AFP: Bancos no aceptarían fondos como garantía hipotecaria
AFP: Bancos no aceptarían fondos como garantía hipotecaria

Por: Javier Olivera, Economista, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research

Es una buena noticia que el gobierno electo tenga decidido reformar integralmente el sistema de , pues la única manera de arreglarlo es tomando en cuenta todos sus componentes, es decir, el sistema público (SNP y otros regímenes), privado (SPP) y la asistencia social (Pensión 65). La razón es que hay una interdependencia muy grande entre ellos y además el diseño de cada componente compromete a los otros.

Por ejemplo, no hay ninguna lógica en mantener un sistema de reparto, como es el caso del SNP, para solamente un segmento de los trabajadores, y hacerlo competir con el SPP en la captación de nuevos afiliados. Los afiliados del SNP tienen salarios menores y por lo tanto este sistema, tal como está funcionando actualmente, está destinado a estar con las cuentas en rojo.


Esto no significa que un sistema de reparto sea malo en sí mismo, sino que el diseño institucional actual no aprovecha los aspectos positivos que este tipo de sistema puede tener si estuviese adecuadamente integrado con elementos de capitalización individual y asistencia social. La capitalización individual es clave para que los incentivos para trabajar y ahorrar no se desalineen mucho, mientras que la parte de reparto es necesaria para poder financiar una pensión mínima y así recuperar el principio de solidaridad de la seguridad social. La pensión asistencial se financia con impuestos generales, cuya generosidad y alcance (universal o focalizada) se deciden según la sostenibilidad fiscal.

Hace poco, en la sección de Opinión de este Diario, los economistas Eduardo Morón y Juan Mendoza discutieron sobre el sistema de pensiones peruano, y aunque el debate es siempre bienvenido, yo considero que hay ideas sobre la seguridad social que han sido superadas hace tiempo, o propuestas que no existen en otros países similares al Perú. No hay países que hayan eliminado sus sistemas de pensiones basándose en ideas libertarias de que no hay que tener ahorro obligatorio. La literatura económica y psicológica ha documentado ampliamente y desde hace mucho tiempo que los individuos no planean adecuadamente el futuro, no diversifican bien sus activos, no presentan consistencia en sus decisiones, entre otras regularidades. Los estudios sobre cultura financiera documentan claramente las consecuencias negativas de largo plazo debido a la deficiente evaluación previsional de los individuos.

Tampoco podemos pensar que el ahorro de las familias en la forma de una casa, negocio o la esperanza de ser cuidado en la vejez por los hijos son la solución para una protección social sostenible. Hace tiempo que la literatura económica y demográfica ha demostrado que los hijos han perdido el valor de seguridad social que tenían. No hay nada que garantice que los hijos van a cuidar a sus padres ancianos, sobre todo en las familias rurales y en pobreza. Basta ver el grado de abandono de los adultos mayores pobres. La seguridad social es un gran invento producto del desarrollo económico de las naciones y conquistas sociales.

Deberíamos, entonces, rápidamente encauzar el debate hacia diagnósticos y propuestas que tengan sentido en nuestro país. La voluntad política de hacer una reforma integral de pensiones es muy positiva. Yo siempre he insistido por una reforma integral, incluso durante la comisión de reforma de pensiones de la que formé parte en el 2011/2012, pero lamentablemente no hubo respuesta política en aquella época. Chile ya ha pasado por dos procesos de grandes cambios en su sistema de pensiones. De esa experiencia podemos aprender cuatro cosas bien importantes: el proceso debe ser legítimo, es decir, con comisionados que representen diferentes posturas; el sistema de capitalización puro no es la panacea; la reforma debe ser integral; y debe haber transferencias públicas en el sistema.