Chavimochic: "Concesionario no ha puesto un sol en el proyecto"

En poco más de una semana, el Estado definirá el futuro de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, cuya construcción y operación fue concesionada por el Estado a las empresas Odebrecht y Graña y Montero.

El consorcio, liderado por la cuestionada Odebrecht, solicitó la firma de una adenda en el contrato firmado en mayo de 2014. El cambio propuesto por las compañías busca ampliar plazos y gastos generales. El Estado se niega a reconocer este último punto, una posición a la que el concesionario de Chavimochic reaccionó paralizando sus actividades en diciembre pasado.

Así lo cuenta Miguel Orlando Chavez Castro, gerente general del Proyecto Especial Chavimochic.

¿En qué estado está la tercera etapa del proyecto?

Actualmente se ha ejecutado el 70% de la presa Palo Redondo y estamos coordinando con el gobierno central – el MEF y la PCM- cuál va a ser la salida frente a esta situación que enfrenta la concesionaria: frente a su falta de liquidez y de garantías para poder tener el respaldo económico para completar la ejecución del canal madre. Esa es la situación actual.

En los siguientes días tiene que tomarse una decisión. Estamos analizando toda la situación, que tiene que ver con la resolución de este contrato, que tiene sus problemas. Se firmó y fue promovido y gestionado por el gobierno regional anterior y Pro Inversión. Hemos tenido varias reuniones con el MEF y el propio primer ministro. Estamos trabajando una salida a este tema.

¿A cuánto asciende la garantía y el cierre financiero del proyecto? ¿Cuál es el plazo para la presentación del cierre financiero? 

La tercera etapa tiene dos fases: la primera, que es la presa Palo Redondo con un presupuesto de US$374 millones; y la segunda, el canal madre por US$341 millones de dólares. [Esta canal se extiende en 129 kilómetros desde el valle de Moche al Chicana].

¿Qué adendas están en discusión en el contrato de la tercera etapa este proyecto? ¿Son adendas de bancabilidad?

Lo que pasa es no se pudo concretar la segunda adenda, porque la concesionaria exigía mayores gastos generales, por más de US$70 millones de dólares y gastos financieros adicionales. En esto no nos pusimos de acuerdo. La propuesta de la segunda adenda implica cuatro asuntos: los plazos para terminar la entrega de los terrenos para el canal, porque hay temas judiciales; la ampliación de plazo para el cierre financiero; el reconocimiento de mayores gastos generales; y la modificación del calendario de ejecución de obras. El tema más difícil y sobre el que no se llegó a un acuerdo es el reconocimiento de mayores gastos financieros.

¿Hasta cuándo se modificarían las entrega de los terrenos?

La propuesta fue entregar los terrenos como plazo máximo diciembre de 2017 y el cierre financiero seis meses después [mediados de 2018]. El canal en 34 meses y la presa de Palo Redondo en 24 meses. Pero la adenda ya no se va a firmar, porque no estamos de acuerdo en el reconocimiento de mayores gastos generales, ni nosotros ni el MEF.

¿En qué solución trabajan? ¿Qué posibilidades contempla? ¿La transferencia de las acciones del concesionario?

Hay muchas posibilidades. Uno, la transferencia de los derechos; dos, que se resuelva el contrato; y tres; que una vez resuelto el contrato, ver cómo termina la obra, si como obra pública o se dará otra concesión.

¿Va a suceder algo similar a lo que pasa en el Proyecto Especial Olmos?

No, porque en Olmos han aprobado la venta de las acciones del concesionarios, se espera que lo apruebe el Consejo Regional de Lambayeque, pero acá no hay nada todavía de venta de acciones. Ni la concesionaria lo ha propuesto, ni nosotros ni el gobierno central lo hemos aprobado.

Graña y Montero quiere vender su participación.

Sí, pero en el caso de Chavimochic no han planteado nada de eso.

Buscan financiarse vendiendo activos.

Eso es lo que sabemos. Eso es lo que estamos evaluando con el MEF y se tomará una decisión. Cuando se tome la decisión se comunicará.

¿Qué es lo que están esperando? ¿Cuándo van a tomar esta decisión?

En ocho o diez días debemos estar como máximo ya definiendo.

¿Por qué en ese plazo?

Es que para tomar una decisión de invocar la caducidad es todo un proceso.

¿Van a invocar la caducidad?

Estoy diciendo que hay alternativas. Para tomar esa decisión tiene que analizarse todo el sustento legal de cada una de las decisiones que se tenga que tomar.

En el caso que se resuelva el contrato, ¿cuál es el futuro de Chavimochic III?

El futuro es que vamos a continuar, vamos a ejecutar la obra. Se convocará a una nueva licitación, se terminará como obra pública. La gestión tiene que continuarse para terminaría la obra.

¿Cuándo terminaría?

Depende de la decisión que se tome. Si se decide hacer por una obra pública, en los próximos meses tendría que haber el proceso para terminarla, este año o a mediados del próximo se podría terminar la represa, también para poder iniciar el canal el próximo año.

La etapa III de Chavimochic incorporará unas 65 mil nuevas hectáreas y se mejorará unas 40 mil más.

Si se termina este año la presa y empieza a funcionar el próximo, se tendría el beneficio para la primera y segunda etapas. Cuando se ejecute el canal, se beneficiará a la tercera etapa. El canal va a demorar unos dos años y medio. 

¿Deberían estar listas estas obras ya?

Todavía, porque de acuerdo al contrato de concesión se tenían 4 años para la ejecución. Si no hubiera habido problemas con la entrega de los terrenos, el contrato se firmó en mayo de 2014 y debía empezar a ejecutarse a fines de año, por lo que debía concluirse el canal a fines de 2018.

¿Incluye el contrato clausulas anticorrupción?

No han puesto nada de clausula anticorrupción. No tiene.

¿Cuál es el problema judicial detrás de la demora en la entrega de tierras?

Hay denuncias de anteriores propietarios que han presentado que según ellos corresponde a su propiedad. La Empresa Agrícola Chicama presentó una demanda y el contrato dice que tiene que entregarse los terrenos libres.

¿Cuántas áreas están en litigio?

16 mil hectáreas de las nuevas.

¿Qué busca la empresa?

Ellos alegan que son sus tierras. La Reforma Agraria expropió  áreas, pero Chicama también tenía áreas eriazas. Luego, se dieron cuenta de que no podían expropiar áreas eriazas. Lo que hicieron es reversión al Estado, pero no cerraron la partida de la empresa, sino que crearon otra partida y la inscribieron. Ellos dicen que son sus tierras.

¿Se comenzará la venta de tierras?

De la primera etapa y segunda, sí, pero las hace Proinversión.

¿Y la tercera?

La tercera etapa todavía nada. Se va a dar cuando esté el canal. ¿Quién compraría tierras sin canal?

¿Cuál es el estado de las obras? ¿Quién hace el mantenimiento de las obras avanzadas?

Está [todo] paralizado. La paralización la decidió unilateralmente la concesionaria en diciembre pasado. Le hemos comunicado que no tienen ningún derecho de paralización. Ellos alegan que tiene que firmarse la segunda adenda y que mientras no se firme, no se va a continuar con las obras. Sin embargo, el contrato por ahora está vigente y eso es lo que estamos reclamándole, que todos los costos tienen que asumirlos.

¿Cuál es su relación con la concesionaria?

Hace poco hemos estado en reuniones pero en el tema de la adenda. Entiendo que ellos quieren la adenda para poder vender sus acciones, porque si no la tienen, ¿qué van a vender? Porque este es un tema complicado por las condiciones que se firmó este contrato. Para la construcción de la presa se usa un préstamo de la CAF. Ellos [la concesionaria] hasta ahora no ponen un sol. Todo lo que se ejecutó se hizo con dinero del Estado.

Sin embargo, se le dio una concesión de la primera y segunda etapas, que cuesta cerca de US$1.000 millones; se le dio la mitad de la tercera etapa, que es dinero del Estado por US$374 millones, y ellos solo invierten en el canal por US$342 millones e iban a tener la concesión de todo el proyecto. El canal todavía no se ha hecho, por lo que la concesionaria no pone ni un sol hasta ahora.

¿Intuye que hubo prácticas de corrupción en este proceso?

No le estoy diciendo esto, pero no se firmó un contrato en las condiciones muy favorables para la región y el país.