Por José Carlos Saavedra, Director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría

La del gobierno afecta de muchas maneras la economía de las familias. El próximo año esto será evidente gracias a la reciente aprobación de la delegación de facultades y la política de salarios reflejada en el presupuesto público.

En particular, la reducción del , la posibilidad de que las personas paguen menos impuesto a la renta y el aumento de los salarios de los trabajadores públicos son medidas que implicarán una ‘transferencia’ importante de dinero hacia las familias en el 2017. En conjunto, estas tres medidas podrían dar a las familias peruanas cerca de S/6.000 millones adicionales para gastar, lo que es equivalente a cerca de 1% del PBI.

La reducción de la tasa del IGV de 18% a 17% es la medida que más recursos podría liberar para la población. Si, como espera el Ministerio de Economía, las empresas trasladan casi toda la reducción del IGV a los consumidores a través de menores precios, entonces las familias se ahorrarían cerca de S/3.000 millones por año.

Luego están los aumentos salariales para militares, policías, profesores y profesionales de la salud, que en total implican un incremento de S/2.000 millones en la planilla estatal, en favor de los trabajadores públicos mencionados. Y, en tercer lugar, los trabajadores formales podrán pagar menos impuestos a la renta, si es que sustentan sus gastos en salud, vivienda, educación, luz, agua, telefonía y servicios profesionales con comprobantes de pago. Se estima que esta medida permitiría que en conjunto las familias ahorren cerca de S/1.000 millones anuales, que dejarían de pagar al fisco. 

Cuánto se beneficie cada familia por estas medidas dependerá en buena cuenta de cuánto ganan y cuánto gastan. Las familias que gastan un mayor monto en los bienes y servicios gravados por el IGV serán las más beneficiadas, pues la reducción de un punto porcentual en el IGV liberará un monto mayor. Del mismo modo, los trabajadores que potencialmente se beneficiarán del menor pago del impuesto a la renta serán aquellos que tengan un empleo formal y un salario mensual mayor a S/1.800, que son quienes efectivamente pagan impuesto a la renta. Actualmente solo el top 7% de los trabajadores en el país cumple estas dos condiciones. 

Por ejemplo, un trabajador promedio en el Perú, con un salario de S/1.250 mensuales, actualmente no paga impuesto a la renta, por lo que solo se beneficiaría por la reducción del IGV. Se estima que el ahorro para este trabajador sería de S/50 al año. En cambio, un trabajador formal que gana S/5.000 mensuales podría ahorrarse cerca de S/1.800 anuales, gracias al menor pago de impuesto a la renta y de IGV en sus compras (ver tabla). 

(Fuente: Enaho-INEI/Apoyo Consultoría)

Por estas razones se puede afirmar que las ‘transferencias fiscales’ del próximo año beneficiarán principalmente a las familias de mayores ingresos en el Perú. De hecho, aproximadamente 80% de los S/6.000 millones ya mencionados beneficiarán al 30% de las familias de mayores ingresos. Con estos recursos adicionales, estas familias podrán pagar deudas, mejorar sus balances familiares o aumentar sus niveles de consumo. 

La justificación de estas medidas es conocida. El Ejecutivo está dispuesto a sacrificar recursos fiscales en el corto plazo, apostando a que la reducción de impuestos permita formalizar la economía. A su vez, esta mayor formalización generaría productividad y crecimiento económico, que traerían mayores recursos fiscales. La línea lógica es clara, pero aún está por ver si es que funcionará en la realidad. Y, como toda apuesta, también implica un riesgo. Si es que los impactos sobre la formalización, el crecimiento o la recaudación no son los esperados, entonces será necesario hacer ajustes como subir impuestos o bajar gastos. Pero no solo eso: se habrían sacrificado recursos que podrían haber sido utilizados para mejorar servicios públicos en beneficio de las familias más necesitadas. Veamos.

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