Créditos: ¿Qué consecuencias traería entregarlos desde el Estado?

Informe El Comercio-IPE

En su discurso presidencial, Pedro Castillo señaló la necesidad de que el Estado asuma el financiamiento directo de créditos a los segmentos menos atendidos por el sistema financiero. Sin embargo, la experiencia previa del Estado peruano en este tipo de préstamos ha sido, en el mejor de los casos, desfavorable.

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Las entidades prestadoras estatales han mostrado una serie de errores. Entre ellos, no otorgar créditos bajo una lógica de rentabilidad financiera positiva; no tener políticas de cobranza adecuadas; reprogramar recurrentemente deudas, lo que lleva a que los préstamos no sean devueltos; y no evaluar apropiadamente los riesgos de los acreedores. De esta manera, en caso el gobierno impulse los préstamos estatales, los escasos recursos del Estado podrían no ser asignados eficientemente hacia fines productivos.

Experiencias pasadas

Una de las experiencias que ofrece evidencia de la débil capacidad del Estado para actuar como intermediario financiero fue el Banco de Materiales (BanMat). Este fue creado en 1980 con el objetivo inicial de prestar materiales de construcción pero luego otorgó créditos para vivienda y autoconstrucción a familias de bajos ingresos. El BanMat –que nunca fue regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– estuvo marcado por la poca transparencia en sus operaciones, sin validación de auditores externos.

Según estudios del economista Felipe Morris, como resultado de los préstamos a tasas de interés subsidiadas y una política de cobranza poco estricta, el BanMat alcanzó niveles de moratoria de alrededor del 90%, por lo que se llevó a cabo programas de condonación de deudas en varias ocasiones. Además, fue foco de diversos casos públicos de corrupción entre sus funcionarios. En 2012, la reconstrucción de sus estados financieros reveló un patrimonio negativo de S/ 229 millones, luego de lo cual se decretó el inicio de su liquidación, la cual continúa hasta hoy bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE).

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Otro caso similar de banca estatal ineficiente es el Banco Agropecuario (Agrobanco), el cual ha sido sucesor del antiguo Banco Agrario, liquidado en 1992 por enfrentar enormes pérdidas y ser una de las principales fuentes de la emisión monetaria que llevaron a la hiperinflación de fines de los años ochenta.

Agrobanco fue establecido en 2001 para atender las necesidades de financiamiento de aquellos productores agrícolas y pecuarios que no cumplen con los requisitos crediticios exigidos por el sistema financiero tradicional. Ello se dio a pesar de que el Estado pudo tomar otras medidas para corregir esta situación sin necesidad de fundar una banca estatal propia. Por ejemplo, si el problema de acceso para los agricultores hubiese sido la falta de garantías, el sector público podría haberlas otorgado a las entidades financieras privadas, como en el programa Reactiva; en caso las tasas de interés hayan sido muy elevadas, pudieron ser subsidiadas acorde a las necesidades de los productores.

Luego de 19 años de operaciones, los resultados de este modelo de negocio exhiben deficiencias de gestión, las cuales se reflejan en unos altos niveles de morosidad y una rentabilidad negativa en comparación a otras instituciones financieras estatales. En efecto, entre el 2017 y 2019, el porcentaje de créditos atrasados de Agrobanco se incrementó poco más de 50 puntos porcentuales y, a diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, este ya alcanzaba el 84,6% del total de colocaciones.

Asimismo, a mayo del 2021, la morosidad presenta un nivel de 85,2%, más de doce veces por encima del promedio de las microempresas en el sistema financiero (6,6%). Más aún, a pesar de que las pérdidas netas se han reducido durante los últimos años, estas ascienden al 38,2% del patrimonio de Agrobanco.

Hacia una mejor gestión de recursos

En el caso particular del apoyo a la agricultura, el presidente propuso adicionar S/ 3 mil millones al Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro). Este es un programa creado en el 2020 con el objetivo de garantizar créditos a bajas tasas orientados a financiar las campañas de los pequeños productores agropecuarios afectados por la pandemia.

Sin embargo, a la fecha, el FAE Agro solo ha colocado cerca de S/ 230 millones de los S/ 2 mil millones que tenía asignado distribuir, un 11% del total. En ese sentido, es evidente que el programa no requiere de mayores fondos, sino de una mejora en el diseño y gestión que tome en cuenta las condiciones de acceso al sistema financiero en el sector agropecuario.

De esta manera, es importante que el sector público se concentre en la consolidación de mecanismos financieros de “segundo piso”, que canalicen préstamos a través de entidades financieras privadas. La ventaja de ello es que las instituciones privadas cuentan con mejores incentivos para proveer créditos que después puedan ser repagados. Según el BID, existen experiencias en la región en la que este tipo de intervenciones han logrado efectos positivos en la inclusión financiera de pequeños agricultores.

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Un ejemplo peruano de que este tipo de esquema puede funcionar es la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). El ser únicamente una institución de “segundo piso” –y no un prestador directo a empresas y entidades financieras, como ocurrió en décadas pasadas– le ha permitido tener niveles de morosidad similares a los del promedio de la banca múltiple y considerablemente inferiores a los de Agrobanco.

En un contexto de mayor profundización del sistema financiero privado, estos esquemas representan mejores alternativas para la asignación de recursos que regresar a los experimentos fallidos de banca estatal en el pasado. Por el contrario, la ruta del gobierno entrante debería pasar por adoptar medidas que incrementen la competencia en el sistema financiero y que tendrían un mayor éxito para el objetivo de cerrar las brechas de acceso al crédito en la población más vulnerable.

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