Contraloría realiza observaciones al acuerdo por nueva Carretera Central, ¿qué implicancias tiene?

A pocos días de firmarse el contrato de Gobierno a Gobierno (G2G) para la nueva Carretera Central entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el gobierno de Francia, la Contraloría de la República advirtió que la propuesta no cumplió con todos los requisitos exigidos en la normativa.

Según informe, la omisión del ‘Nuevo Alcance Integrado’ afectaría la evaluación económica al establecer las condiciones que deben cumplir los países que contratan con el Perú. La Contraloría indicó que la propuesta económica deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, costos laborales.

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Como idea general, Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de ProInversión, señaló que no sorprende que el gobierno francés o cualquier otro, ponga una salvedad respecto a los costos, porque como ya sabemos los estudios de formulación a nivel técnico son muy pobres.

“Para muestra, tenemos el ejemplo de la Reconstrucción del Norte donde gran parte de la demora es porque el gobierno británico y los consultores han revisado la calidad de los estudios técnicos y prácticamente los están volviendo a hacer. No están bien hechos, y no tienen el nivel de calidad requerido”, expresó el especialista en infraestructura.

Dijo también que la Contraloría no necesariamente tiene todo el expertise en este tema, y espera que el gobierno le dé la oportunidad de responder al MTC. “En ProInversión, muchas veces la contraloría observaba conceptos básicos de APP, y teníamos que responderle y darle todas las explicaciones, pero ellos solo reciben tu descargo”.

Ñecco puso como ejemplo un túnel, donde hay riesgo geológico, porque no se sabe si hay un bloque de granito dentro de la montaña que va a costar mucho perforar. Refirió que ese tipo de riesgos no es eficiente transferirlo, porque quien hace la obra lo va a cotizar más alto para cubrirse. En esa línea, precisó que se debe ver cuáles son esas partidas o esos riesgos como para saber si es que hay algunas que pueden considerar un tema de ajuste.

Lo otro que apuntó es que el proceso de G2G, por lo menos en el MTC, sí está estandarizado. Hay una directiva interna que funciona como procedimiento de cómo convocar a los gobiernos para el G2G, pero todavía es un proceso del que se tiene que aprender mucho.

“No hay que olvidar que el gobierno francés ya ganó [la licitación de] dos hospitales del Minsa [Antonio Lorena en Cusco y Sergio Bernales en Lima] y ya conocen el tema. No es la primera vez que están haciendo esto. Quisiera ver la respuesta del MTC y darle la posibilidad que levante las observaciones, y entender que los niveles de estudios no son óptimos”, sostuvo.

Solicitó que en todo caso se maneje de una manera más prudente el proceso. La Contraloría tiene la responsabilidad de emitir estas opiniones, pero no quiere decir que lo que ha advertido sea así. El MTC tiene la capacidad de responder y explicar, manifestó.

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DAÑO REPUTACIONAL

Por su parte, Javier Correa, socio de Emedos y exfuncionario de ProInversión, sentenció que este tema debe desembocar en un proceso administrativo sancionador a los funcionarios que hicieron la evaluación, al ser un tema interno del gobierno. “El MTC es responsable, y podría generarle un daño reputacional al país que debe investigarse”, manifestó.

El experto se refirió a los términos del acuerdo donde se menciona una actualización mensual de precios, en función a una fórmula. Señaló que en el mundo de la construcción esto se usa mucho porque se está adjudicando un contrato en un año diferente al de la construcción (2022). “Cuando no hay claridad respecto a la fecha de inicio, se utiliza esta fórmula polinómica de ajuste por la inflación, porque obviamente los precios no van a ser los mismos que del 2022 o 2023”, puntualizó.

Asimismo, le llama la atención que se hable de fijar el costo total. Adujo que debería estar siempre que las bases lo indiquen. Señaló que aquí se debe ver qué tan maduras han estado las bases y el proyecto. Para Correa, estas han sido aprobadas por el MTC, y el responsable de defender el proyecto es el ministro de Transportes.

“Ha sido un concurso multimillonario, y las empresas españolas y coreanas podrían sentir que hay vicios, y podrían llamar a la nulidad del contrato y reevaluar al ganador. Pero hay que ser responsables. No se trata de descalificar ganadores porque es antojadizo, si todos compitieron bajo las mismas reglas y ganó el gobierno francés, ¿para qué van a eliminar el concurso?”, sostuvo el especialista.

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