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Una de las paradojas del crecimiento peruano es que se ha dado con un Estado que no se ha reformado en paralelo con los cambios estructurales del sector privado. Han faltado varias reformas de tercera generación, entre ellas la reforma para convertirlo en un Estado promotor del desarrollo humano.
La reforma no solo debe redefinir sus roles, su organización y niveles de gobierno, sino la estructura burocrática que lo haga funcionar con eficacia, cumpliendo sus funciones políticas, económicas y sociales. Todo esto lo hacen funcionar personas con distintos niveles de formación, que requieren de un conjunto de condiciones y reglas para cumplir sus tareas.
Por ello, uno de los principales objetivos de esta reforma es establecer una carrera pública; es decir, un sistema que aproveche las calidades y experiencia de las personas y, al mismo tiempo, les dé la posibilidad de tener una movilidad ascendente en la administración pública, basada en el principio de a mayor formación profesional, mayores responsabilidades, y a mayor experiencia, mayor sueldo. Esto haría que el Estado sea visto como una alternativa de progreso, tal cual el sector privado.
En consecuencia, la fijación de sueldos tiene sentido dentro de la carrera pública, en la que se ha establecido un escalafón y los puestos hacen parte de un organigrama, en el cual cada uno tiene definido sus funciones, requisitos y sueldos. Esto haría del Estado una institución atractiva para progresar. Esto no sucede con el Estado Peruano, que tiene un gran desorden.
Por ejemplo, una forma de ordenar este tema es que el sueldo mensual del presidente sea de 10 UIT, el de los vocales, ministros y congresistas, 8 UIT, el siguiente escalón, 7 UIT, técnicos, 6 UIT, y así hasta establecer que el sueldo mínimo para entrar en la burocracia sea una o media UIT. Es decir, es necesario una carrera pública ordenada con sueldos previsibles, que además se ajustarían al variar la UIT y no por una decisión del gobernante de turno.
