Acceso a predios en proyectos de inversión sufre modificaciones

El último sábado, el Ejecutivo estableció mecanismos para la simplificación del acceso a predios para la ejecución de proyecto de inversión priorizados.

Ramón Huapaya, consejero jefe del área administrativa de Grau Abogados, detalla los principales cambios hechos.

“Esta norma tiene por objeto establecer disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura”, explica Huapaya.

El gobierno ha creado el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP). “Este proyecto especial será ejecutado Por Inversión y cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica y económica”, dice el especialista. Asimismo, el APIP tendrá una vigencia de 3 años, plazo que puede ser extendido.

La función principal del APIP consiste en ejecutar las acciones requeridas para sanear en nombre del Estado los derechos de propiedad sobre los predios requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión priorizados. Entre sus funciones específicas están las siguientes:

• Formular, aprobar y ejecutar de manera progresiva un programa de diagnóstico, saneamiento físico-legal y acceso a los predios comprendidos dentro del ámbito geográfico de ejecución de los proyectos de inversión priorizados, ya sean formales o informales, públicos o privados.
• Identificar si los terrenos son de propiedad privada o estatal y, en este último caso, formalizar los derechos de propiedad del Estado a favor del Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local.
• Determinar los predios que por razones de orden legal no pueden ser empleados para la ejecución de proyectos de inversión.
• Declarar la prescripción adquisitiva administrativa y regularizar el tracto sucesivo, mediante procedimientos y declaraciones masivos.
• Definir la necesidad de la reubicación de pobladores, coordinando con las entidades respectivas y convocar asambleas.

Para cumplir las funciones de saneamiento, el APIP tendrá plenas facultades para requerir información, trámites o servicios a diversas entidades del Estado, las cuales pueden pertenecer a cualquier nivel de gobierno (nacional, regional y/o local). Estos requerimientos tendrán plazos priorizados, ya que tienen por finalidad la ejecución de un proyecto de inversión de interés nacional, explica Huapaya.

En el caso de negociaciones directas, el APIP puede ejecutar programas de reubicación o pago mediante adjudicación de terrenos del Estado o proyectos habitacionales, para lo cual debe solicitar autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas.

Estos cambios entran en vigencia a partir del 07 de enero de 2017. El APIP asumirá sus competencias y ejecutará sus funciones de manera progresiva sobre los proyectos priorizados.

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