La Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) solicitó formalmente al Congreso de la República que las excluyan de la ley que aplica topes a las tasas de interés.
Como se recuerda, el pasado jueves 11 de marzo, el Pleno aprobó el dictamen de insistencia de esta propuesta legislativa, luego de que el Ejecutivo la observara.
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La Fenacrep ha remitido oficios a tres mesas de trabajo del Legislativo respaldando su exclusión en que “son organizaciones formadas exclusivamente por sus socios (no operan con el público), brindando servicios financieros en las condiciones que ellos mismos establecen”.
“Nosotros estamos en lugares, incluso, donde el Banco de la Nación no llega”, indicó Manuel Rabines, gerente general de la Fenacrep, en diálogo con El Comercio.
En detalle, Rabines explicó que en este segmento los servicios y precios se determinan vía consejos y asambleas entre los asociados.
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En este sentido, dijo que -para llegar a cubrir los costos operativos- los intereses son altos, pero conforme vayan creciendo (sumando asociados) éstos irán reduciéndose.
“Si se ejecuta este control en las tasas de interés, van a afectarse más de 200 cooperativas que cobran un interés significativamente alto, mientras se llega al punto de equilibrio. En promedio para consumo los intereses son de 18% y 24% anual”, indicó.
“No vemos por qué una ley debe considerar a una entidad de socios. Grupos humildes no podrán tener acceso a créditos. [Bajo nuestros mecanismos] se garantiza préstamos entre socios. No atendemos al público, tampoco captamos recursos del público”, complementó.
Rabines también destacó que como parte de la industria financiera están en contra de todo tipo de norma que viole los principios de oferta y demanda.
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IMPACTO DESIGUAL
Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, explicó que las tasas de interés responden al perfil financiero y riesgo que representa cada persona para la entidad. En este sentido, sostuvo que esta medida impacta en mayor grado a las entidades financieras que cubren el segmento de menor capacidad económica.
Así, indicó que los bancos son los que llegan al segmento A/B y alguna parte del C y donde las tasas de interés son menores respecto a las que ofrecen otros tipos de entidades financieras. Agrego que las que cubren el segmento C aplican una tasa de interés alta en respuesta a los costos operativos de su negocio, pues de otro modo operarían a pérdida.
“Los que entran en los segmentos de menor capacidad económica son las cajas [municipales], microfinancieras y demás. Allí se cobran más por créditos personales, debido a los perfiles financieros. Pero los tickets son muy chicos. Con líneas de crédito de S/1.000 otorgan tasas de intereses que oscilan entre el 100% y 200%”, apuntó Castellanos.
A su turno, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), indicó que en su caso se afectará a un gran grupo de emprendedores que acceden a créditos con una tasa de interés en promedio de 32%.
“Si alguien se presenta por primera vez al sistema financiero sin ninguna información crediticia es complicado prestarle por la baja confianza que genera. Sin embargo, hemos ido abriendo el mercado para que más emprendedores accedan a créditos y a mejores tasas. Las tasas que hoy tenemos no significan usura, sino que son un reflejo del riesgo que hay en este mercado”, explicó Delgado.
El ejecutivo de Asomif además criticó que esta propuesta legislativa es dañina para el sistema financiero.
“Si el Congreso quisiera hacer algo al respecto, apuntaría a los préstamos informales, a los ‘gota a gota’. Con esta norma, el Congreso promueve que las personas acudan al segmento informal, donde no hay entidad a la cual acudir para presentar quejas”, refirió.
CONTRASENTIDO
En el supuesto de que esta norma entre en vigencia, Castellanos indicó que los efectos no se verían en el corto plazo.
“El BCR tendría que regular y adecuar un reglamento. Ahora, un aspecto importante es que la actual administración del BCR aplicaría esta norma de un modo tal que no se perjudique al sistema financiero. Sin embargo, el riesgo viene a partir del ingreso de un nuevo gobierno que quiera cambiar este directorio”, anotó.
Castellanos también dijo encontrar un contrasentido en la iniciativa de facultar al Banco de la Nación para que compita con las entidades del sistema financiero.
“Se habla de permitir que una entidad pública como el Banco de la Nación compita para que ofrezca mejores tasas de interés. Pero lo cierto es que hoy operan las cajas municipales, que son propiedad del Estado, y también ofrecen tasas de interés ‘leoninas’ como dicen en el Congreso”, apuntó.
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