Pese a las intenciones y esfuerzos del Ejecutivo para reactivar la inversión en infraestructura, que tuvo su primer gran freno en el 2017 cuando se conocieron los sobornos que entregó la brasileña Odebrecht, poco se ha avanzado.
De acuerdo con la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), Perú necesita US$160.000 millones para cerrar su déficit de infraestructura, para lo cual tendrían que pasar más de 60 años, considerando que la inversión pública no supera el 5% del PBI y la inversión privada es casi del 20%.
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“Ningún país crece solo con inversión pública. En ese sentido, la inversión privada representa la posibilidad de crecer. Hoy, Perú es considerado como uno de los países que tiene más espacios de inversión pública y privada por encima del promedio de la región”, comentó Milton von Hesse, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
En esa línea, agregó que uno de los aspectos que valoran los inversionistas es la estabilidad macroeconómica, jurídica y un fuerte sustento en institucionalidad.
“[Ahora] el país no se caracteriza por tener la mayor estabilidad jurídica del mundo, pero tiene la adecuada”, refirió von Hesse.
En consideración del exministro, algunas decisiones respecto al marco jurídico para las inversiones se han “mezclado” con el caso Lava Jato.
“Hay una idea que todo en la inversión privada está mal porque estuvo Odebrecht y, por lo tanto, hay necesariamente corrupción. Eso es lo que preocupa a los inversionistas y a todos los analistas económicos”, sostuvo.
El economista Luis Estrada coincide en que la sensación de estabilidad jurídica ‘es un poco frágil’ en el país.
“Los mensajes del Estado al inversionista privado tienen que ser claros […] se deben proponer normas y mensajes que sean consistentes con la inversión”, comentó.
Según Estrada, hay un “divorcio” entre el Ejecutivo y sus políticas de incentivo o estímulo para la inversión privada. Esto es un proceso que se ha observado desde el gobierno anterior y se ha intensificado en los últimos años por problemas políticos.
“Los proyectos de infraestructura del Estado con participación del privado están paralizados y no se están dando las señales al privado para que pueda invertir”, añadió.
Cabe recordar que el Gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura como un primer esfuerzo por definir una visión y objetivos para el cierre de brechas en infraestructura.
En dicho plan se priorizaron 52 proyectos, entre ellos: Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, Creación del Antepuerto del Callao y Mejoramiento de vías de Acceso al Puerto y Antepuerto del Callao, entre otros.