A finales de octubre el Gobierno solicitó al Congreso la delegación de facultades extraordinarias por 120 días para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. A pesar de que el pedido será discutido a inicios de diciembre, diversos parlamentarios se habrían mostrado en contra de brindarlas o darlas de manera limitada.
Este último es el caso de las bancadas de Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular, que estarían dispuestas a otorgarlas, pero para temas puntuales y de manera parcial.
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Para Arturo Tuesta, socio de PwC Perú, los únicos cambios para los que se les deberían dar facultades son los que estén relacionados con mayor fiscalización, simplificación del régimen de las Mypes y la incorporación de personas al pago de impuestos vía mecanismos de control y fiscalización.
“Es un tema político estrictamente y no hay ninguna razón para que se les brinde facultades en materia tributaria. No percibo que en estos momentos se justifique incrementar las tasas de impuestos y mucho menos gravar a los mismos de siempre”, señaló.
Sobre ello, Walker Villanueva, socio del Estudio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uria estima que se puede intuir cuáles serían las facultades que podrían concederse y coincide con que el régimen Mype es una de ellas.
“Creo que la legislación tributaria ahí es un desastre, ni siquiera concuerdan el tema laboral con el tributario y hay que hacer ese trabajo”, señaló.
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Medidas
Klever Espinoza, socio gerente de Kerz, consideró que hay tres medidas principales que deberían contemplarse: que se retiren los regímenes tributarios de la microempresa, que se regule correctamente cómo van a contribuir las operaciones en el medio digital y la actualización del sistema de sanciones y multas aplicables a los contribuyentes, considerando que nos encontramos en una era digital.
“Somos un país con una presión tributaria sobre los mismos contribuyentes y es necesaria la ampliación de la base tributaria, y para ello deberían eliminarse los tantos regímenes tributarios pensados en el pequeño y mediano empresario, cuando en realidad no funcionan”, señaló.
Asimismo, anotó que se debería estructurar de manera correcta el impacto tributario al consumo de servicios digitales sin desincentivar sus operaciones en el país.
Consideró importante que se publiquen calendarios para la declaración de impuestos del beneficiario final, es decir el que tenga el control definitivo de la compañía, ante la Sunat.
“Esta es una norma muy importante suspendida desde el 2020 pero que debe retomarse ya que es anti elusiva y antilavado, y obliga a las empresas de todo tipo a declarar sobres sus verdaderos propietarios”, señaló.
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Villanueva se refirió al quinto tramo del Impuesto a la Renta. “El último tramo es de 30% y es el que se va a incrementar, se dice, a 35%. A partir de US$ 58.000 anuales, por todas las rentas de trabajo de cuarta o quinta, más tus inversiones en el extranjero se tributaría 35%”, dijo”.
Aunque se muestra en desacuerdo, piensa que también podría ser materia de delegación el impuesto minero.
“Existe ya un marco tributario que permite cobrar mayor impuesto a las compañías mineras y no me parece conveniente que, sin tener un estudio razonable, se incremente su carga tributaria, pero supongo que el Congreso podría brindar las facultades”, anotó.
Finalmente, Tuesta señaló que los mayores problemas en el país es que el dinero que hay no se gasta y tanto gobiernos regiones y locales, como ministerios no ejecutan sus presupuestos.
“El Ejecutivo debe presentar sus proyectos y estos ser debatidos en el Congreso. Preocupa porque el contenido de lo que solicitan no se entiende, nadie explica cuánto más van a recaudar, qué quieren hacer con eso o para qué necesitan más fondos”, añadió.
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