Servir al ciudadano, por Caroline Gibu

Hoy en día los peruanos somos cada vez más demandantes de mejores servicios del Estado. Los smartphones, las redes sociales y los medios de comunicación que transmiten en tiempo real han otorgado mayor voz a los ciudadanos, que se quejan más, que exigen más y que denuncian más a través de estos mecanismos. 

El servidor público se encuentra en el medio de esas demandas ciudadanas y los recursos son muchas veces escasos para atenderlas; y aun así se espera que puedan actuar con profesionalismo, con una visión estratégica orientada a resultados, y con capacidad de innovar e implementar soluciones centradas en las personas. Es una tarea titánica, pero sí es posible.

¿Cómo es ese servidor público que logra con éxito esa tarea? ¿Qué características tiene? ¿Es un millennial o alguien perteneciente a la generación X? ¿Qué estudios tiene? ¿Importa cuántos años lleva en la gestión pública?

Este año, el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública ha certificado 253 buenas prácticas en el rubro por mostrar resultados e impacto en el ciudadano. El 36% de estas prácticas han sido lideradas por mujeres. La edad promedio de los líderes de las buenas prácticas es 48,2 años; un 36,2% tiene menos de 45 años. Un 43,5% tiene estudios universitarios y 54,9% tiene una maestría o doctorado. Sé que esta no es una muestra representativa y que lo único que puedo inferir es que capacidad de servir al ciudadano existe, y que es diversa. Quizás lo más importante es seguir investigando y preguntarnos: ¿cómo hacemos para seguir contando con estos profesionales y seguir obteniendo buenos resultados? 

Hace una semana, el Ministro de Economía y Finanzas indicó que la implementación de la Ley del Servicio Civil es la gran reforma pendiente del Estado y se comprometió a impulsarla y dar el ejemplo desde su propia cartera. ¿Pero qué significa ello? ¿Qué es la Ley Servir? ¿Sistemas de contratación, aumento de salarios, movilidad de puestos? Es todo ello y mucho más: es dar forma a una nueva institucionalidad para contar con el mejor talento humano en el Estado.

Para ello se requiere de una estructura que apoye al servidor público en su tarea y le dé un sentido de pertenencia, de orgullo y autoestima. Esta estructura va más allá de un buen salario o la estabilidad laboral; es brindar seguridad y confianza institucional sobre la base de la meritocracia, la formación de competencias, la asignación clara de tareas e incentivos positivos de cara a los resultados. Una estructura que promueve la integridad y la justicia, y que trasciende a las autoridades de turno. Quizás por ello tanta resistencia a su implementación, porque reduce la discrecionalidad y el tráfico de influencias. Ignorar esta reforma es dejar el campo libre para los actos de corrupción de los que hoy tanto nos quejamos.