Contralor señala que deben regularse los proyectos ejecutados bajo la modalidad de gobierno a gobierno

El contralor general Nelson Shack señaló que es el momento para que en el Perú se emita un marco legal que regule la ejecución de inversiones bajo la modalidad de acuerdo de gobierno a gobierno. Esto debido a que se han anunciado nuevos proyectos bajo esta figura contractual y solo existe un artículo en la Ley de Contrataciones referido a este tema.

“Cada vez se están generando nuevos convenios y creemos que es necesario que se emita una ley que la regule y establezca cuál será el procedimiento del control para este tipo de inversiones”, sostuvo Shack ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

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Si bien anotó que los convenios de gobierno a gobierno son una de las tantas modalidades que existen para realizar contrataciones de servicios u obras públicas, no está definido el acceso de la Contraloría General de la República (CGR) para que efectúe su función de control gubernamental al gasto público.

Al mismo tiempo, anotó que “la falta de transparencia y rendición de cuentas, en esta materia, afecta el trabajo de la CGR y la posibilidad de conocer la real ejecución de las obras”.

Como se conoce, en junio de este año se suscribió convenio con Francia para la ejecución de obras en el Hospital Lorena del Cusco, y con el Reino Unido, para la Reconstrucción del Norte. Además, se ha anunciado la suscripción de próximos contratos de gobierno a gobierno en el caso de la construcción de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, así como la Carretera Central.

Presentarán proyecto de ley

El contralor general adelantó que presentará un proyecto de ley para formalizar los procesos de control gubernamental en dicha modalidad de contrato, con el propósito que la Contraloría General pueda emitir un informe previo con carácter vinculante antes de la suscripción de los convenios.

Dicha propuesta también planteará el acompañamiento del control concurrente, permitir el acceso a la información para la realización de acciones de control, e incluir una cláusula anticorrupción en el contrato o convenio de manera obligatoria que permita la participación del máximo organismo fiscalizador del país.

Indicó que en el caso de los Juegos Panamericanos, cuyas obras se ejecutaron por medio de un convenio entre nuestro país y el gobierno del Reino Unido, los beneficios del control concurrente fueron significativos para alertar oportunamente sobre hechos que podían afectar la finalidad pública y que sean corregidos oportunamente, pero dicha participación fue gracias a un acuerdo entre la Contraloría General, la unidad ejecutora de la obra y los funcionarios y representantes del gobierno británico.

Cuenta general

De otro lado, Shack presentó los resultados a la Cuenta General de la República correspondiente al año 2019, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, tras analizar información de una muestra de 2.430 entidades públicas integradas del universo total de 2.503.

Señaló que el dictamen referido a los Estados Financieros y Estados Presupuestarios es con “abstención de opinión”, debido a que la Contraloría no tuvo el acceso suficiente y apropiado para evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de la actuación de las entidades públicas en el ejercicio fiscal.

Explicó que en el caso de los Estados Financieros, no se obtuvo principalmente evidencia que permita emitir opinión sobre la razonabilidad de diversas cuentas del activo por un importe de S/18.629 millones, por diversas limitaciones, falta de acceso a la información por el principio de reserva tributaria, incertidumbre de valor por deterior de activos fijos, falta de soporte documentario en cuentas por cobrar de años anteriores y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal, situación que se vio afectada también por la pandemia del COVID-19.

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También informó que se identificó que diversas cuentas se encuentran sobreestimadas y subestimadas por S/70 millones y S/1.791 millones, respectivamente. Tampoco se integró a 43 sociedades de beneficencia que al 31 de diciembre del 2017 contaban con un activo de S/9.065 millones, y un pasivo y patrimonio por S/79 millones y S/8.985 millones, respectivamente, debido a que, si bien reciben recursos del Estado, no son consideradas como entidades públicas, según el Decreto Legislativo N° 1411.

En el caso de los Estados Presupuestarios, se determinó la falta de evidencia suficiente y apropiada para analizar el importe de S/4.069 millones, relacionados a limitaciones en partidas presupuestarias de ingresos, entre otras situaciones.

Asimismo, Shack señaló que debido a la pandemia COVID-19, se retrasó la ejecución y emisión de dictámenes de auditoría a los estados financieros y los estados presupuestarios que aún están en ejecución.

Para el caso de los estados de Tesorería y los estados de la Deuda Pública, se emitió dictamen limpio, es decir, que dichos estados han sido preparados y presentados razonablemente en todos los aspectos, conforme a la información financiera aplicable.

A fin de superar las situaciones advertidas, la CGR dijo que se emitieron recomendaciones, como por ejemplo al MEF, para que impulse el seguimiento a la ejecución y programación de recursos de inversiones públicas a fin de mantener actualizada la información del aplicativo informático SSI.

También que el Ejecutivo disponga que la Dirección General de Contabilidad Pública emita lineamientos que permita que los Pliegos registren en su rendición de cuentas, aspectos relacionados con las Controversias Internacionales de Inversión a cargo de esos pliegos y cuya representación la ejerce la Comisión Especial encargada de la Representación del Estado en Controversias Internacionales de Inversión - Ceerecii.

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