El pedido a Lozano, una renuncia “sorpresa” y los planes inmediatos: lo que no se vio de un Directorio de urgencia en la FPF
En tres semanas, el Congreso podría tener listo el dictamen final de la nueva ley de contrataciones, con lo cual podríamos tener una nueva normativa antes del cierre de legislatura en julio próximo. El estudio de esta fórmula legislativa está en manos de la Comisión de Economía y de la Comisión de Descentralización, cuyos presidentes coincidieron en afirmar a El Comercio que se plantea cambiar el 80% de la actual norma que data del 2014 en el gobierno de Ollanta Humala y que ha sufrido una serie de parches desde entonces.
MIRA: Una moneda digital en el Perú: ¿a qué ciudades apunta el proyecto piloto? El BCR lo explica
Los presidentes de las referidas comisiones, Alejandro Cavero (Descentralización) y César Revilla (Economía) tienen claro el principal punto de cambio en su fórmula: la reforma de la entidad encargada de las compras estatales, que cambiará de nombre, de Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), a Organismo Especializado en Contratación Eficiente (OECE).
“Más que el nombre, es el concepto de su función. Se apunta a que no sea un ente solo vea supervisión y sanción como ahora, sino que se transforme en un órgano de acompañamiento a la ejecución correcta del presupuesto estatal, sobre todo a los gobiernos regionales y locales”
Alejandro Cavero, congresista.
Jorge Zapata presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, agrega que el cambio de OSCE también debe considerar que esta entidad haga un seguimiento al expediente técnico. “Se debe revisar que sean idóneos y que hayan sido encargado a empresas cuyos consultores son especializados. Que se vaya al terreno y se verifique que el expediente sea adecuado. Hay muchos expedientes que, a veces, son ‘copy-paste’ y eso no puede ser”, aseveró.
Modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado. (Infografía: Raúl Rodríguez)
Otro punto clave al que apuntan ambas comisiones es evitar que los funcionarios terminen en procesos de Contraloría.
“Buscamos que esté bien explícito la participación de los funcionarios para evitar sanciones. Existen situaciones donde se resuelven entrampamientos para avanzar el proceso, y no merecen sanciones o un proceso de dos meses”, sostuvo Revilla.
Al respecto, Cavero complementó que apuntan a que el control sea estrictamente de legalidad y no en la discrecionalidad del funcionario.
Para Zapata, el perfil de Contraloría debe ser velar por que la obra se ejecute bien y no por la sanción del funcionario. “Yo no comparto que las metas de la Contraloría sea sancionar funcionarios”, agregó.
En tanto, para Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, es importante que la Ley de Contrataciones deje de lado la visión punitiva. Algo a lo que se ha llegado con los constantes cambios.
“Debemos dejar de lado la visión de que el Estado termine teniendo una relación conflictiva con las empresas contratistas y ejecutoras de proyectos. En la legislación peruana estamos acostumbrados a llenar de requisitos. Eso ha generado que quienes lo cumplen, está tan encorsetada en un contrato que teme a la penalidad. Eso es justamente lo que no se debe hacer. Se deberían incorporar una visión más de proyecto y menos legal de pelea entre las partes”, afirmó.
Carillo detalla que es precisamente ante los cambios a la Ley de Contrataciones que se han perdido los incentivos. “La ley de Contrataciones mueve un gran porcentaje de obras públicas. Para proyectos de medianos a grandes, esta ley ya no genera los incentivos adecuados para contratar empresas serias que ejecuten las obras a tiempo. El resultado es lo que estamos viendo: proyectos paralizados y obras que no se pueden ejecutar. Tal es así que las obras que sí se ejecutaron se han hecho con mecanismos contractuales que están fuera de la Ley de Contrataciones”, afirmó.
Otros cambios
Uno de los pedidos de cambio más constante que han recibido en las sesiones conjuntas tiene que ver con la reforma de PerúCompras, el catálogo electrónico que otorga proveedores de bienes y servicios a las entidades pública.
Según los congresistas entrevistados, los alcaldes acusaron que los precios que encontraban en dicho catalogo eran más elevados que en el mercado regular, y siempre termina siendo objetados por ese aspecto. Para este punto, desde el Congreso se planteará incorporar la “facilidad de uso” de la plataforma digital con el fin de buscar ampliar la oferta.
En lo que respecta a sanciones, Cavero adelantó que las inhabilitaciones aplicarán no solo para las empresas sancionadas, sino para todas las firmas de su grupo económico en el mismo rubro. Mientras que se buscará mayor transparencia en los contratos gobierno a gobierno, y en las compras menores de los gobiernos regionales y subnacionales.
Revilla detalló que, en las sesiones conjuntas, el sector Vivienda ha pedido simplificación administrativa para resolver las controversias en máximo una segunda instancia, y así evitar paralizaciones. Mientras que el sector Transportes ha solicitado que los adicionales de obra no tengan límites. “La salida podría ser que, cuando el adicional pasa el 50% del costo, la autorización deba pasar a la Contraloría y ya no solo a la unidad ejecutora”, dijo el titular de la Comisión de Economía.
A ambas comisiones solo les falta recibir al ministro de Economía, José Arista, para quien han programado una cita el próximo lunes 29. Revilla indicó que el principal punto de discordia con el MEF -en las reuniones técnicas sostenidas hasta la fecha- tienen que ver con la independencia de la nueva OECE, pues dicho ministerio tiene direcciones que velan también por las compras estatales.
Cabe precisar que desde el Ejecutivo, se han aplicado cambios al reglamento de la Ley de Contrataciones. El Ministerio de Economía, mediante decreto supremo, ha permitido la aprobación parcial de expedientes técnicos así como la obligatoriedad de la Junta de Resolución de Disputas.
“Antes una obra se paralizaba y se iba a arbitraje. El árbitro es alguien que nunca ha visto la obra y recién se tendrá que empapar del tema y demora en resolución. En cambio, la Junta de Resolución de Disputas acompaña el proyecto desde el inicio y va evaluando qué puntos pueden generar problemas y resuelven de forma más rápida. Esto es algo positivo y lo que ha hecho el MEF es incorporarlo para obras bajo determinado umbral”, comenta Carrillo.
Sobre la aprobación parcial, Carrillo también consideró que son cambios positivos. “Hay proyectos grandes donde tiene sentido aprobaciones parciales. Eso tiene lógica y discrepo que estas aprobaciones solo se le permitan a Gobiernos regionales que han cumplido con ejecutar cierto porcentaje de su presupuesto. Las aprobaciones parciales deben depender del tipo de proyecto, no de qué Gobierno Regional lo ejecuta”, explicó.
