Carlos Linares, renunciante presidente de Petro-Perú, recurre al Poder Judicial tras inhabilitación de Contraloría

Carlos Linares, quien renunció a la presidencia del directorio de Petro-Perú tras la inhabilitación de un año que le impuso Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA) de la Contraloría General de la República, anunció que recurrió al Poder Judicial (PJ) para iniciar un proceso contencioso-administrativo contra la decisión del órgano de control.

En declaraciones para RPP Noticias, detalló que ha registrado una medida cautelar, la cual dejaría sin efecto la inhabilitación hasta que se resuelva el proceso contencioso-administrativo en el PJ.

Consultado si regresaría al cargo que dejó en caso prospere la acción judicial, dijo que se tomaría un tiempo para pensarlo. “Eso es algo que definiríamos con la junta, tengo tiempo para pensarlo si se da esa situación”, comentó.

Sobre la sanción en su contra por parte de la Contraloría, dijo que esta viene de un proceso que se inició en el 2022 a raíz de unas observaciones de parte del auditor del órgano de control, sobre una serie de facilidades que tuvo cuando era titular del presidente de Cofide.

Desproporcionada y arbitraria

Días atrás, Linares calificó de desproporcionada y arbitraria la decisión del órgano de control tomada por una presunta infracción cometida durante su período como presidente del directorio de Cofide.

Al respecto explicó que la sanción responde a la asignación de gastos de caja chica por concepto de refrigerio y alimentación otorgados al despacho del presidente del directorio durante su período encabezando Cofide.

“Elevo mi voz de protesta ante lo que considero un atropello a mi bien ganado prestigio profesional, a lo largo de más de 40 años en el ámbito público y privado”, sostuvo el exfuncionario que estuvo menos de dos meses en el cargo.

“Puntualmente, se trató de gastos correspondientes a café, edulcorantes, frutas, entre otros, durante el periodo del 24 de marzo al 30 de junio de 2022. Es preciso señalar que esta asignación de gastos de caja chica venía siendo otorgada a los despachos de presidencia del directorio de Cofide mucho antes de mi ingreso a la entidad. , por lo que no era una práctica desconocida ni mucho menos ilegal. Siendo así, queda claro que esta sanción no solo carece de fundamento real sino que sobre todo es desproporcionada”, expresa en un comunicado difundido en su cuenta de LinkedIn.

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