Una ley contra los más vulnerables

El sistema financiero peruano atiende las necesidades financieras y transaccionales de 8 millones de deudores, de 13 millones de depositantes y de 17 millones de usuarios de las billeteras electrónicas. El número total de transacciones manejadas por el sistema financiero peruano supera largamente los 3 mil millones anuales.

Las transacciones digitales son las que más crecen: se han multiplicado decenas de veces desde la pandemia. Las billeteras electrónicas han resuelto bien y gratuitamente el problema que los 17 millones de peruanos usuarios enfrentaban diariamente para trasladar efectivo y realizar transferencias. Las billeteras electrónicas, hoy interoperando, representan el principal vehículo de inclusión financiera por su practicidad, eficiencia, facilidad de uso, seguridad y, especialmente, por su gratuidad.

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Lo que realmente hacen las billeteras electrónicas son transferencias. Transferencias entre cuentas de distintas personas en un mismo banco, o en distintos bancos, que pueden estar o no en la misma localidad. Para tal efecto lo que hacen las billeteras es enmascarar los números de cuenta interbancarias con el número de celular del usuario.

Gracias a las billeteras electrónicas y a la interoperabilidad, basta con conocer el número de celular de nuestra contraparte para hacer una transferencia desde nuestra cuenta hacia la cuenta de cualquier otra persona, en cualquier otro banco, en cualquier otra localidad.

Usando las billeteras electrónicas podemos transferir gratuitamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y de manera inmediata. Igualmente, todas las transferencias interbancarias, usando billeteras o no, son siempre gratuitas hasta S/500, y en algunos intermediarios hasta por montos mayores. De manera que, hoy en día, el 99 % de las transferencias ya son gratuitas.

Eliminar comisiones, como pretende un reciente proyecto de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor, beneficiaría solo al 1% de transacciones y perjudicaría al 99% restante. La prohibición de cobrar comisiones a quienes usan ese servicio solo beneficiaría a los usuarios que más dinero transfieren, y perjudicaría a las personas con menos recursos y a aquellos que no mueven grandes sumas de dinero o no hacen transferencias. Es decir, favorecerá a los pocos que hacen transacciones grandes y perjudicará a los muchos que hacen transacciones pequeñas.

La eliminación de comisiones no solamente puede generar deterioros en la calidad del servicio, en la seguridad de las transacciones, en la experiencia del usuario, también generará más inseguridad y más informalidad. Además, inhibirá y pondrá en peligro las innovaciones que son, precisamente, los principales vehículos de inclusión financiera.

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Como señala la opinión de la SBS, si se prohíbe que los usuarios que mueven las mayores sumas de dinero paguen por el servicio de transferencias, el proyecto de ley podría generar que se deje de proveer el servicio, podría generar el rompimiento de la cadena de pagos y los efectos negativos serán mayores en las zonas más alejadas. Nuevamente, igual que con la ley de topes a las tasas, los más vulnerables serán los más afectados.

Por todo lo expuesto, una ley que elimine comisiones, como pretende el proyecto de la Comisión de Consumidor, además de innecesaria, carece de todo sentido porque perjudica precisamente a quienes debiera favorecer. Una vez más, soluciones de mercado, innovaciones sumamente útiles para la inclusión financiera, peligran por iniciativas populistas de retroceso sin ningún sentido de la realidad.