Ana Neyra
Ana Neyra

La reforma de la justicia suele ser parte de la agenda muchas veces postergada, pese a que se trata de una preocupación constante a través de los años. Desde los 90, hay múltiples esfuerzos. Uno importante fue en el 2003 con el Plan Nacional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia (Ceriajus), una propuesta trabajada entre instituciones del sistema de justicia, Gobierno, Congreso, sociedad civil y comunidad académica.

Un punto de quiebre fue en el 2018 con la difusión de audios que implicaban en corrupción a integrantes del sistema de justicia (especialmente del ahora extinto Consejo Nacional de la Magistratura-CNM), por supuesto direccionamiento de concursos públicos y de resolución de casos a cambio de pagos o favores. Se formó una Comisión para la Reforma de la Justicia, en la cual especialistas plantearon propuestas posteriormente presentadas al Congreso. Entre ellas, resaltaba el cambio en el modelo de nombramiento del CNM a un concurso público (aprobado por referéndum), así como iniciativas legislativas para crear una instancia formada por las instituciones del sistema para coordinación y reformas (Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia). Un importante producto fue aprobar, aunque aún falta implementar, la Política Nacional de Justicia en el 2021, que incluye una serie de objetivos prioritarios, dirigidos a transparencia, modernización, interoperabilidad, fortalecimiento de instituciones, lucha contra la corrupción, predictibilidad y enfrentar la violencia contra la mujer, con el importante avance de incluir un cálculo presupuestal de lo requerido para su implementación.

Hay aún una agenda pendiente. Un primer esfuerzo puede ser justamente reactivar espacios de trabajo interinstitucional (como el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia). Pensar también en una agenda que haga la justicia más cercana, como incrementar y extender por todo el territorio nacional a los defensores públicos (asesoría legal gratuita), al igual que adoptar medidas para que los justiciables puedan tener acceso a justicia, por ejemplo, con intérpretes de las lenguas predominantes (como quechua y aimara), y también lengua de señas. Además, para enfrentar los casos de violencia contra la mujer, aún con gran incidencia en el país, facilitar la denuncia y evitar la revictimización (autoridades que desmerecen hechos, ausencia de médicos legistas y otros profesionales que permitan acreditar lo ocurrido, además de la demora en la tutela).

Para asegurar independencia, imparcialidad y adecuado desempeño, es importante debatir sobre selección, formación y control de magistrados. Una selección que garantice experiencia e idoneidad, así como transparencia. También repensar la formación, no enfocada solo en conocer Derecho, sino en gestión pública, liderazgo y ética, a través de un período formativo obligatorio que habilite a ejercer el cargo. Reducir la provisionalidad de jueces y fiscales, que los hace más susceptibles a cooptación por poderes públicos o privados. Promover una lucha contra la corrupción externa con instancias especializadas para la resolución oportuna de casos, pero también la que subsiste dentro del sistema de justicia, con un adecuado control disciplinario, que realmente se comprometa a sancionar estos hechos. Trabajar en iniciativas que refuercen la seguridad jurídica, como consolidar el rol de los precedentes judiciales a fin de generar predictibilidad en las decisiones. En suma, aún es necesario emprender diversas medidas para asegurar el acceso, la eficiencia y respuesta oportuna de la justicia, lo que resulta prioritario para garantizar una justicia que sea realmente tal.

*Ana Neyra es profesora de Derecho de la UP y exministra de Justicia y Derechos Humanos

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