CAS: ¿qué factores frenan las iniciativas para eliminar este régimen?

(Informe El Comercio - IPE) Hace unas semanas se presentó en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso el Proyecto de Ley 1888-2017, el cual plantea la eliminación inmediata del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) y la incorporación de todos los trabajadores públicos de ese régimen a la planilla del gobierno bajo el régimen de actividad privada (D.Leg. 728).

Entre sus detractores, sin embargo, se argumenta que esta propuesta generaría un gran costo imprevisto para el gobierno y que no respondería a la reforma meritocrática que se desea implementar desde Servir.

AL DETALLE

En el sector público peruano existen, principalmente, cuatro regímenes laborales: el de carreras especiales (profesores, médicos, magistrados, fiscales, militares, policías, etc.), el administrativo (D.Leg. 276), el régimen de la actividad privada (D.Leg. 728) y el régimen de CAS (D.Leg. 1057).

El régimen 276 reconoce la estabilidad laboral casi absoluta del trabajador, con la excepción de causales de despido de carácter disciplinario, las cuales deben ser evaluadas en un proceso administrativo.

Según Mercedes Iacoviello y Laura Zuvanic, del BID, el proceso para probar algunas de estas causales de despido es muy engorroso, por lo que pocas veces se aplican. Por ello, según Grade, las principales causas de desvinculación en este régimen son la renuncia y el límite de edad de 70 años para un funcionario.

En el caso del régimen de actividad privada (D.Leg. 728), aparte de establecer causales de despido, la ley reconoce la figura de indemnización por despido arbitrario, es decir, sin expresión de causa.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido que el despido arbitrario no sea únicamente reparado con una indemnización, sino también con una reposición del trabajador en su puesto. Ello ha evitado que esta figura se utilice para la desvinculación de servidores públicos.

LOS PROBLEMAS

La rigidez laboral bajo estos dos regímenes y determinados sobrecostos laborales han tenido como respuesta la creación de modalidades de contratos temporales, como los servicios no personales (SNP) y la contratación administrativa de servicios (CAS).

Si bien este tipo de contrato no representa una reforma sustancial para la modernización del sector público, permite mayor flexibilidad en la contratación y despido.

En este régimen, actualmente, se incluyen a más de 275 mil funcionarios, lo que representa más del 40% de todo el personal del Estado si se excluye a las carreras especiales.

Además, ha tenido un crecimiento importante en los últimos cinco años, si se tiene en cuenta que en el 2011 solo eran un poco menos de 150 mil, lo que representa un crecimiento del 85%.

Respecto al gasto total de las remuneraciones de los trabajadores CAS, entre el 2011 y el 2016 este ha aumentado de S/3.337 millones a S/7.742 millones, lo que constituye un crecimiento de 132%, un incremento aun mayor que el del número de trabajadores.

El principal problema del proyecto de ley sería que el traspaso de trabajadores al régimen 728 no se daría en el contexto de carrera meritocrática como principio para la incorporación de funcionarios.

De acuerdo con Adriana Mindreau, directora general de Gestión de Recursos Públicos del MEF, la ley de servicio civil introduce la meritocracia por medio de las evaluaciones y los requisitos establecidos para la contratación, ausentes en esta iniciativa legal.

Por otro lado, el proyecto de ley generaría un costo fiscal que no está previsto en el presupuesto de ninguna institución pública.

Para estimar el costo de la propuesta, se puede tomar la experiencia de la Ley 30555, publicada en abril de este año y con la cual se incorporó a los trabajadores CAS de Essalud al régimen del D.Leg. 728 –el mismo objetivo que se busca con el actual proyecto de ley–.

En el caso de Essalud, los trabajadores CAS ascienden a 12.000 aproximadamente y, según declaraciones del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, se tiene que disponer de S/260 millones adicionales anuales para cubrir el traspaso de los trabajadores CAS al régimen privado.

El costo económico de este nuevo proyecto de ley sería muchísimo más elevado, pues involucra 23 veces más trabajadores.

Según Mindreau, si bien se pueden realizar estimados gruesos del mayor presupuesto que se requeriría, el costo más preciso debe elaborarse individualmente para cada institución, considerando su estructura remunerativa.

En este sentido, tomando en cuenta los mayores gastos adicionales por CTS, gratificaciones, asignación familiar y escolaridad, se estima que el costo de la planilla pública por estos trabajadores aumentaría entre 25% y 30%, es decir, por lo menos S/2 mil millones adicionales por año, lo que equivale al presupuesto de los programas Juntos y Pensión 65 sumados.

Aun cuando en la exposición de motivos del proyecto se afirma que “no irroga gasto al erario nacional”.

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