"Lo que sangra en la cúpula", por Gonzalo Carranza

La hemorragia que representa el aeropuerto de Chinchero en lo más alto del Gobierno no tiene cuándo parar. Ya ocasionó la pérdida de dos ministros cercanos al presidente -Martín Vizcarra y Alfredo Thorne-, y la semana pasada puso en jaque al presidente del Consejo de Ministros y titular del MEF, Fernando Zavala.

Zavala tuvo que recurrir a una aparición de emergencia en “Beto a saber”, el programa de Beto Ortiz que dio a conocer el audio de la reunión sostenida por el primer ministro con el contralor Edgar Alarcón y los hoy defenestrados Thorne y Vizcarra, para exponer sus preocupaciones por el informe de la contraloría sobre la adenda de Chinchero.

La noche del feriado de San Pedro y San Pablo, Zavala buscó el milagro televisivo. En jeans y sin afeitar, se expuso a la transmisión en vivo de más extractos del audio y a preguntas de un Ortiz que, una noche antes, había presentado la grabación como un “audio bomba”.

En términos mediáticos, Zavala salió airoso. Logró explicar el carácter técnico de la reunión y fue preciso al detallar que esta se produjo dos meses después de que su hermana Ximena hubiera renunciado a un cargo gerencial en uno de los socios de Kuntur Wasi, el concesionario de Chinchero, con lo cual ya no tenía razón para inhibirse en el tema.

¿Será suficiente para el fujimorismo? Lo sabremos esta semana. Pero, incluso si Zavala sobrevive los impulsos desestabilizadores de Héctor Becerril y Luis Galarreta, los problemas con Chinchero no se cierran aquí. Falta otro capítulo de esta sangría: el anunciado divorcio entre el Estado y Kuntur Wasi. Una separación que, como ya ha dicho el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, va a costarle al Estado.

Ya el contralor Alarcón ha contaminado el proceso soltando cifras diversas de la posible factura: US$20 millones según él y US$80 millones según especulaciones a las que hizo referencia. En Kuntur Wasi no dan una cifra. En el Ejecutivo, Giuffra no solo deberá pensar cuál es el monto mínimo legal y técnico a negociar, sino si en verdad existe alguna cifra aceptable políticamente. Intuyo que estampar su firma en un cheque para un consorcio que ha sido tildado de lobbista, corrupto y quebrado llevaría a una nueva amenaza de censura.

¿Qué salidas quedan? Una es patear el problema. Llevar a Kuntur Wasi al Ciadi y que un tercero resuelva el caso, probablemente cuando otro gobierno esté en Palacio. Otra es volver a negociar, olvidando la infausta adenda y siguiendo las recomendaciones que dieron en su momento la CAF y la propia contraloría.