Esta semana, y próximo al cierre de la actual legislatura, el Pleno del Congreso tiene previsto sesionar por cuatro días. Es así que, entre ayer y el sábado, los parlamentarios priorizarán la aprobación de dictámenes en materia económica tales como la eliminación del cobro de la transferencia interbancaria. La medida, según detalla el dictamen, busca anular el cobro por transferencias entre una entidad bancaria a otra excepto si fuera de una entidad bancaria a una caja municipal.
En entrevista, el presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía, David Tuesta, hace una evaluación sobre la medida sobre la cual, según indica, también hay vicios de constitucionalidad.
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¿Es inconstitucional una medida de este tipo?
Desde el punto de vista de funcionamiento de mercado, vendría a ser prácticamente como una especie de control de precios. Sí tiene serios vicios de constitucionalidad sobre un ámbito que está regulado dentro de la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces eso tiene que partir por el respeto de supervisor y hay clara justificación por las cuales estas comisiones son las que son.
¿Qué efectos tendría un control sobre los precios sobre estas transacciones?
Como en cualquier negocio, los costos se terminan trasladando. Para la sostenibilidad del sistema, terminas afectando al 100% de los peruanos como consecuencia de este tema. No olvidemos que el 99% de las transacciones no están sometidas a estas comisiones. Entonces, ¿por qué se quiere intervenir en este mercado? Si se puede afectar la sostenibilidad del sistema.
La comisión es un costo frente a una contraprestación. En este caso, ¿qué es lo que cubre el costo de la transferencia?
Implica el desarrollo de un sistema informático. La primera reflexión es que esto no es gratis. El dinero que va de un lado a otro, tiene un costo. En la solución tecnológica para realizar ello, que hace que todo sea instantáneo, tiene un costo. Eso en primer lugar. Ahora, en el mundo de la tecnología amplia, también existen riesgos de los fraudes. Tienes que desarrollar una plataforma con toda seguridad. Frente a todo ello, las empresas hacen una segmentación, para también promover un rol de inclusión financiera. Entonces se busca que para algunos segmentos los costos sean cero o no sean altos. Para estas transferencias de bajo valor, por debajo de S/ 500, los costos son cero. Y las que van por encima, tienen un cobro.
Sin contar que hoy hay billeteras digitales.
En este caso, también hay transferencia a costo cero. Desde el punto de vista de inclusión financiera, las transacciones que se realizan ahí están exentas de comisión. Nuestros legisladores se están preocupando por un 1% que van por encima de S/500 que se hace a través de transferencias bancarias. ¿De qué manera puede terminar esto afectando al ciudadano? Bueno, probablemente los bancos van a reaccionar y terminen trasladando ese financiamiento a este producto cargando otros costos. Bancos más pequeños puede que no ofrezcan el producto. Entramos en el mismo problema: cuando se pretende incluir, generas exclusión financiera.
Según la propia exposición de motivos del dictamen del Congreso, la SBS ha advertido que la eliminación de un cobro de comisiones podría "generar el rompimiento de una red de pagos electrónicos, pudiendo además provocar que las entidades financieras dejen de ofrecer dichos servicios en perjuicio de los usuarios"
¿El regulador, la SBS, procede ante cobros considerados excesivos?
Está en potestad de hacerlo. Ha habido varios momentos en el que el regulador ha visto necesario informar, simplificar o reducir las comisiones. De esta manera, se hace un cobro más eficiente.
La iniciativa ha logrado su aprobación en primera votación con el comentario desfavorable de organismos reguladores. ¿Sorprende ello?
Llama la atención. Entidades independientes como el BCR advierten las implicancias sobre las normas de los congresistas. Lamentablemente, muchos de nuestros congresistas hoy son demasiado soberbios. Estas entidades han hecho análisis independientes y detallados sobre los impacto de dichas medidas. En otros países, usualmente un Congreso maduro respeta lo que le dice el Banco Central de Reserva, respeta lo que le dice su Superintendencia. Esas son las cosas que deberíamos copiar y no copiamos.
Además, el dictamen se ha visto en Defensa del Consumidor y no en Economía que debería tener una opinión técnica sobre el tema.
Correcto. Incluso desde el punto de vista del procedimiento, hay problemas.
¿Hay un interés político o un ánimo populista sobre medidas de este tipo?
Por supuesto. El populismo le gana siempre a lo técnico en el lenguaje de la gente porque se explican de forma inmediata.
¿Pueden afectar estas medidas a la solidez del sistema financiero?
Recordemos que el Congreso impuso el control a tasas de interés. En el último reporte de Estabilidad Financiera del BCR, se detalló que los afectados por el control de tasas era de 542 mil afectados directos. De los cuales, 218 mil tenían accesos al sistema financiero y ahora no lo tienen. Estaba pendiente de revertir esta situación, mediante votación en el Pleno, pero no se hizo. Las instituciones financieras hoy son sólidas, quienes se ven afectados son las personas a quienes se les ofrece productos más costosos o no se les ofrece nada.
En líneas generales, ¿cómo calificarías la agenda económica del Congreso?
Es difícil no dar un calificativo negativo. Es un Congreso que ha venido empujando normas sin importarle principios constitucionales que tienen iniciativa de gasto. Además, lanzan una lista de proyectos enorme que priorizan en pocos días. Deja mucho que desear. Da toda la sensación de ser poco planificados. Y esto es lo que realmente preocupa de acá para adelante en este cierre de Legislatura.