Cerca del 62% del empleo dependiente es informal en el área urbana, por Elmer Cuba

La relación laboral está regulada por la legislación. Según la encuesta nacional de hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), esta solo se cumple para el 18% de la fuerza laboral empleada en el sector privado urbano.

De un total de cerca de 11,6 millones de trabajadores en este sector, unos 5 millones son trabajadores independientes, mientras que los dependientes llegan a cerca de 5,6 millones y los trabajadores familiares no remunerados y empleadas del hogar llegarían a cerca de 1 millón de personas.

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Ahora bien, dentro de los trabajadores dependientes, cerca de 3,5 millones operarían al margen de las normas laborales. Es decir, cerca del 62% del total del empleo dependiente (privado urbano) sería informal, en términos laborales.

La informalidad laboral es un fenómeno mundial y está altamente correlacionada con el grado de desarrollo de los países, aproximado por su ingreso per cápita. Sin embargo, en el caso peruano existe lo que podríamos llamar un “exceso de informalidad”, dado nuestro nivel de desarrollo. Es decir, no solo queda esperar a que el crecimiento económico haga su trabajo, que el aumento de la productividad laboral eleve los salarios reales y sea posible el cumplimiento de las normas laborales, sino que hay un espacio para políticas explícitas de formalización laboral. Sobre todo para los trabajadores informales dentro de empresas formales, como para los trabajadores informales en empresas informales, pero que ganan más que la remuneración mínima.

El notable crecimiento económico peruano de los últimos años apenas ha reducido la informalidad laboral [ver gráfico 1]. Detrás de este elevado porcentaje está la legislación laboral (incluyendo el salario mínimo), la legislación de protección social que carga a los trabajadores de bajos ingresos con los aportes a Essalud y pensiones, las normas tributarias para las pequeñas y microempresas, y las normas de reparto de utilidades para empresas de más de 20 trabajadores.

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Todas ellas requieren una recalibración para que –sin tocar ningún derecho laboral– se pueda reducir la informalidad laboral a niveles más compatibles con nuestro nivel de desarrollo. Ese margen existe y son tanto el Ejecutivo como el Legislativo a los que les corresponde cambiar el statu quo y dar forma a una especie de combo formalizador, a partir del actual régimen laboral para la pequeña empresa. Este sería aplicable a los trabajadores informales que ganen más que la remuneración mínima y –por ende– su productividad laboral comience a alcanzar para cumplir con una nueva normatividad en las líneas definidas en el párrafo anterior.

Recalibrarlas es adecuarlas a la realidad empresarial y laboral. Las normas vigentes no están funcionando. Paradójicamente, es este error de diseño de mecanismos el que ha recortado los derechos laborales para las grandes mayorías.

Lamentablemente, para el resto de los trabajadores de bajos ingresos, sean informales o independientes, solo queda el largo camino del incremento de la productividad laboral y el crecimiento económico que aumente la demanda de empleo y los salarios reales.

La actual autoridad de trabajo ha anunciado la intención de aumentar la remuneración mínima, aumentar los costos de despido y restringir el uso de la tercerización laboral, entre otros. Todas ellas apuntan al aumento de la informalidad laboral al encarecer la demanda de empleo formal. Las últimas dos apuntan a que los contratos a plazo indeterminado sigan siendo minoritarios, en favor de los contratos a plazo fijo, ambos dentro de ese pequeño conjunto de la formalidad laboral [ver gráfico 2].

En el caso de la remuneración mínima, existe mucho mito y el tema siempre genera pasiones. Los salarios no son más altos en un país u otro porque tengan o no más alto el salario mínimo. Sin embargo, a nivel del público general, las personas tienen una imagen mental sobre lo que es una remuneración mínima ‘justa’. Se tiende a pensar que el mínimo es muy bajo y que debería ser más alto. Las personas opinan desde la evidencia limitada de su experiencia cotidiana (lo que ves es lo que es). Es el llamado sesgo de disponibilidad.

Por ello, un político siempre tendrá la tentación de aumentar el mínimo para ganar algo de popularidad. De hecho, los últimos tres gobiernos aumentaron el mínimo casi al terminar sus mandatos presidenciales.

Si el salario mínimo se desacopla de la productividad y del resto de remuneraciones laborales, puede llegar a ser una de las causas de la informalidad laboral [ver gráfico 3]. En este caso, una minoría absoluta de trabajadores formales que gana el mínimo mejoran a costa de las grandes mayorías nacionales, cuya probabilidad de llegar a ser empleados formales se reduce.

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