Agenda legislativa: ¿Qué dictámenes pendientes podría debatir y aprobar el nuevo Congreso?

(Informe IPE - El Comercio) En la jornada electoral de ayer se eligió a los congresistas que estarán en el hemiciclo hasta julio del 2021. En marzo, cuando asuman sus funciones y se haya establecido la presidencia, uno de los primeros debates que enfrentarán será qué hacer con los proyectos de ley (PL) que quedaron pendientes de aprobación hasta el 30 de setiembre del 2019. El Ejecutivo ya se adelantó a lanzar algunas de estas iniciativas vía decreto de urgencia (DU), pero hay otras que quedan en el tintero.

En años de cambio de gobierno, cuando el nuevo Legislativo comienza su trabajo, se parte desde cero. Así, las iniciativas que quedaron sin aprobarse al 27 de julio del año se archivan. El 28 de julio cada cinco años se hace “borrón y cuenta nueva”.

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Sin embargo, este año la coyuntura del cambio de Congreso es distinta y cabe la posibilidad de que se retome por lo menos parte de la agenda que quedó en suspenso tras la disolución del Parlamento, comenta José Élice, excandidato al Congreso y especialista en derecho parlamentario. Por un lado, tener nuevos parlamentarios –explica– abre la puerta a comenzar desde cero; por otro, el que este período legislativo sea parte del lapso 2016-2021 permite pensar qué se podría retomar desde lo que quedó pendiente en setiembre.

Ningún reglamento o normativa vigente tiene contemplado un caso de excepción como este, señala Élice. Desde su óptica, ambas opciones serían factibles en ausencia de normas explícitas. En ese sentido, la ruta por seguir será la que logre un consenso político entre los nuevos congresistas, que podrían tomar parte o nada de la agenda anterior.

Iniciativas en ‘stand-by’

En el período legislativo 2018-2019, en las comisiones de Economía y Trabajo, se aprobaron dictámenes de 37 PL que quedaron a la espera de ser debatidos en el pleno. Los temas más tratados fueron: sistema tributario (10 iniciativas), sistema de salud (seis) y sistema de pensiones (cuatro).

Entre los proyectos vinculados al sistema tributario, destacan las iniciativas para el cobro de facturas emitidas por las microempresas y pequeñas empresas (mypes). Estas buscaban que, como máximo, la cobranza se dé en 30 días calendario desde la recepción de la factura y, en casos de excepción, un plazo no mayor a 60 días. Esto se determinó sobre la base de experiencias de otros países, donde el plazo promedio de pago es 34 días.

Precisamente, en esa línea, la semana pasada el MEF publicó ya un DU que facilita el financiamiento de mypes mediante facturas negociables (‘factoring’), ampliando también la legislación vigente a temas como crowdfunding y leasing.

Por otro lado, las iniciativas legislativas pendientes relacionadas al sistema de salud se enfocan en el cobro de deudas por contribuciones pendientes a Essalud. Entre las alternativas se encuentra la cobranza sobre los saldos de balance de los gobiernos subnacionales deudores. Para entidades privadas se proponían la creación de un registro de deudores y la suspensión del RUC de aquellas entidades deudoras hasta que cancelen el íntegro de los aportes al seguro social.

En un sentido distinto, el Ejecutivo publicó un DU que busca sincerar, refinanciar y reestructurar la deuda de los gobiernos subnacionales y de las mypes. El DU comprende la condonación de los intereses y multas generados por la deuda de estas entidades con Essalud.

En cuanto al sistema de pensiones, una de las iniciativas, propuesta por el Ejecutivo, buscaba que aquellos afiliados al sistema privado de pensiones (SPP) que decidieron retirar el 95,5% de su fondo puedan retornar al sistema para contratar productos previsionales, como el retiro programado o la renta vitalicia. Asimismo, proponía que la SBS autorice a las entidades financieras ofrecer productos de naturaleza previsional. Otro PL buscaba determinar una pensión mínima para los pensionistas de la ONP equivalente a una remuneración mínima vital. El dictamen de esa iniciativa se aprobó pese a que el MEF advirtió su inviabilidad porque vulnera el criterio de sostenibilidad financiera.

Otro asunto en la agenda legislativa era la negociación colectiva en el Estado. La semana pasada, el Ejecutivo publicó un DU para regularla, que recoge lo establecido por el PL aprobado en la Comisión de Trabajo y que fue presentado por el propio Ejecutivo. Con ello, se estableció que la negociación colectiva se realice en tres niveles: centralizado, centralizado especial y descentralizado. En cada nivel, los trabajadores serán representados por la organización sindical que tenga mayor representatividad y deberán presentar los pliegos de reclamos cada dos años, en junio.

Es importante recordar que, entre otras materias importantes pendientes para el Parlamento, estaba la ley de control previo de fusiones y adquisiciones. En mayo del 2019, se aprobó el dictamen en el pleno, pero un error simple impidió que llegara al Ejecutivo. Este último aprobó la norma por DU en noviembre.

Finalmente, la ley para promover el consumo de medicamentos genéricos era prioritaria para la Comisión de Salud, que aprobó el dictamen y quedó pendiente en la agenda del pleno. Esta norma también se lanzó vía DU a fines de octubre.