¿Cómo avanzan los organismos reguladores camino a la OCDE?

“¡Qué carajo vamos a presentar a un Perú así, queriendo entrar a la OCDE!”, se cuestionó el presidente del Consejo de Ministros (PCM), César Villanueva, durante su primera presentación ante el pleno del Congreso.

A partir de siete estudios de corte multidimensional del Perú, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) lanzó en diciembre del 2014 el Programa País-Perú. Esto con el objetivo de generar reformas que mejoren, según los parámetros de países miembros de la OCDE, ámbitos como la gobernanza pública y las políticas de regulación.

Para esto último, la OCDE es clara desde su primera conclusión del análisis: “El Perú carece de una política regulatoria de gobierno integral […] Los reguladores económicos cuentan con un alto grado de independencia para ejercer presupuesto y tomar decisiones [...] no obstante, estos aún dependen del Gobierno Central para varios asuntos administrativos y de recursos humanos”.

En este contexto, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó esta semana el texto sustitutorio del proyecto de ley 2462, propuesto por Miguel Castro (Fuerza Popular), el cual busca dar más autonomía en materia presupuestal, legislativa y laboral a los organismos reguladores Sunass, Osinergmin, Osiptel y Ositrán.

El método de designación de los miembros de los consejos directivos en los reguladores es el primero, y quizás el más importante, de los cambios propuestos: de aprobarse el proyecto, este será llevado a cabo
por una comisión integrada por organismos autónomos. Antes, solo la PCM estaba a cargo de esta tarea.

“El cambio en el planteamiento fortalece la legitimidad de la composición de los directorios”, afirma Daniel Schmerler, presidente de Osinergmin, a El Comercio.

En paralelo, otros cambios del proyecto dan más poder de decisión para aprobar viajes y medidas financieras sin necesitar el visto bueno de la PCM o el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, incluye la salida de la Ley Servir de los reguladores.

“Con instituciones tan técnicas como los reguladores, la Ley Servir es absolutamente ineficiente. Queremos una legislación que genere incentivos para atraer a los mejores profesionales a estos organismos”, señaló Castro a este Diario.

ROMPIENDO LAS CADENAS
Si bien el proyecto brinda más poder a los reguladores en la toma de decisiones, para Alejandro Falla, socio del estudio Bullard Falla Ezcurra + y quien formó parte de la mesa de trabajo del proyecto, el nivel de autonomía que se quiere lograr genera un riesgo que podría llevar a arbitrariedades.

“Hay que evitar se conviertan en pequeños reyezuelos que dictan la norma, aplican, supervisan, y luego no rinden cuentas”, afirma Falla.

El abogado hace referencia, por ejemplo, al hecho de que en unas primeras versiones del proyecto se excluía de la supervisión de Indecopi a los reguladores en el ámbito de eliminación de barreras burocráticas ilegales. Por otro lado, pide tener precaución para medidas como entregar facultades para diseñar y aprobar, sin participación de la PCM, sus metodologías de análisis de impacto regulatorio, una herramienta clave según las recomendaciones
de la OCDE.

“El largo proceso de aprobación [en varios aspectos] de la PCM puede
tomar muchísimos meses. Muchas veces los temores a la autonomía se cristalizan en opiniones contrarias a dar más libertad”, replica Rafael Muente, presidente de Osiptel.

La versión final del documento, finalmente, incluye varias medidas de rendición de cuentas que deberán ser evaluadas posteriormente en el pleno del Congreso.

AVANZANDO HACIA LA META
De acuerdo a información enviada por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM a este Diario, la OCDE reconoce el compromiso de los reguladores peruanos en cuanto al avance en sus recomendaciones.

“Somos uno de los candidatos con mayor oportunidad de ser invitados
a ser parte de la organización”, explica la SGP.

En coincidencia, Ricardo Quesada, gerente de Regulación y Estudios Económicos de Ositrán, señala que la OCDE identificó que los reguladores están un paso por delante del resto de instituciones públicas en cuanto a buenas prácticas regulatorias y transparencia.

Osiptel, por ejemplo, fue la primera institución pública en concluir una evaluación de la OCDE este viernes. “Esto sirve para que el Perú se presente como un país con instituciones que se manejan en un marco institucional alineado a la OCDE”, explica Muente.

Sunass, por su lado, muestra indicios de avances tras haber asistido a talleres y eventos organizados por la OCDE, mas no se visualizan logros más concretos a la fecha.

No obstante, para recibir la invitación de ingreso al ‘proceso de adhesión’ a la OCDE (período de evaluación previo a la inclusión oficial), el accionar de los reguladores deberá ser imitado en otros sectores.

No hay que perder de vista, por ejemplo, otras recomendaciones del Programa País, tales como el hecho de que el Perú debe superar su baja productividad (representa solo cerca de la tercera parte del promedio de los países OCDE), sus grandes desigualdades y “la elevada y generalizada” informalidad laboral.