El abogado penalista Carlos Caro explicó que la especulación está incluida como un delito en el Código Penal (artículo 234). Sin embargo, en la práctica no puede sancionarse porque ha perdido validez, dado que el Gobierno ya no fija precios. (Foto: AFP)
El abogado penalista Carlos Caro explicó que la especulación está incluida como un delito en el Código Penal (artículo 234). Sin embargo, en la práctica no puede sancionarse porque ha perdido validez, dado que el Gobierno ya no fija precios. (Foto: AFP)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Este viernes 22, se debatirá en el Pleno del el proyecto de ley 731/2016-CR, que recoge una serie de propuestas para sancionar el , la y la adulteración de bienes esenciales (como los ) en zonas declaradas en estado de emergencia, para aprobarlo por insistencia.

Como se recuerda, esta propuesta fue observada por el Ejecutivo en el 2017, en el marco del fenómeno de El Niño costero. El Legislativo había aprobado sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes incurran en estas acciones.

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En el Pleno de este viernes se sumarán diversas iniciativas en la misma línea. Existen al menos 13 propuestas con el mismo objeto planteadas desde que se inició el estado de emergencia en el país a causa del .

El y la también han hecho llegar iniciativas similares. , defensor del Pueblo, comentó a El Comercio que exhortarán al Congreso para que incluyan su propuesta en el debate, que promueve sanciones administrativas, mas no penales.

“Nuestro proyecto no plantea un control de precios, utiliza las propias herramientas del mercado para sancionar la especulación y el acaparamiento. Plantea que se sancionen administrativamente los casos de especulación y acaparamiento”, precisó Gutiérrez.

EL DEBATE REAL

El abogado penalista Carlos Caro explicó que la especulación está incluida como un delito en el Código Penal (artículo 234). Sin embargo, en la práctica no puede sancionarse porque ha perdido validez, dado que el Gobierno ya no fija precios.

En tanto, el acaparamiento fue derogado de la norma en el 2008, durante el gobierno de , y para aplicarlo se debería restituir. Al respecto, Caro detalló que con la “última fórmula” no podría aplicarse porque se necesitaría una lista de productos y de precios.

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En esta línea, Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que las experiencias previas de fijar precios demuestran que los productos sobrerregulados terminan en los “mercados negros”, con lo cual los consumidores se afectarían más.

“No es bueno llegar a estas soluciones que ya se intentaron y no se dieron. En la historia se ha intentado 500 veces y las 500 veces ha fallado”, remarcó.

Macera agregó que otro aspecto que vuelve imposible la fijación de precios es que cada punto de venta en el país asume distintos factores en su cadena logística para poder ofertar un producto.

“Tal vez algunos proveedores podrán ofertar al precio fijado, pero a otros se les hará difícil porque tienen cadenas logística distintas. Un precio puede ser distinto en otro lado por varios factores. Es imposible saberlo ex-ante. Así se está quitando el incentivo a los productores de venderlo y se agrega incertidumbre en los consumidores”, explicó.

Hoy se debatirá en el Pleno del Congreso el proyecto de ley 731/2016-CR, que recoge una serie de propuestas para sancionar el acaparamiento, la especulación de precios y la adulteración de bienes esenciales (como los medicamentos) para aprobarlo por insistencia. (Foto: Congreso de la República)
Hoy se debatirá en el Pleno del Congreso el proyecto de ley 731/2016-CR, que recoge una serie de propuestas para sancionar el acaparamiento, la especulación de precios y la adulteración de bienes esenciales (como los medicamentos) para aprobarlo por insistencia. (Foto: Congreso de la República)

A su turno, la congresista Carmen Omonte (Alianza Para el Progreso), autora de la primera propuesta en esta materia de este nuevo Congreso, indicó que el fondo de la iniciativa apunta a dotar de herramientas al Estado para poder sancionar estas acciones, con penas como la cárcel.

“En este momento, el Estado no tiene las herramientas y [la norma] busca que las autoridades las tengan para poder sancionar estas acciones”, refirió la legisladora.

También señaló que para evitar fijar precios se podría optar por informarlos públicamente. “El Congreso hace la ley, pero quien reglamenta es el Ejecutivo. Esa será su responsabilidad”, manifestó Omonte.

Por último, la congresista reveló que desde Alianza Para el Progreso existe la voluntad de apoyar el fondo de esta propuesta. Añadió que -de acuerdo a las conversaciones en las comisiones que ha asistido- Acción Popular, Frepap, Frente Amplio, Somos Perú y Unión por el Perú también se sumarían.

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¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

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