Crisis política y frustración económica: dos caras de una misma moneda, por Juan José Marthans

Hoy más que nunca, la problemática económica de Perú se encuentra vinculada a los obstáculos generados por nuestro frente político. En la actual coyuntura, la incapacidad para definir un Gabinete Ministerial idóneo, los signos de mercantilismo tanto en la esfera del Ejecutivo como del Legislativo, los serios indicios de corrupción en diferentes niveles del frente público, el desgobierno, la inseguridad y la ausencia de direccionalidad y liderazgo vienen restándole valor a nuestra economía. Hemos pasado de ser la economía que lideró el crecimiento de la región durante las dos últimas décadas, a una que únicamente bordearía la media latinoamericana.

Aunque muchos podrían pensar que sus secuelas se observarían exclusivamente en el corto plazo, la verdad es que, de no haber un cambio sustancial en el escenario político en general, el impacto negativo sobre la actividad económica se trasladará al mediano y largo plazo. Permítanme algunas reflexiones sobre tres casos puntuales para introducirnos en el entendimiento de esta problemática: el proceso de licuación de nuestra inversión privada, la incapacidad para relanzar la inversión pública y el desastre detrás de la regionalización.

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Primero, nuestro Banco Central de Reserva (BCR) estima que la inversión privada para el período 2022-2023 experimentará una pobre expansión promedio de solo 1,0%. En condiciones normales, cuando los precios de los minerales están a nuestro favor, como hoy en día, su expansión promedio anual es no menor del 11%. Es decir, alrededor de 10 veces mayor de la que se nos ha anunciado para el bienio. Como es conocido, la irresponsabilidad de satanizar la inversión privada, auspiciar cambios integrales a nuestra Constitución y designar cuadros de gestión gubernamental con escasa competencia están detrás de esta pobre performance. En resumen, en el corto plazo nuestro frente político gubernamental degrada nuestras posibilidades de recuperación económica. La posición en el tramo pesimista de las expectativas empresariales a tres meses lo dicen todo.

Segundo, en el caso de la inversión pública, más allá de los aspavientos mediáticos del Gobierno, nuestro BCR espera que crezca únicamente 3% promedio para el 2022-2023, es decir, casi la tercera parte de lo que usualmente crece en el tramo expansivo del ciclo económico. Este pobre desempeño esperado tendría su origen en dos males estructurales: la inexistente capacidad de gestión en nuestro sector público y la corrupción que campea en muchos de sus frentes. Estas conocidas limitaciones no se enfrentan con una perspectiva de solución de mediano plazo, reflejando un modus operandi de los políticos de turno en diferentes gobiernos. Conclusión, en una perspectiva de mediano plazo, nuestro frente político también ha sido incapaz de generar las condiciones apropiadas para solucionar estas trabas detrás de la inversión pública.

Tercero, pretender solucionar temas relacionados con la insuficiente productividad, la informalidad, la inseguridad, el déficit de infraestructura, la asimetría en la prestación de salud, educación, justicia, sin modificar la estructura misma del sector público, es un absurdo. La receta para el largo plazo siempre es la misma: debemos incrementar los niveles de productividad y competitividad. Eso lo sabemos todos. El tema es que ello es inviable sin una reforma integral del Estado. Debemos entender que la actual estructura, dimensión, organización y calidad de gestión del sector público no apoya la creación de una real economía de mercado. Solo un caso a modo de ejemplo: la inoperancia de nuestro proceso de regionalización. Esta limitación se mantiene por años a vista y paciencia de nuestra clase política.

Pues bien, la pregunta es: ¿podemos emprender un proceso de reconstrucción nacional perfilado para el corto, mediano y largo plazo dadas las carencias de nuestra realidad política dentro del actual gobierno y más allá del mismo? La verdad, más allá del desastre del desgobierno actual, requerimos a futuro redefinir nuestra realidad política para generar condiciones que nos permitan alcanzar una verdadera economía social de mercado.

Lo que tenemos en nuestro frente político hoy son un manojo de agrupaciones representativas de intereses de grupos. Se accede al Congreso para proteger intereses particulares relacionados con la inadecuada educación, con la protección de la minería informal, con la perpetuación clandestina del narcotráfico, con la consolidación de medios de transporte informales, y con la deficiente lucha contra la inseguridad y crimen organizado. Lo que tenemos en nuestro frente político carece de una apropiada base institucional, al mostrar dependencia de caudillos de turno. En ese escenario, por ejemplo, los peruanos no disponemos de mecanismos que permitan el acceso libre, transparente y bien organizado de nuevas propuestas partidarias, y no podemos renovar, con celeridad, cuadros gubernamentales o congresales que, una vez electos, disienten del interés nacional.

Debemos aceptar que la grave crisis de hoy también es el reflejo de la ausencia de una clase política madura y bien estructurada. Debemos aceptar que el daño que se viene generando hoy trasciende al corto plazo. Debemos aceptar que sin cambios en nuestro escenario político será imposible generar la sostenibilidad y progreso económico deseados. La crisis política y la frustración económica creciente son dos caras de una misma moneda. ¿Se entiende?

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