Cada vez más empieza a notarse el incumplimiento de pago de las personas y empresas afectadas por las medidas sanitarias para controlar la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, la cartera de créditos vencida total de la banca, financieras, cajas municipales, caja rurales y Edpymes aumentó en 38,5% el año pasado, a S/15.519 millones.
También, unos S/5.009 millones de créditos fueron provisionados al 100% y retirados de las carteras de las entidades financieras (operación conocida como castigos), porque el atraso fue mayor a los 120 días y se agotaron todas las medidas de cobro.
Pese a ello, el incumplimiento de pago en el sistema financiero no refleja su real dimensión, debido a que todavía están vigentes las medidas de reprogramaciones de crédito, que aplazan el cronograma de pagos de los deudores sin ser merecedores de una mala calificación crediticia y sin demandar a las entidades la realización de reservas de respaldo (provisiones).
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Justamente, la ‘falta de claridad’ de las cifras de incumplimiento de pago se verifica en la menor magnitud de la cartera que se castigó en el 2020 frente al 2019, según los especialistas.
De acuerdo con la SBS, los créditos ‘malos’ que se retiraron de las carteras de las entidades financieras el año pasado representaron el 78% de lo que se retiró o castigó en el 2019.
A decir de Pilar Flores, gerenta de la División de Riesgos de Créditos y Liquidez de Financiera Confianza, esto obedece, en parte, a que el proceso, en el 2020, se ha retrasado por todas las facilidades de pago que se han dado a partir de la pandemia.
Ana Vera, gerenta general de la gestora de cobranzas Kobsa, estima que para este año la totalidad de castigos podría alcanzar los S/9.000 millones o S/10.000 millones, debido a la bolsa de castigos que no se pudo realizar el año pasado.
Pero, el hecho de que no se haya realizado más castigos en el 2020, no es ‘gratis’. De acuerdo con el gerente general de una importante microfinanciera local, que prefirió el anonimato, muchas entidades mantienen la categoría de sus créditos malos como buenos, debido a que el sinceramiento afecta sus ingresos financieros con las recientes disposiciones dadas por la SBS, a principios de febrero.
“La lectura concreta de hoy sobre cuánto se ha castigado, cuánto falta por castigar y cuántos clientes faltan por caer en incumplimiento de pago, no es clara. Menos en [el negocio] pyme, porque hay muchos clientes que tienen periodo de gracia”, manifiesta la fuente.
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Para el presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solís, los ratios de morosidad empezarán a ser más ‘realistas’ a partir de abril o mayo, cuando venzan las reprogramaciones y los periodos de gracia, una conclusión que comparten varios entrevistados.
Además, la foto de morosidad del año pasado también está empañada por los créditos del Programa Reactiva. Por ejemplo, los S/15.519 millones de créditos vencidos, reportados en el 2020, representan el 4,2% de la cartera total. Si a esta última se le restara los préstamos del Programa Reactiva, la tasa de morosidad subiría al 5%.
Los créditos de Reactiva junto a las reprogramaciones de pagos han llevado a que la mayoría de préstamos empresariales, en el 2020, exhiban menores indicadores de morosidad que en el 2019. Por ejemplo, la tasa de morosidad de los créditos a la gran empresa pasó de 1,4% en el 2019 a 1,2% en el 2020; de similar forma se redujo la tasa de atrasos de los créditos a la mediana empresa, de 8,3% a 6,3%, a la pequeña empresa, de 7,7% a 7,1%, y a la microempresa de 5,3% a 4,8%.
Sin embargo, una situación distinta es el crédito a las personas que, en todos los casos, la tasa de morosidad subió. Estos préstamos si bien no cuentan con el Programa Reactiva, todavía están influenciados por las reprogramaciones.
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A modo de ilustración, la tasa de morosidad de los créditos de consumo pasó de 3,3% en el 2019 a 6,8% en el 2020. El impacto más fuerte de la crisis sanitaria se evidenció en las tarjetas de créditos; la tasa de atrasos pasó, de un año a otro, de 4,2% a 11,2%. En el caso de los créditos hipotecarios, el alza de la morosidad se presentó sobre todo en las hipotecas del programa Mivivienda. En este producto, la tasa de atrasos pasó de 4,2% en el 2019 a 5,3% en el 2020.
IMPACTO DE LA SEGUNDA OLA
Los deudores víctimas de la primera ola de la pandemia, según Vera, han sido sobre todo las personas con deudas inferiores o hasta los S/5.000, debido a la reducción del empleo formal y de los ingresos el año pasado.
Pero no fueron las únicas víctimas, muchas entidades financieras también fueron afectadas. En el 2020, las utilidades del sistema financiero disminuyeron. En la banca se redujo en 76,8%, en las cajas municipales en 81,3%, y en las Edpymes en 82,9%. Las financieras y las cajas rurales reportaron pérdidas. En todo el sistema financiero, 24 entidades de un total de 54 terminaron en rojo.
Y las expectativas sobre los resultados de este año es que estos no serían distintos a los del 2020, por la segunda ola.
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Según los entrevistados, las colocaciones de créditos ya van cayendo alrededor de un 20% o un 30% frente a enero último. Además, la mayores reducciones de colocaciones se están dando en las zonas de alerta sanitaria extrema. En estas plazas, la caída de las colocaciones superan en 30% los montos otorgados en enero.
“Si bien la cuarentena es focalizada, el impacto no es focalizado porque toda la economía está integrada y las medidas sanitarias de la segunda ola, han paralizado sobre todo Lima”, subraya Solís.
“La segunda cuarentena nos está matando. Tenemos un golpe que no esperábamos. Ahora échate a jugar con tus modelos [de riesgos] sobre quiénes pagan y quiénes no, en qué segmentos se han visto afectados los clientes y en cuáles no. Si viene una quincena adicional de confinamiento y meten más zonas en extremo, imagínate lo que va a ir pasando”, comentó una fuente.
ENTIDADES EN ACCIÓN
Ante esta situación, las medidas tomadas sobre todo por las entidades de mayor tamaño se han concentrado en reforzar sus áreas de riesgos, debido a que han tenido que crear nuevos modelos de evaluación crediticia para la nueva realidad de los clientes. A ello se suma que han reforzado sus áreas de cobranza y de recuperaciones.
“Sobre todo los bancos están siendo mucho más finos en sus áreas de cobranzas y de riesgos para saber en qué subsegmentos sí siguen prestando y en cuáles otros toman mayores precauciones”, comentó nuestra fuente anónima de una microfinanciera.
De acuerdo con los entrevistados, la nueva realidad está imponiendo sobre todo a las entidades microfinancieras, cuya tecnología está asociada con la cercanía al cliente, pasar de las evaluaciones de créditos físicas a las digitales, vale decir, “evaluarlos sin tener que visitarlos”.
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En segundo lugar, el otro gran desafío ha sido cómo identificar si el negocio de los clientes se mantiene vigente, considerando que ellos no emiten comprobantes de pagos y no existen estadísticas para saberlo.
Por último, otro gran reto se ha convertido en mantener al personal más calificado para las evaluaciones y otorgamiento de créditos, a pesar de que puede requerir una mayor inversión.
“Este año también vamos a salir golpeados y el próximo año comenzaremos a recuperarnos. Si esta cuarentena no se alarga, el 2022 aspiraremos a comenzar a generar las utilidades similares a las que tuvimos en el 2019”, comenta una fuente.
Por su parte, según Solís, de Caja Huancayo, su representada se encuentra otorgando créditos, porque la caja mantiene altos ratios de liquidez, que le han permitido soportar la campaña comercial de finales del año pasado.
Sin embargo, el ejecutivo cree que si continúa el confinamiento y no se toman medidas de apoyo tanto para los clientes como para las entidades del sistema financiero, el crédito va a ser más restrictivo. Con lo cuál, esta situación demanda de medidas urgentes por parte de las autoridades para evitar la exclusión financiera.
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CONGRESO INSISTE EN FIJAR TOPES A LAS TASAS
A pesar de la situación de los clientes y del riesgo que existe sobre la salud financiera de las entidades, sobre todo de las más pequeñas que atienden a la población más vulnerable, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (Codeco) aprobó el fin de semana la insistencia de la ley que facultaba al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a fijar tasas de interés máximas y mínimas cada seis meses para regular el mercado financiero.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el BCR habían argumentado que la fijación de topes a las tasas de interés excluye del sistema financiero a las personas de menores ingresos, que son las más vulnerables a las crisis económicas como se ha notado en la pandemia de coronavirus. Justamente al enfrentar un mayor riesgo, son las que acceden a un crédito con tasas de interés más altas.
La decisión de Codeco ignoró las observaciones del Poder Ejecutivo, que había señalado que la aplicación de topes al costo del crédito es una forma extrema de intervención estatal, que vulnera el principio de la libre competencia y afecta los mecanismos de transmisión de información, así como desaparece los incentivos de las entidades financieras atender a más segmentos de la población.
“La Comisión [Codeco] recomienda desestimar la observación formulada [por el Ejecutivo]”, señala el dictamen de insistencia del referido grupo parlamentario.
No obstante, el sector demanda del Congreso y de las autoridades económicas medidas para evitar que hayan menos competidores en el mercado, según los especialistas.
Enrique Castellanos, profesor de la facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, sostiene que, por ejemplo, si la SBS no hubiera permitido que las reprogramaciones se dejen de provisionar, estas reservas hubieran comprometido buena parte del patrimonio de las entidades y, en consecuencia, hubiera generado la intervención de dichas empresas.
Castellanos junto al presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solís, manifestaron que se requiere de un programa de apoyo para fortalecer el patrimonio de las entidades financieras.
Solís también recomienda un tercer Programa Reactiva por S/15.000 millones, con tasas de interés subsidiadas. Según el entrevistado, porque las tasas de los programas anteriores no contemplaban los costos operativos que asumen las microfinancieras para prestar.
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