¿De qué impuesto a las sobreganancias hablamos?, por Marcial García

La posible creación de un nuevo impuesto, que grave las “sobreganancias” mineras, continúa generando debate. Pero más allá de las opiniones a favor y en contra, está claro que cualquier modificación al marco tributario minero deberá necesariamente pasar por el Congreso, donde Perú Libre no tiene mayoría. Eso obliga a la bancada del partido con el que Pedro Castillo llegó al poder a buscar consensos con distintas fuerzas políticas si quiere cumplir con su promesa electoral.

Para que ese espacio de diálogo tenga posibilidades de ser mínimamente exitoso, sin embargo, deben empezar por explicar claramente los alcances de la medida que proponen. Hasta ahora solo hay especulaciones. También es necesario que se aclaren conceptos y se derrumben mitos en torno a la tributación minera.

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Hay que recordar que, durante la campaña, el mandatario se dedicó a repetir que “las mineras saquean el país”, agregando que bajo su presidencia las obligará a “dejar el 70% de sus utilidades y no el 30% como es hoy”.

Todas estas afirmaciones, empero, carecen de sustento y denotan un fuerte sesgo negativo contra el sector. Lo cierto es que la minería tiene una carga que llega a superar el 50% del total de sus utilidades, entre el impuesto a la renta, regalías y otros aportes. Además, se pasa por alto que ya existe un impuesto especial que grava las “sobreganancias” mineras desde el Gobierno de Ollanta Humala.

No es irrelevante, por tanto, preguntarse si se necesita otro impuesto para el mismo fin. Basta mirar las últimas cifras disponibles de la Sunat para comprobar que el sistema tributario ya está diseñado para capturar una mayor proporción de las utilidades de esta actividad cuando los precios suben.

En el primer semestre del año, la recaudación minera aumentó en 137% y en 79% respecto a similar periodo del 2020 y del 2019, respectivamente, superando ampliamente el nivel prepandemia por el fuerte repunte de las cotizaciones. De hecho, se estima que en el 2021 se romperá el récord histórico de ingresos fiscales provenientes de la minería. Si pese a ello, se insiste en presionar aún más al sector, quizás lo más sensato sea revisar las tasas de los tributos vigentes.

También han planteado renegociar los contratos de estabilidad con las grandes transnacionales y se ha sostenido que eso ya se ha hecho en el pasado. Esa afirmación, sin embargo, es imprecisa. La verdad es que en el segundo gobierno de Alan García las mineras aceptaron hacer un aporte voluntario para promover el desarrollo económico y social en su área de influencia, pero no se tocaron sus convenios. En tanto que años después, bajo la administración de Humala, ocurrió algo parecido con el denominado Gravamen Especial a la Minería.

Está por verse si el partido del lápiz encontrará al interior de un Parlamento altamente fragmentado y dominado por la oposición la voluntad política y el interés para hacer de esta controvertida propuesta una prioridad, dada la polarización actual.

Toda esta situación mantiene al sector en la más completa incertidumbre, desalentando nuevas inversiones y poniendo en compás de espera los planes de ampliación de las minas existentes. Si quienes ahora dirigen el país realmente están preocupados por la reactivación económica y la recuperación del empleo formal, hacer menos viables los proyectos que están en cartera, es poco razonable. El Perú requiere más inversión para enfrentar la crisis en la que se encuentra, no menos.

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