Rafael Muente, suspendido como presidente de Osiptel: “Sin duda [la medida] es una decisión política”

Como cuenta Muente, esta investigación se enmarca en su participación en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, en el 2022, cuyo costo fue cubierto por el Osiptel. Según informó el dominical Panorama en junio, este curso tuvo un costo de S/57.000. Para el suspendido funcionario, esto fue evaluado por un comité independiente y no está relacionado con la exclusión de otros programas de capacitación para los trabajadores del Osiptel.

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Una resolución ministerial de la PCM lo suspende del cargo por 365 días. Esto se origina por sus estudios en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, ¿es correcto?

He llevado programas y capacitaciones de distintas entidades a lo largo de mi carrera. La capacitación es crucial en un sector como telecomunicaciones, en constante y rápida evolución. Es absolutamente razonable que un funcionario y en general todos los funcionarios sean capacitados debidamente en función a las necesidades de la institución. La capacitación no es un regalo al funcionario, impacta obviamente en la conducción y el liderazgo en la institución. Si hubiera tomado una capacitación saliendo del Osiptel podría especularse que es para mi propio beneficio, pero lo hice comenzando mi segundo periodo, porque son cinco años donde hay que mirar las tendencias mundiales en tecnología, manejo de gente, tendencias universales y todo ello.

He llevado la capacitación con otros funcionarios, fundamentalmente altos mandos de las Fuerzas Armadas. El actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es mi compañero, hemos estudiado juntos este programa.

El sustento, según su comunicado, es haber incurrido en una supuesta falta que se contempla en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil.

Sin duda es una decisión política. Aquí hay dos ámbitos, el jurídico o el político. Jurídicamente, esta sanción no tiene el menor sustento. De acuerdo a los procedimientos internos del Osiptel, el órgano respectivo -en este caso la presidencia ejecutiva- solicita a través de un memorándum escrito la capacitación respectiva. De acuerdo al procedimiento, eso va a un comité independiente, que no me reporta y que incluso es con participación de trabajadores y del sindicato. Esa comisión evalúa los pedidos, la disposición presupuestal asignada a las capacitaciones y decide al respecto.

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Como indicó una investigación de Panorama en junio, se excluyeron otras capacitaciones para 20 trabajadores de Osiptel.

Hay otra volada, absolutamente falsa, de que por contratar esta capacitación para el presidente [del Osiptel] se ha dejado de capacitar a 20 trabajadores. Ningún trabajador dejó de recibir capacitación por el programa que he llevado.

Entonces, ¿posteriormente sí se llevaron a cabo estas otras capacitaciones, destinadas a los 20 empleados?

No, así no funcionan las cosas. Cada área determina un monto de capacitación en general, en un programa de capacitación anual que forma parte del programa presupuestal del Osiptel. De ahí, cada área emite un memorándum solicitando una determinada capacitación para determinados trabajadores, en función al potencial que tienen, sus funciones, la necesidad del área, etc.

Eso es visto en esta comisión a la que me refiero. Varias áreas habían solicitado capacitaciones y se menciona que para pagar mi capacitación se dejaron de capacitar trabajadores de otras áreas. Eso es falso: por razones internas las áreas pueden solicitar postergar una capacitación para el siguiente ejercicio o lo que fuera. Ello ocurrió, pero la solicitud de postergar la capacitación de otras áreas es muy anterior a mi pedido de capacitación. No se puede aislar una relación entre ambos.

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¿Con la resolución ministerial ya está suspendido o se debe esperar a su publicación?

La suspensión opera a partir de hoy [martes]. Hoy ya estoy suspendido, entro a Osiptel como un visitante, no como presidente ni con mi fotocheck de presidente.

Este procedimiento se inicia poco tiempo después de que logramos que el Congreso apruebe la ley que prohíbe la venta de chips en las calles. A los pocos días, aparece un supuesto mensaje anónimo a la PCM, que nunca podría acreditarse, y comienza la investigación. Esta investigación absurda y abusiva contra mí ha durado más de un año, donde se ha pedido innumerable y sucesivamente documentación, incluso documentos que la propia PCM tenía en su poder, y dándome plazos absurdos para contestar. De esa forma y de la manera más hostil por parte de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos y Disciplinas. Tanto fue esta carga de requerimientos documentales que se les pasó el plazo legal para determinar si me acusaban o absolvían. Solamente aplicando el reglamento de la Ley Servir ya no debería siquiera estar siendo sancionado.

A su vez, la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Contraloría dentro del Osiptel investiga el caso y emiten un documento en el cual afirman que no hay lugar a mayor investigación, porque encuentran que no existe ningún tipo de irregularidad en el procedimiento para mi capacitación. La entidad competente, para un tema de disposición de recursos de la institución, es la Contraloría.

¿Qué exactamente dijo la OCI?

La Contraloría textualmente dice que con relación a la contratación directa no se cuenta con elementos de juicio que denoten la transgresión de las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación del Estado, su reglamento y el Texto Único Ordenado de la referida ley.

Y respecto a la modificación del desarrollo del Plan de Desarrollo de las Personas, el programa presupuestal dirigido a la capacitación, en el 2022 que es el año respectivo, no se advierten elementos de juicio que denoten incumplimiento a las disposiciones contenidas en la directiva, normas para la gestión del proceso de capacitación de entidades públicas aprobadas por la resolución de la presidencia ejecutiva de Servir del 2016. El procedimiento no es irregular ni la contratación lo es. Lo dice la Contraloría.

Entonces, ¿la competencia de la investigación la tomó PCM?

La Contraloría es competente [para este caso]. ¿Quién no lo es para este tema? La PCM. La entidad que no es competente se mete a investigar y mágicamente desarrolla el argumento de que un memorándum solicitando una capacitación es prácticamente una decisión irrevocable de la presidencia para ser capacitada. No encuentran ninguna prueba, lo único que dicen es ‘cómo es el presidente, nadie va a estar en desacuerdo’.

Están desarrollando una teoría que dice que el presidente nunca puede solicitar capacitación porque estaría direccionando la contratación, sería llegar a una conclusión absurda. Servir dice en este informe de la Contraloría que no hay ningún impedimento para ningún funcionario, no importa el nivel que pueda ser capacitado.

¿Qué instancia continuará?

La interposición de mi recurso de apelación se debe resolver en segunda instancia en el tribunal de Servir. Esa apelación es a Servir, se interpone en su tribunal. También pertenece a PCM y su presidente es elegido a dedo por el titular de la PCM. Solo quiero dejar esto en claro. Pero esa es la instancia que corresponde.

No dejemos de lado el aspecto que está involucrado aquí. La dimensión personal que tiene esta situación. Fui jefe del señor Adrianzén en el 2005, en un programa que llevó a cabo la PCM. Adrianzén era jefe del equipo de abogados y yo era el coordinador general. En otras palabras, todos los consultores involucrados, directa o indirectamente, me reportaban a mí.

En ese contexto, mi experiencia con el señor Adrianzén fue absolutamente terrible, muy mala. Cuando termina el programa, él envió un correo electrónico a todos los miembros del equipo y con copia a mi jefa en ese momento. En ese mensaje hace una serie de comentarios con respecto a mí. Dice que nunca me integré al equipo al cual pertenecía, como si no fuera parte de él, ‘por su afán personalista y protagónico, su evidente falta de dedicación y su inseguridad motivada por la falta de experiencia profesional y formación académica específica en la administración pública’. Es una cita textual de su correo electrónico del 2005.

Y termina ese correo con una advertencia hacia el futuro. ‘Saben quienes vamos por esta vía, que arriero somos y que en el camino estamos’. En otras palabras, dice que nos encontraremos en un futuro. Desde el punto de vista legal, Adrianzén está en una causal muy específica de la Ley de Procedimiento Administrativa General, la de abstención. No cuenta con requisitos o apariencia de ser imparcial. Al resolver un caso, debe abstenerse. Resulta claro que en este caso hay un tema personal que lo está zanjando el ministro a través de esta resolución. Y afecta la institucionalidad de un organismo regulador que ha cumplido 30 años este año.

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¿Quién asume ahora el Osiptel durante su periodo de suspensión?

Tiene que asumir el vicepresidente del Consejo Directivo [Jesús Villanueva], pero los miembros del Consejo Directivo no trabajan a tiempo completo, tienen ocupaciones. Quien ocupa la vicepresidencia es docente a tiempo completo en una institución educativa. Por otro lado, en tres de los miembros se venció el plazo de su mandato. Osiptel venía pidiendo desde hace mucho tiempo a la PCM que de una vez realice el concurso público para la elección de estas personas. El concurso terminó en febrero. La PCM pudo haber designado directamente a los tres miembros. Sin embargo, el silencio caracterizó a la PCM.

Justo ahora ya están preocupándose. A través de llamadas telefónicas al Osiptel han mostrado su preocupación por designar a nuevos miembros. ¿Acaso no es posible pensar que quieren capturar al regulador que choca con intereses muy claros? La venta de chips en las calles fue prohibida no solo por normas internas del Osiptel, también se promovió la ley que prohíbe esta venta. En ese sentido, hemos propiciado una reducción del ingreso de las empresas operadoras. Y también que desde la PCM se planteó delegación de facultades para fusionar a los organismos reguladores.

Obviamente, no creo que las empresas sean indiferentes a esta situación y más bien les será satisfactorio que quien está hablando sea sancionado y alejado de la institución por un año.

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¿El vicepresidente de Osiptel ya está como presidente encargado o se debe esperar una resolución?

No se requiere mayor formalidad. Desde el momento en que el presidente ejecutivo en ejercicio está suspendido, asume de facto el vicepresidente del Consejo Directivo.

¿Qué puntos de la agenta de Osiptel están pendientes de tratar?

La agenda regulatoria es muy nutrida. Por ejemplo, estamos viendo la regulación de cargos [montos económicos] que las empresas hacen a los usuarios por la reconexión. Estamos a punto de establecer esa regulación para que no cobren lo que quieran, sino que sean cargos en función al costo que las empresas incurren al realizar la reposición del servicio a los usuarios. Otro tema es una consulta temprana que hacemos respecto a las OTT, los servicios de telecomunicación expresados a través del streaming. Es una consulta que eventualmente podría plantearse como una alternativa de regulación al respecto.

También hemos emitido un nuevo reglamento de calidad y estamos propiciando a través de una ley del Congreso que se realice la fiscalización electrónica a las empresas. A las empresas no les gusta nada de eso. En seguridad pública está la situación del bloqueo de celulares en la lista blanca de Renteseg, que quedó suspendida porque había normas legales a emitirse con el liderazgo del Ministerio del Interior. Quedamos en julio que se iba a instaurar una mesa de trabajo para ver esos temas, pero hasta el momento no ha ocurrido.

¿Hay riesgo de que se frenen estas medidas?

Ya veremos.