No solo el CAL: otros colegios profesionales con cobros altos

Esta semana se difundió la noticia de que el Indecopi había declarado barreras burocráticas ilegales algunos requisitos que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) exigía a los aspirantes que pretendían colegiarse. Estos eran los pagos por la ceremonia (S/2.700 si era con una ceremonia individual, S/1.500 si era grupal) y la presentación de una copia simple del certificado del curso "Práctica forense", que además tenía un costo de S/500. 

A la fecha, sin embargo, hay otras asociaciones gremiales que mantienen cobros altos que aún no han sido observados por Indecopi, sostiene Jose Antonio Valdez, socio del Estudio Olaechea. 

Se trata de pagos cuantiosos "sin ninguna proporción" a los que no le son aplicables la misma prohibición que se ha establecido para el CAL, pues las decisiones de Indecopi no son vinculantes para otras instituciones. 

Este sería el caso del Colegio de Arquitectos del Perú, que cobra S/.2.500 para colegiarse, además de un curso de S/500 obligatorio, indica Valdez. 

Otros ejemplos de instituciones profesionales que exigen este tipo de desembolsos son el Colegio de Contadores Públicos de Lima (S/1.500), el Colegio Médico del Perú  (S/1.025) o el Colegio de Ingenieros del Perú (S/1.019).

"Supuestamente los colegios son para defender los intereses de los profesionales que pertenecen a ellos, pero al final terminan siendo defensores de sus propios intereses", comenta el especialista. 

En este sentido, para sustentar sus cobros, los colegios deberían señalar una razonabilidad presupuestaria. Sin embargo, solo en el caso del CAL, por ejemplo, no es posible conocerla con facilidad, pues el portal de transparencia tiene todos sus archivos caídos y, además, no se actualizan desde el 2014.

Sucede, por lo demás, que los ingresos de un recién egresado universitario son nulos o muy bajos. No obstante, "la gente joven, si quiere ejercer la profesión legalmente, tiene que colegiarse y está sometida a estos caprichos y cosas absurdas que imponen los colegios profesionales", afirma el abogado, que concluye que esta es una barrera más para la formalidad y que, esta vez, no la pone el Estado sino el propio sector privado.