Quitándole el dulce al caramelo, por Alejandro Falla

Hace unas semanas, la ministra de Salud denunció públicamente la existencia de indicios de una concertación de precios entre competidores en la compra de algunos medicamentos. Días más tarde, dos gremios empresariales (Alafarpe y Sociedad Nacional de Industrias) condenaron públicamente cualquier práctica colusoria que tuviera como efecto encarecer las medicinas que compra el Estado, respaldando las investigaciones que deben ser realizadas por Indecopi.

Si existió o no una concertación de precios en este caso, lo sabremos cuando concluya la investigación que esperemos no haya sido afectada con tanto anuncio. El incidente revela que existe consenso respecto a la necesidad de sancionar estas conductas. Bueno, todos parecen estar de acuerdo salvo algunos congresistas, quienes han presentado propuestas que limitan la capacidad de Indecopi de detectar y sancionar concertaciones.

Chapar a los concertadores no es fácil. Se ha vuelto cada vez más difícil. Quienes lo hacen se cuidan de no dejar rastros. Después de más de 20 años de actividad de Indecopi, han aprendido a no dejar acuerdos en actas de directorio o comités gremiales, como sucedió con los molineros de trigo y con las avícolas en los años 90. Los gremios han aprendido a no dejarse usar para facilitar la operación de estos cárteles; algunos han establecido políticas claras para evitar que esto suceda.

Hoy, los concertadores se juntan en hoteles, cafés o restaurantes. Evitan estar todos juntos; prefieren reuniones pequeñas “para no hacer mucha luz”. Los más sofisticados lo hacen incluso fuera de su país. No hablan durante la reunión del gremio; lo hacen camino al estacionamiento. Crean cuentas de correo o usan celulares especiales para tratar estos temas. Hablan en clave. Ya ni siquiera usan e-mails o el teléfono; prefieren el WhatsApp “que deja menos huellas”. Algunos incluso tiran al mar sus computadoras para evitar que la información borrada sea recuperada.

En ese contexto, la delación es un instrumento fundamental para detectar cárteles. Lo que se quiere es que uno de los integrantes del acuerdo les ‘tire dedo’ al resto, aportando información que ayude a desbaratar la conducta. Para lograrlo es necesario ofrecer la exoneración de sanción: al primero se le ofrece una total y a los que vengan luego, una reducción. De hecho, 75 países en el mundo ya cuentan con ese mecanismo. En Europa, el 88% de las investigaciones por cárteles entre el 2012 y el 2016 fueron iniciadas gracias a una delación compensada. De no haber sido por una delación, jamás nos hubiéramos enterado de la existencia del cártel del papel higiénico.

El Congreso busca reducir el beneficio que se otorga a los delatores, colocando un límite al beneficio (hasta el 80% de reducción de la multa). Les repugna que empresas que han participado de este tipo de conductas “la pasen piola” (lo que no es cierto). Pero es más repugnante permitir que las conductas queden impunes. Quitarle el atractivo al mecanismo solo hará más difícil detectar cárteles. ¿Eso es lo que se quiere?