Víctor Gobitz

Nuestro país cuenta con una ubicación excepcional y se viene convirtiendo en el nudo regional de integración logística – comercial de América del Sur con las principales economías del mundo; las inversiones en el puerto de Chancay y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez así lo acreditan.

Además, contamos aún con un bono demográfico, porque más del 67% de nuestra población se encuentra dentro del rango laboral activo (PEA). Asimismo, a lo largo de los últimos 25 años hemos mantenido una política económica – monetaria coherente y ortodoxa, lo cual nos ha permitido alcanzar una fortaleza macroeconómica resaltante, con grado de inversión y bajo endeudamiento respecto a nuestro PBI.

Sin embargo, a pesar de estar ubicados globalmente en una zona tropical, contamos con “vientos alisios, surgencia de aguas frías profundas y la formación de la cordillera de los Andes, lo que configura un territorio agreste, con ocho regiones naturales” (Javier Pulgar-Vidal, 1942). Lo cual, a nuestro entender, explica en parte las disparidades en nuestro crecimiento y desarrollo socioeconómico.

Por ello, a la fecha aún tenemos pendiente al menos tres desafíos colectivos: un déficit de calidad de servicios e infraestructura pública en salud, educación y transporte del orden de los US$100.000 millones; una informalidad laboral que supera el 75% de nuestra PEA; y una institucionalidad poco madura, visible por su propensión a discutir lo coyuntural y no por la planificación y consecución de metas de largo plazo.

La pregunta central es qué hacer frente a estos tres desafíos nacionales.

Una primera reflexión sería sobre acortar de manera decidida la brecha de servicios públicos de calidad, implementando procesos de planificación pública que abarquen el ciclo completo de construcción, operación y mantenimiento, que agilice la resolución de conflictos en la etapa constructiva y cuya transparencia evite actos de corrupción.

Una segunda reflexión sería enfocarse en aquellos sectores económicos donde, a la fecha, contamos con claras ventajas competitivas: minería, agroindustria, energías renovables, pesca, forestal y turismo.

La minería, en particular la de gran dimensión y la mediana, destaca porque su integración territorial genera corredores económicos altoandino–costeros, por su inversión en infraestructura pública -es decir, energía, telecomunicaciones, carreteras y puertos-, por su aporte en empleo directo e indirecto y por su contribución macroeconómica vía exportaciones, divisas y pago de impuestos, así como por sus altos estándares de seguridad laboral y de gestión ambiental y porque sus niveles de inversión siempre suponen una planificación del negocio a largo plazo.

En el caso de la pequeña minería y la minería artesanal, alcanzar la formalidad laboral plena, desterrando la minería ilegal y criminal a través de la trazabilidad de toda su cadena productiva, comercial y financiera, generará un círculo virtuoso en toda la industria.

Y la tercera reflexión, no menos importante, sería sobre transitar hacia una mayor madurez institucional, promoviendo organizaciones políticas de alcance nacional, con planes de desarrollo socioeconómicos basados en el potencial territorial, y que cuenten con cuadros técnicos meritocráticos; esto requerirá que no se antepongan medidas efectistas y/o populistas y se promuevan espacios de diálogo y tolerancia que nos permitan implementar políticas públicas sostenibles, pensando en las generaciones futuras.

Víctor Gobitz Presidente y gerente general de Antamina y presidente de la SNMPE.

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