Cuatro medidas de gestión para que la Autoridad Nacional de Infraestructura logre buenos resultados

A pesar de tres décadas de un notable avance económico, el Perú aún registra una brecha de infraestructura significativa. Esto afecta severamente la provisión de servicios básicos, incrementa los costos logísticos y restringe el crecimiento de la productividad del país.

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A nivel nacional, un tercio de hogares aún carece de agua, saneamiento y electricidad. Aún más alarmante, en ocho departamentos, incluyendo Loreto, Ucayali y Huánuco, más de la mitad de la población vive sin estos servicios esenciales. Adicionalmente, según el Foro Económico Mundial, el Perú se ubica entre los países con la calidad más baja de infraestructura en América Latina, a pesar de tener uno de los niveles más altos de gasto per cápita en infraestructura.

El problema radica en factores clave del proceso de inversión pública: expedientes técnicos deficientes, un ineficiente sistema de licitación pública, demora en otorgamiento de permisos, pérdida de capacidad de ejecución, exceso de entidades involucradas y permisos necesarios, y falta de mantenimiento. De hecho, según estimaciones del Consejo Privado de Competitividad, los problemas relacionados a expedientes técnicos llegan a triplicar el tiempo planeado para otorgar una buena pro. Asimismo, en un estudio del 2007 (Cusato y Pastor) se encontró que, entre 1992 y 2005, el Perú gastó siete veces más en rehabilitar carreteras desatendidas que lo que hubiera costado su mantenimiento de rutina.

Estos problemas han llevado a que obras en sectores clave para la población, como salud o saneamiento, tarden años en ejecutarse o nunca terminen de construirse, como el hospital Andahuaylas, que lleva más de 14 años en ejecución. De hecho, según la Contraloría, hay más de 1.700 obras paralizadas, de las cuales 70% está bajo el mando de gobiernos locales.

Para atender parte de estos desafíos, el Gobierno ha propuesto la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la cual se encargaría de formular, ejecutar y mantener las obras más importantes a nivel nacional, absorbiendo a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Así, la ANIN centralizaría las buenas prácticas de los procesos de ejecución y de contratación de la ARCC, con el objetivo de asegurar una mejor calidad de los expedientes técnicos, una rápida ejecución de las obras públicas y un correcto mantenimiento de estas.

No obstante, para que la ANIN funcione eficientemente, es fundamental considerar aspectos de gestión y funciones. Estos deberían enfocarse en evitar entorpecer el avance de los proyectos que están avanzando bien, garantizar una transición ordenada y asegurar un equipo altamente calificado para evitar repetir errores pasados. Para ello, APOYO Consultoría propone:

1. Asumir funciones de manera progresiva, enfocándose los tres primeros años en las obras de prevención y gestión de riesgos de desastre por inundaciones. Durante esta primera fase, la ANIN tendría la oportunidad de demostrar su capacidad para ejecutar y alcanzar las metas establecidas. En una segunda fase, la ANIN podría expandir su alcance a proyectos de gran impacto regional (por ejemplo, carreteras o paquetes de colegios).
2. Iniciar sus operaciones en julio de 2024, una vez que culmine el potencial Fenómeno El Niño (FEN). Se debe aprovechar la capacidad de los contratistas bajo los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) en la ARCC, para expandir sus roles y brindar las soluciones integrales que se necesitan con urgencia. Para no obstaculizar este proceso, la absorción de la ARCC por parte de la ANIN debería esperar a que un eventual FEN culmine. Asimismo, para garantizar una transición fluida, es esencial que el Gobierno nombre al director ejecutivo de la ARCC (a la fecha, solo se cuenta con un director encargado) con la visión de que este funcionario esté a cargo de la ANIN posteriormente.
3. Garantizar la atracción del talento más capacitado es clave. Para lograr esto, se debe replicar el proceso de contratación que actualmente utiliza la ARCC. Durante la transición, la ANIN debería asegurar un proceso riguroso y meritocrático, en el que se priorice la incorporación del personal que cuente con el conocimiento técnico necesario.
4. Asegurar un mecanismo de auditoría de resultados, para garantizar que en el largo plazo la creación de esta autoridad siga cumpliendo sus objetivos y generando impacto positivo. Un sistema de auditoría transparente e independiente proporcionaría un marco de responsabilidad y permitiría evaluar el rendimiento de la ANIN de manera constante.

La creación de esta autoridad marcará un hito, pero es solo el inicio de un largo proceso de institucionalización de la inversión pública en el Perú. Idealmente, en el mediano plazo, la ANIN debería convertirse en un Ministerio de Obras Públicas. La creación de un ministerio no solo facilitaría la planificación de las obras de infraestructura, sino que también otorgaría mayor autoridad institucional y manejaría un presupuesto más significativo. Sin embargo, para que este traspaso sea exitoso, es esencial que la ANIN primero se posicione como una entidad ejecutora sólida, con buena gestión y resultados.

*Este artículo contó con los aportes de Amalia Moreno, Camilo Carrillo y José Luis Escaffi.

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