​Gobierno designó recientemente a Martín Ruggiero como nuevo ministr de Trabajo.
​Gobierno designó recientemente a Martín Ruggiero como nuevo ministr de Trabajo.
Germán Lora

Socio de Damma Legal Advisors

Les voy a contar una historia absolutamente real y seguramente muy común en estos últimos meses. El 16 de marzo del presente año, el turístico “La Olla de Barro” se vio obligado a cerrar sus puertas por el inicio de la emergencia nacional decretada por el Gobierno; sin embargo, debió continuar pagando las remuneraciones de sus 15 trabajadores en planilla (formales), en la línea de la licencia con goce de haber con carácter compensable establecido por el D.U. 29-2020, sin ninguna otra alternativa.

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Treinta días después, y en virtud del procedimiento de creado a través del D.U. 38-2020, el restaurante presentó su solicitud para suspender las relaciones laborales de sus 15 trabajadores pues claramente no tenía la posibilidad de darle trabajo a dicho personal, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno peruano como consecuencia del Covid-19. No se trataba de una decisión de la entidad empleadora, sino que estábamos frente a una “fuerza mayor o fuerza mayor”.

Por haber cometido el “pecado” de solicitar la suspensión de sus relaciones laborales, el restaurante tuvo que cumplir con el deposito de la CTS en mayo de 2020 de sus trabajadores, sin posibilidad de diferirlo.

A fines del mes de junio del presente año, la empresa fue notificada con la resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo que desaprobó su solicitud de suspensión perfecta de labores, generándose automáticamente la obligación de reintegrar los dos meses y medio de sueldos, a pesar de la inexistente contraprestación por parte de los trabajadores. Inmediatamente después llegó el 15 de julio y la empresa debió cumplir con el pago de las gratificaciones legales en montos íntegros pues la suspensión perfecta de labores había sido denegada conforme lo hemos señalado.

Sin perjuicio de los inconvenientes anotados, el restaurante se viene preparando para la próxima apertura de su local pues viene implementando los protocolos de seguridad para la atención de sus clientes.

El día de ayer le llegó una resolución de Sunafil imponiéndole una multa de S/50.000 por una supuesta infracción de discriminación salarial en una inspección correspondiente al 2019, las mismas que se vienen reactivando.

Tomando como ejemplo el caso presentado, adicionalmente a las propuestas laborales planteadas en los últimos días, somos de la opinión que el y la Sunafil deberían pensar en estructurar una especie de amnistía respecto a las inspecciones laborales iniciadas antes de la pandemia y centrar sus esfuerzos en el mantenimiento de los puestos de trabajo a través de la reactivación económica de las empresas. No podemos pensar en mantener los puestos de trabajo ahogando o dejando de apoyar a quienes lo generan, independientemente se traten de grandes, medianas, pequeñas o microempresas.

Aprovechemos estas Fiestas Patrias para pensar en lo mejor para el Perú, es hora de otro discurso.

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