Caroline  Gibu

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, el ministro Otárola anunció que iniciará un amplio proceso de diálogo y concertación nacional. La pregunta que nos hemos hecho varias veces a través de esta columna ha sido cómo hacer que en el Estado se pase del diálogo de la emergencia a espacios permanentes y efectivos para resolver las principales demandas ciudadanas.

Mirando hacia el futuro, una de las principales lecciones que nos dejan los dolorosos acontecimientos de los últimos días es que los diversos actores de la sociedad (Estado, empresa, la sociedad civil y la academia, entre otros) debemos defender un espacio cívico saludable. Tal como lo dice la OECD en su última publicación “Construyendo confianza y reforzando la democracia”, “garantizar un espacio cívico saludable es una condición previa para la participación ciudadana. Se trata de crear el entorno necesario en el que las personas puedan ejercer sus derechos democráticos”.

Los espacios cívicos saludables se sustentan en el respeto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y reunión, la libertad de prensa, el Estado de derecho y la no discriminación. No puede existir confianza y diálogo si no se generan compromisos de todas las partes por el respeto a dichos derechos.

Con todo, creo que se debe trabajar además en reforzar la transparencia y el acceso a la información como pilar para sostener nuestro espacio cívico antes del diálogo. Aportar proactivamente por la comunicación y difusión de información oportuna y precisa ayuda a combatir las ‘fake news’ y otras formas de desinformación, cuyos efectos solo agravan las crisis. Y no cabe duda de que la pandemia del COVID-19 nos enseñó que las noticias falsas e información errónea tienen consecuencias nefastas en nuestra población. La transparencia y acceso a la información son tan importantes en tiempos de crisis como en tiempos de calma.

Y es quizá la poca importancia que le han dado el Poder Ejecutivo y Legislativo en el último año y medio a la transparencia y al acceso a la información por parte de los medios de comunicación y la ciudadanía que la confianza se ha deteriorado aún más. Recordemos, solo por citar un ejemplo, que en meses pasados se llevaban a cabo reuniones de la PCM en regiones, donde solo eran invitadas algunas organizaciones y medios de comunicación locales sin capacidad de réplica o información para el seguimiento de acuerdos.

Por ello, los servidores públicos que acompañan al actual Gabinete deben insistir en fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información, utilizando formas apropiadas para la comunicación de acuerdos y seguimiento de los mismos, y comprometerse a rendir cuentas en el corto y mediano plazo. Las tecnologías de información y la digitalización pueden ayudar a que todo ello tenga trazabilidad.

Culmino este artículo recordando a las víctimas de la violencia que no estarán en casa para celebrar con sus familias estas fiestas. Pero también con la esperanza de que reconozcamos que nuestra prosperidad individual es sostenible solo si toda la sociedad también es próspera y podamos construir un camino de paz.

Caroline Gibu es directora ejecutiva de Ciudadanos al Día

Contenido Sugerido

Contenido GEC