Retos tributarios, por Alfonso de la Torre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estado en el ojo de la tormenta a raíz del incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y su abortado intento de reducir el umbral de inafectación del Impuesto a la Renta (IR).

Ambas medidas son impopulares pero correctas; es por eso que la firmeza del MEF sobre la primera medida es saludable y la falta de voluntad política de la PCM para respaldar la segunda, decepcionante.

Elevar el ISC sobre los combustibles más contaminantes es quizá la decisión más controversial, pero también la más correcta a nivel técnico, ya que internaliza externalidades. Es un error señalar que el ISC eleva costos, especialmente a lo largo de la cadena de valor, porque estos costos ya existen. Simplemente son otros los que los pagan, en este caso en la forma de mayor contaminación del aire.

En la medida en la que el mayor ISC incrementa el precio de bienes finales por mayores costos de transporte, lo que realmente sucede es que dichos productos incorporan ahora el verdadero costo social de su consumo.

En cambio, los cuestionamientos con respecto al mayor ISC sobre las bebidas edulcoradas y alcohólicas así como cigarrillos toman una dirección distinta, acusando a la medida de paternalista. Los críticos señalan que el consumo de estos bienes genera costos enteramente privados, y que es la decisión de cada consumidor si es que ella o él quiere incurrir en los mismos.

Este argumento es atractivo en teoría, pero peca de ingenuo en la práctica porque omite el impacto que el consumo excesivo de estos productos tiene sobre la provisión pública (SIS) como los seguros de salud (Essalud y EPS).

Problemas de salud pública como la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo deterioran el ‘pool’ de asegurados y requieren un mayor gasto público para cubrir la demanda por servicios públicos de salud.

La conclusión, por lo tanto, es que el consumo de estos productos también genera costos externos—externalidades que necesitan ser internalizadas tal como sucede con la contaminación–.

En contraste con el ISC, el MEF se vio forzado a dar marcha atrás con las modificaciones que tenía planeadas para el IR luego de que la PCM le jalara la alfombra por debajo de los pies. La idea de reducir el umbral de inafectación, haciendo que muchos, que antes no pagaban IR pasen a hacerlo, resultó ser políticamente tóxico bajo la acusación de querer hacer que los pobres paguen más.

Esto no es cierto. Primero, porque al ser una tasa marginal, la menor inafectación aumenta la carga tributaria no sólo sobre quienes ya estaban exonerados, sino también sobre aquellos que ya pagaban; y segundo, porque el umbral se mantendría lo suficientemente alto como para proteger a aquellos verdaderamente pobres.

Pese a que las objeciones a la medida carecían de sustento, el gobierno se apresuró a poner fin al debate señalando que no se realizarían cambios en el IR, desnudando precariedad política o demasiado interés en contentar a todo el mundo. En cualquier caso, la señal es preocupante considerando que fue el propio premier Villanueva quien señaló en abril que el gobierno buscaría revisar las exoneraciones tributarias, especialmente en la Amazonía.

Si el gobierno no tiene suficiente determinación para ajustar el IR, ¿qué nos hace pensar que será capaz de revisar las exoneraciones?