En el sistema de pensiones nacional, la edad mínima para jubilarse y solicitar una pensión es de 65 años.
En el sistema de pensiones nacional, la edad mínima para jubilarse y solicitar una pensión es de 65 años.
Paola Villar S.

La  en el Perú, que afecta a casi el 75% de la población económicamente activa (PEA), impacta en la cantidad de cotizantes presentes en el sistema de pensiones (quienes aportan a su fondo habitualmente), afirmó la Asociación de AFP (AAFP).

El Instituto Peruano de Economía (IPE), en base a datos de la AAFP, resaltó que en los últimos cinco años el número de afiliados al sistema privado de pensiones (SPP) creció a una tasa promedio anual de 5,2% y llegó a siete millones de personas a junio de este año. Sin embargo, el total de cotizantes sumó 2,5 millones, es decir, menos de la mitad de afiliados.

Diego Macera, gerente general de IPE, detalló que esta diferencia entre afiliados y cotizantes demuestra la porosidad en el sistema. “Muchas personas hicieron una transición a la formalidad por un período de tiempo y de ahí regresaron a la informalidad”, precisa.

De otro lado, Macera precisó que solo 11,2% del quintil más pobre que pertenece a la PEA se encuentra afiliado a un sistema de pensiones [ver infografía]. Dicho 20%, cabe precisar, percibe ingresos mensuales por menos de S/374.

INFORMALIDAD
Tanto Pablo Lavado, coordinador del Área de Políticas Sociales, Desarrollo Humano y Sociedad Civil de la Universidad del Pacífico, como Diego Macera, coincidieron en que la situación del sistema previsional no cambiará si no se empiezan a tomar políticas serias para combatir la informalidad.

En esa línea, Lavado planteó que la política de reducción de la informalidad se relacione con el aumento de la productividad en el corto plazo y también con la generación de incentivos, como, por ejemplo, incorporar el sistema integral de salud (SIS) en el paquete de formalización.

“Si se considera el SIS dentro del paquete, las tasas de informalidad bajarán mecánicamente de 75% a 50%”, indicó.

Ambos economistas consideraron oportuna una mayor fiscalización por parte del Estado a las microempresas y pequeñas empresas, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

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