Osiptel: “El sector privado llegó al 90% de centro poblados del país, no se le puede exigir que invierta en lugares casi inaccesibles”

Para este año, Osiptel, que ha cumplido el 26 de enero 30 años de existencia, también maneja una agenda de modificaciones en su regulación, acorde a las necesidades del mercado. En ese sentido, se continuará con la desregulación de servicios, poniendo el ojo en la normativa de los servicios relevantes para el mercado.

MIRA | “Durante años, la información sobre las entradas a Machu Picchu no ha sido auditable”

—¿Cómo se ha avanzado en conectividad en Internet móvil?

El mercado móvil en todo el mundo es el más dinámico. En Perú, en el 2013, Telefónica tenía el 55,32% del mercado. En el 2023 cambió el liderazgo en el mercado: Claro tiene el 30,44% versus el 27,52% [de Movistar]. Seguido muy de cerca por Entel con 22,89% y Bitel con 18,64%. Esta foto no es simplemente por factores netamente intrínsecos de las empresas, sino [también] las medidas regulatorias que permitieron fortalecer la competencia del mercado: la portabilidad y la prohibición de que las empresas hagan bloqueos. A mayor competitividad, se da mayor eficiencia. Eso también se manifiesta en los precios.

En la tarifa promedio de Internet móvil, estamos en un décimo de centavo por megabyte y en el 2014 eran cinco centavos. Esto lo genera la competencia. Una apertura a la competencia genera eficiencia y competitividad, que hace a las empresas bajar sus precios, mantener o mejorar el servicio, etc. [En Perú] se consumen más datos móviles, 13,5 gigas al mes por persona, que el promedio de los países de la OCDE, 10,4 gigas. Es un consumo del primer mundo, bajo esa perspectiva.

"Estamos incorporando en nuestro proceso una consulta previa que significa que antes de la prepublicación de un proyecto vamos a discutir con los ‘stakeholders’ la necesidad o no de regular".

—¿Cómo estamos en Internet fijo?

El gran reto lo tenemos en ese servicio. En 2013, [había] un duopolio prácticamente. Telefónica tenía el 86,12% de participación del mercado. Es muy difícil transformar eso. Al tercer trimestre de 2023, Telefónica ha dejado de ser líder en 15 regiones, si no me equivoco. Las barreras para entrar al mercado son bajas. El costo promedio por megabit por segundo de Internet fijo ha seguido una curva descendente muy fuerte. Estamos en S/0,6261. Esto se da porque existe un marco regulatorio que promueve la competencia y se termina decantando a favor del usuario.

Las inversiones también reflejan que existe confianza. Han seguido creciendo y las inversiones desde 2015 al 2023 están al orden del 13% en promedio anual. Solamente tuvo un bache durante la pandemia, pero constantemente existe inversión en el sector. Esas inversiones van dirigidas a mejorar las redes móviles, a desarrollar la tecnología de las redes de Internet fijo, a traer la fibra óptica a la casa, renovación tecnológica y a mejorar los servicios.

Hay quienes dirán que el Osiptel se ha vuelto pro usuario y ese es un argumento que no entiende el nombre del juego, que es generar competencia. El usuario puede acelerar la competencia a través de sus decisiones y para eso tiene que estar mejor informado. Por eso hablamos de usuario empoderado.

MIRA | ‘Apps’ de delivery de supermercados crecen en el país

—En los últimos años se mantiene un aproximado de 40 millones de líneas móviles, mientras que el servicio de Internet móvil ha crecido. ¿Qué demuestra ello?

La gente piensa, cuando hace una llamada por WhatsApp, que está haciendo una llamada telefónica, pero está usando aplicativos de datos para comunicarse con otra persona. Lo que la gente puede percibir como una llamada, en verdad no es una llamada. Hoy día el uso de los servicios de Internet móvil ha crecido enormemente y cada vez hablamos menos por teléfono. También el teléfono fijo está casi a nivel remanente en los usuarios, son pocos los que lo usan.

Normativamente hablando, una de las cosas que están por oficializarse, son nuestros lineamientos de mejora regulatoria. Estamos incorporando en nuestro proceso una consulta previa que significa que antes de la prepublicación de un proyecto vamos a discutir con los ‘stakeholders’ la necesidad o no de regular. Es un filtro que nos permitirá discutir con los sectores y con todas las personas involucradas lo que podría venir. Y luego de que se emita la norma, a los tres años nos auto.imponemos revisar la norma y ver si surtió los efectos esperados. Si no lo hiciéramos, la norma quedaría derogada automáticamente. Todo eso va acompañado de que también nos auto-imponemos que cualquier modificación de norma se da como máximo una vez en un año, para evitar sucesivos cambios, lo que genera cierta incomodidad, lógicamente, en los actores del mercado.

—Se ha generado un ahorro de S/22.000 millones para los usuarios móviles, producto de la reducción de tarifas en los servicios entre el 2015 al 2023. ¿Cuánto fue en el último año?

Fueron S/2.593 millones en 2023. Cuando hablamos de ahorro hablamos de cuánto costaban integralmente los servicios públicos de telecomunicaciones en un punto y cuánto cuesta ahora. Si mantuviéramos la tarifa de antes, gastaríamos más de S/22.000 millones. Ese es un ahorro que va a los bolsillos de los usuarios.

Ojo que el nivel del mercado peruano con cuatro operadores, con red propia y en un país con más de 33 millones de habitantes, genera un mercado bastante desconcentrado. Somos el segundo país de la región con menor concentración en el mercado, luego de Chile. Nadie puede decir que las telecomunicaciones son caras en el Perú. El reto que enfrenta el Osiptel hacia adelante es cómo seguir incentivando la demanda en un país como el nuestro de ingresos medio-bajos. La respuesta siempre va a estar en generar mayores eficiencias en la inversión, para que finalmente esto aterrice en mejores prestaciones y menor precio hacia los usuarios.

"Todos esperamos que se den los cambios, en el propio marco normativo de la Red Dorsal, para que se llegue a todos los lugares donde queremos que el Estado llegue para dar Internet de banda ancha a cada distrito del país".

—En Internet fijo, hay más de tres millones de familias conectadas y la tasa de acceso es del 41%. ¿Por qué no se alcanza el porcentaje de acceso que tiene el Internet móvil?

Osiptel tiene funciones de promoción de la inversión privada en telecomunicaciones. El sector privado llegó al 90% de los centros poblados del país. Hay centros poblados muy pequeños en lugares casi inaccesibles, no se le puede exigir que invierta en esos lugares. Es más, como no existe electricidad en muchos de estos sitios, tampoco las empresas pueden entrar. Incluso, en ciertos casos ya hemos superado la frontera eléctrica del país a nivel del sector privado. El sector público tiene la labor de llegar a esos lugares donde el privado no tiene incentivos , tiene que ver con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el proyecto que conocemos de la Red Dorsal de Fibra Óptica.

—Justamente, ¿considera que la Red Dorsal está en un estado óptimo para el mercado?

Sabemos que la Red Dorsal no ha tenido el éxito que todos queremos, no hay discusión, nadie defiende lo contrario. La Red Dorsal es un proyecto complejo que tiene a su cargo el MTC, Pronatel, etc. Ahora estamos en un proceso de transición de un operador privado, como fue Azteca Comunicaciones que salió, a un nuevo operador privado que lo reemplazará. Mientras, el propio Estado está operando la red a través de Pronatel. Es un estadío temporal, como el propio ministerio lo ha dicho. Todos esperamos que se den los cambios, en el propio marco normativo de la Red Dorsal, para que se llegue a todos los lugares donde queremos que el Estado llegue para dar Internet de banda ancha a cada distrito del país.

—¿Han conversado con el MTC para ver qué se puede mejorar de la Red Dorsal?

Osiptel colabora con el MTC. Aquí la responsabilidad es del MTC. Nos han llamado, hecho consultas y estamos a total disposición de dar nuestras opiniones, nuestras propuestas, en la medida que el MTC nos lo solicite.

"El 5G va a requerir la instalación de muchas más antenas. Ahí también hay retos que no son solo del sector, también implica la colaboración de las municipalidades, que en muchos casos ponen trabas en la instalación de infraestructura".

—¿Cuáles son las proyecciones del Osiptel en cuanto a conexiones para los siguientes años?

En Internet móvil, la inversión va a estar concentrada en consolidar la cobertura en ciertos lugares y mejorar la capacidad de servicio de las redes.

—¿Y en internet fijo?

En internet fijo, su acceso a va a estar concentrado en desarrollar la tecnología de internet al hogar, fibra óptica al hogar. El internet fijo va a seguir creciendo y nuestra proyección es que alcancemos cuatro millones de conexiones al 2025. Ojo, estamos hablando de hogares, no de personas. Entre fijo y móvil, esperamos que al 2025 estemos llegado al 94,4% de los hogares del país.

MIRA | ComexPerú: Gobierno no ejecutó S/ 25.557 millones del presupuesto público en el 2023

—¿Cómo está la situación del 5G en el país?

5G es una tecnología que en el Perú todavía no está plenamente implementada. Esto corre a cargo del MTC, que tiene la administración del espectro radioeléctrico y la atribución de frecuencias. Se requiere primero que se limpien las bandas de frecuencia que están utilizando otros servicios y luego la licitación respectiva. Todos esperamos se dé en el más breve plazo.

El 5G va a requerir la instalación de muchas más antenas. Ahí también hay retos que no son solo del sector, también implica la colaboración de las municipalidades, que en muchos casos ponen trabas en la instalación de infraestructura. Existen lugares donde hay oposición a la construcción de infraestructura en lo que es 5G.

—¿Cómo vienen siendo los reclamos por el servicio de 4G?

Los reclamos también han ido en bajada y esto va de la mano con las acciones que tiene Osiptel en relación a la publicación de los rankings. Hay empresas que han venido acá, particularmente la empresa que tiene más reclamos [Movistar] a explicarnos cómo vienen bajando rápidamente los reclamos de sus usuarios.

Tuvimos un pico hacia el 2017-2018, donde más bien muchos tramitadores utilizados por usuarios ponían reclamos por cualquier cosa. No era un reclamo por la facturación, simplemente era un pretexto para no pagar. Osiptel emitió normas que precisaron los conceptos que se podían reclamar a nivel de facturación y eso golpeó mucho a los tramitadores. Sí mantenemos una sostenida reducción del número de reclamos, todavía es bastante, pero vamos en el camino a mejorar eso.

MIRA | Tres de los cuatro principales sectores económicos en Lima Metropolitana aún no recuperan el empleo adecuado respecto del 2019

—¿Cuánto viene disminuyendo?

Entre enero y septiembre de 2023, se llegó a 1.052.000 [reclamos] por el servicio móvil. En el 2022 [fueron] 1.262.000 y aun así es mucho. Tenemos que seguir reduciendo eso, pero los reclamos nacen en la relación entre el usuario y empresa. Vamos en ese camino y nuevamente los rankings ayudan a eso. Esta empresa que ha estado en el fondo de la tabla…

¿Es Movistar?

Sí, está haciendo esfuerzos muy grandes. Han venido hace unos días apenas a decir ’creemos que tenemos menos reclamos que nuestro competidor principal’. Estamos nosotros corroborando eso. Se tiene que corroborar con una tendencia mínima de tres meses.

—Además, ¿que trabajo se tiene en portabilidad?

Alrededor de medio millón de personas cambia de operador cada mes. Es bastante. Esto incentiva la competencia, pero también tenemos que cuidar que esos incentivos no supongan que las empresas tomen una actitud de retener indebidamente a un cliente. Hemos puesto que los usuarios puedan darse de baja a través de sus aplicativos y eso viene a ser automático. También tenemos que cuidar que los incentivos a la retención sean los correctos. Si uno quiere darse de baja y el representante de la empresa te da opciones para que no lo hagas, te da una oferta, está perfecto, pero no puede llegar a prácticamente no hacerte caso y seguir atado a ellos. No necesariamente las empresas que quieren libre competencia hace que eso fluya. Son barreras a la libre competencia que curiosamente las empresas ponen a los usuarios.

—¿Cómo van las cifras de baja por aplicativo?

Los usuarios realizaron más de 140.000 trámites de baja a través de estos aplicativos, entre enero y diciembre del año pasado. En el mismo periodo, se han dado más de 979.000 trámites de migraciones a través de los aplicativos. La tendencia es a seguir incrementándose en la medida en que la gente se sigue dando cuenta de eso.

Regulación al 2024

—En cuanto a su agenda regulatoria para este año, tienen 27 puntos a tratar. ¿Esto busca flexibilizar las regulaciones en servicios con menor demanda y aumentar la regulación en otros?

Uno de los puntos a desarrollar es la supervisión. En vez de mirar lo que pasa y sancionar lo que pasa en cada centro poblado, vamos a mirar más integralmente lo que pasa en una región que concentre un mayor nivel geográfico. Para eso también necesitamos herramientas digitales y tecnológicas. Hay un proyecto en el Congreso que apoyamos, que en vez de enviar oficios [a las empresas de telecomunicación], vamos a poder tener una conexión directa con sus sistemas y así poder solicitar que nos abran la información requerida para la supervisión.

MIRA | Punta Hermosa y San Bartolo lideran demanda por venta y alquiler de casas de playa

—¿Esto no puede llegar a ser intrusivo, como un monitoreo a los celulares de las personas?

No. Tenemos un reglamento de supervisión, supervisamos un aspecto determinado, aquel aspecto relevante -ya sea para el mercado o para los usuarios- que necesitamos revisar. Necesitamos tener un acceso rápido a esa información definida en nuestra supervisión. Ha habido versiones erradas y distorsionan una discusión que tiene que estar fijada en lo técnico. No vamos a hacer nada distinto a lo hecho en el pasado, solo que, en vez de enviar un oficio o una carta a la empresa, vamos a tener una conexión en línea, pero el procedimiento va a ser el mismo. No podemos renunciar a supervisar y lo hacemos en el marco de una regla universal para el sector público. Ninguna acción puede alejarse del precepto constitucional de proporcionalidad y razonabilidad. El sector público no puede actuar arbitrariamente y eso lo establece la Constitución en su artículo 200, y también lo establece la ley de procedimiento administrativo general cuando trata de la actividad de fiscalización.

—Un punto en la agenda es quitar regulación para el servicio de telefonía fija y larga distancia. ¿Esto responde a la menor demanda por estos servicios?

Tenemos un plan de años atrás de desregulación, estamos revisando y hasta eliminando [normas]. El 34% de las normas del Osiptel fueron derogadas entre 2020 a 2023. Es un trabajo muy duro e intenso y vamos a seguir con una siguiente ola para reducir más nuestro stock normativo. Tenemos que centrar nuestra labor de supervisión y regulación en aquellos servicios relevantes para el mercado y para el usuario. Aquellos que dejan de serlo, se derogan o se minimizan en lo que sea estrictamente necesario.

Hoy día la televisión por cable, por ejemplo, a nivel del mundo tiene que reestructurarse, pensar en perspectiva y en servicios distintos, para poder competir con los OTTs (Over The Top, en sus siglas en inglés, son servicios de transmisión por internet independiente de los operadores tradicionales). Son cosas que ocurren en todos los mercados, inclusive en los celulares. En telecomunicaciones estamos en esos procesos tan interesantes, pero que requieren una capacidad de innovación enorme en la industria y tenemos que estar a la par de eso, acompañar esa capacidad de innovación.

"No regulamos todavía la calidad en el mundo rural, creemos que todavía no hay condiciones. Si pusiéramos eso, posiblemente no habría incentivo de invertir".

—Sobre las OTTs y la televisión de paga, las conexiones de este último servicio han disminuido en los últimos años. En la agenda tienen como punto el monitoreo de servicios OTT. ¿Esto significará una regulación para estos servicios o una flexibilización del servicio de telecomunicaciones para competir contra las OTT?

En la agenda normativa está prevista una consulta previa para analizar la problemática de las OTT, pero es una discusión compleja que en todo el mundo se da. Hay que transformar y revisar lo que es el principio de neutralidad, para que las empresas -esa es la posición de las empresas, no de Osiptel- puedan cobrar diferenciadamente a los proveedores de estos servicios. Esto es peligroso también, porque les permite justamente aquello que el principio de neutralidad busca evitar, que existan favorecimientos y distorsiones en los mercados. Son discusiones que van a venir próximamente.

MIRA | El 2025 traerá mayor descentralización en los centros logísticos, ¿dónde se ubicará la oferta?

—Se va a actualizar la metodología del cálculo de multas. ¿Para qué periodo del año se tiene previsto hacerlo? ¿Esto implicará un aumento en el monto de las multas?

Hay operadores pequeños que si le pones una multa de 150 UIT los desapareces. La lógica de esto es evaluar cuál es el impacto real que tiene en el mercado esta infracción y en función a eso, establecemos el nivel de la multa. Es darle razonabilidad a las sanciones que hay que imponer, porque cuando hay una infracción, esta está claramente vinculada a un comportamiento que consideramos indebido y por lo tanto eso debe conllevar a una penalización que el Estado tiene todo el derecho de imponer.

Lo que intentamos hacer con este cambio es mirar realmente cuál es el impacto que van a tener las sanciones. Una ley que salió hace poco ha incrementado el tope de sanción del Osiptel, pero no hemos hecho hasta el momento involucrando dicho tope.

—¿Qué otro tema se va a revisar este año?

Este 2024 vamos a enfatizar mucho en las herramientas para la mejora de la calidad. Estamos actualizando nuestro reglamento de calidad de servicio y el reglamento de calidad de atención. Esto va a acompañar al Osiptel este año de manera transparente, predecible y clara, no estableciendo más normativas, pero sí generando, a través de la regulación, incentivos para que las empresas mejoren calidad de atención de servicios. No hay que olvidarse que este es un servicio público que, por definición, responden a necesidades esenciales de los ciudadanos. El Estado tiene que establecer los niveles de calidad que los servicios públicos deben tener.

No regulamos todavía la calidad en el mundo rural, creemos que todavía no hay condiciones. Si pusiéramos eso, posiblemente no habría incentivo de invertir. Además, con nuestro reglamento de cobertura, dejamos a las empresas que definan dónde dan la cobertura garantizada.