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Con información al último día del 2021, se registra una brecha significativa en la ejecución del presupuesto destinado para proyectos dentro de los distritos que albergan la actividad minera. A lo largo del 2021, este grupo de gobiernos locales (compuesto por 83 comunas) tuvo un presupuesto conjunto de S/2.812 millones, de los cuales solo ha podido gastar el 47% (S/1.325 millones).
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Los rangos de ejecución varían según regiones, siendo Áncash aquella cuyos municipios recibieron la mayor cantidad de recursos, pero al mismo tiempo presentan una de las tasas más bajas de gasto público. El ejemplo más evidente es el de San Marcos, ubicado en la provincia de Huari y que recibe la transferencia más alta por canon minero. Si bien recibió el mayor presupuesto de inversión durante el 2021 (S/577 millones), solo pudo ejecutar el 29% de éste (S/166 millones).
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) ya advertía en noviembre del 2021 que San Marcos requería una velocidad de ejecución de 22,2 veces la actual si se quería completar la meta presupuestal.
David Tuesta, presidente del CPC, explica que gran parte del problema responde a un proceso de descentralización de recursos públicos sin haber hecho una mejora de capacidades. “Los casos de corrupción en las regiones y la rotación de funcionarios hacen que no llegue el mejor personal calificado. Puedes observar que gran parte de las ejecuciones se queda en la etapa inicial, que es cuando presentas el expediente técnico”, dijo.
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Es así que, con datos a noviembre del CPC, la región Áncash cuenta con 95 proyectos de inversión regional viables y sin presupuesto por un total de S/1.404 millones.
Asimismo, Tuesta explica que en las regiones existen brechas sociales en cada una de las localidades y regiones que, ante el actual nivel de ejecución, no han logrado cerrarse.
Los municipios de Libertad y Cajamarca, las dos regiones que siguen en la lista, también ejecutaron conjuntamente menos de la mitad de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para proyectos. El índice más alto de gasto lo reporta Tacna, cuyos distritos gastaron S/59 millones de los S/76 millones que recibieron a lo largo del 2021, registrando una ejecución del 78%.
En zonas de conflictos
Un caso especial dentro de este grupo corresponde a las localidades cuyas operaciones mineras se ha visto parcial o totalmente afectadas debido a un complicado escenario social. A excepción del distrito apurimeño de Challhuahuacho (que alberga a Las Bambas, la principal mina de cobre del país que dejó de operar el 18 de diciembre) el resto de gobiernos locales no alcanzan ni el 40% de ejecución.
En tanto, los distritos ayacuchanos de Oyolo, Chaviña y Chumpi, que albergan las cuatro unidades mineras que cerraron temporalmente en noviembre, han gastado en promedio la tercera parte de sus recursos destinados para obras, mientras que el distrito iqueño de Chavín, donde funciona la mina Cerro Lindo que suspendió sus trabajos a mediados de diciembre, solo gastó el 20%.
Fernando Gonzales, economista del IPE, explica que Ica es una de las regiones que se encuentran más rezagadas en el Índice de Competitividad Regional del IPE. “Ica tiene oportunidad de mejora en el pilar infraestructura: solo el 18% de sus redes viales departamentales y vecinales se encuentran asfaltadas. Además, resulta preocupante que los hogares iqueños solo reciban el servicio de agua potable en promedio ocho horas al día”, dijo.
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Las tres regiones con la menor ejecución de la inversión pública en 2021 –Áncash, Ica y Arequipa- se encuentran rezagadas en el pilar Instituciones del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2021 elaborado por el IPE. En Áncash, dicho resultado responde al elevado nivel de conflictividad social (puesto 20) y a que menos de un quinto de la población considera que la gestión del Gobierno Regional es buena o muy buena (puesto 19).
Por su parte, Ica se encuentra rezagada en los iniciadores relaciones con la seguridad ciudadana: criminalidad (puesto 25) y tasa de homicidios (puesto 23), mientras que Arequipa se ubica en el puesto 24 en el indicador de percepción de la gestión pública regional (solo 9.8% de percepción positiva) y en el puesto 22 en el indicador de criminalidad.
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