El ingeniero economista y excongresista de la República, Juan Pari, y el expresidente de CAF y exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fueron los encargados de representar a Perú Libre (PL) y Fuerza Popular (FP) durante el debate técnico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el bloque de recuperación económica y reducción de la pobreza. El Comercio consultó a dos especialistas la viabilidad de algunas de las propuestas realizadas.
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ACCESO A CRÉDITOS
Durante su participación, Pari, de Perú Libre, indicó que dentro del eje “social” y “emergente” que plantea el equipo técnico de Pedro Castillo, uno de los objetivos es facilitar el acceso al crédito, sobre todo, a la población que se encuentra en la informalidad.
“Nosotros sí planteamos un sistema crediticio para las pequeñas empresas. [Para] ese 70% de la PEA que son emprendedores y que se les ha llamado peyorativamente ‘informales’”, precisó el especialista.
Norma Correa, antropóloga y especialista en Políticas Públicas de la PUCP, consideró que el planteamiento fue poco específico como para entender de qué manera se podría implementar. “Me ha llamado la atención que desde Perú Libre no hubo mayor claridad sobre sus propuestas económicas. En este aspecto de créditos que son pensados para dar un impulso al microempresario, que es algo positivo, lo concreto es que no se han dado detalles sobre la ejecución”, indicó.
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Por su parte, Pablo Lavado, economista de la Universidad del Pacífico (UP), opinó que la propuesta ignora los motivos de fondo que llevan a que más de un 70% de la población económicamente activa se mantenga en la informalidad; y por ello, precisó que no sería recomendable diseñar un programa crediticio como el plantado por PL.
“Cuando Pari menciona la necesidad de otorgar créditos a microempresarios para reducir la informalidad, tengo mis dudas, porque la mayoría de microempresarios no crece por una baja productividad. Esa problemática compleja no se resuelve dando créditos; peor aun en el corto plazo”, resaltó Lavado.
MAYOR COBERTURA DE PENSIÓN 65
A su turno, Carranza, de Fuerza Popular, remarcó que la propuesta del partido de Keiko Fujimori en materia económica se sostiene en dos instrumentos: un fuerte impulso fiscal y financiero en el corto plazo, y un impulso a la inversión privada de pequeños empresarios en el mediano plazo.
En ese sentido, dio mayores alcances sobre la propuesta de incrementar la cantidad de dinero que se otorga a los beneficiarios del programa social Pensión 65.
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“Como ya se ha anunciado, desde el primer día [de llegar a ser gobierno] vamos a duplicar [el monto otorgado a través de] Pensión 65, pero no solo esto: tenemos previsto y contabilizado incrementar todos los años 500 mil beneficiarios en el programa, con la idea de llegar a la cobertura universal al 2026”, señaló Carranza durante el debate.
Asimismo, agregó que se aumentaría la cobertura del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos). “Vamos a hacer un esfuerzo para llegar al final del 2026 a un millón de familias protegidas por este programa”, dijo Carranza.
Para Correa, si bien la propuesta sí sería viable, consideró necesario que se analice la promesa de cobertura con la situación económica del país en el mediano plazo, para cumplir la meta planteada. Añadió, en ese sentido, que la meta de ampliación en la cobertura del programa Juntos -que actualmente llega a 700 mil hogares- es más sensata.
“En el último quinquenio hubo un estancamiento con los programas sociales. Sí hay espacio para que crezcan, tanto en el mundo rural como urbano. Sería un poco más cauta con la cantidad anunciada, porque eso ya depende del propio comportamiento de la economía y la caja fiscal”, comentó la especialista.
Por otro lado, advirtió que la ciudadanía debe estar vigilante a que cualquier ampliación que se realice en estos programas sociales manejados por el Estado no sean aprovechados de forma política por el partido que gane las elecciones, ya sea por fines propios o con el objetivo de obtener rédito político con un sector de la población por los beneficios que se otorguen.
En tanto, Lavado también precisó que existe la viabilidad necesaria para ejecutar el planteamiento, pero añadió que antes de hablar de la universalización de dicho programa, será necesario avanzar con una reforma verdadera al sistema de pensiones privado y público que permita cubrir a ese 80% de la población que probablemente no accederá a una pensión durante su vejez, a raíz de la poca cobertura o los retiros anticipados de fondos.
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“Sí es posible ejecutar la propuesta de aumentar la cobertura de Pensión 65, pero no creo que se llegue a completar el tener un seguro universal bajo el esquema planteado. La meta debería ser un poco menos ambiciosa y sobre todo enfocarse en las personas más vulnerables”, puntualizó.
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