000 habitantes (un representante para San Isidro, Miraflores y Barranco, cinco representantes para San Juan de Lurigancho), ayudaría también a que se atiendan las necesidades directamente. En resumen, al contrario de la frase “que se vayan todos”, la solución se encuentra en “que se involucren todos”.