¿Cómo se debió hacer el último aumento de sueldos en el Estado?

CLAUDIA PAAN 

Criticado por unos, defendido por otros, el último incremento salarial para los altos funcionarios del Gobierno ha puesto sobre el tapete uno de los grandes problemas del Estado: la escasez de talento.

Luego del recorte de sueldos realizado durante el gobierno de Alan García en el 2006, muchos funcionarios migraron al sector privado. En esta lista se encontraban Juan Miguel Cayo, ex viceministro de Economía, y Luis Alonso García, ex viceministro de Comercio Exterior, entre otros profesionales. “El sector privado se ha convertido en un fuerte competidor del Estado. Los funcionarios que tienen vasta experiencia son atractivos para las empresas”, remarca García, que ahora es socio del estudio Echecopar. Aunque no hay una medición exacta, Nuria Esparch, ex directora de Servir, explica que en el último año del gobierno de García se dio la mayor fuga de talentos. Y lo peor es que esa ola no ha pasado.

EL FONDO Y LA FORMA
Los dos últimos gobiernos han intentado mejorar la escala salarial. En el 2009, el gobierno aprista promulgó un decreto para aumentar los salarios de los funcionarios (medida que fue anulada ante la presión política). 

En el 2011 el actual gobierno subió el sueldo tope para los trabajadores altamente calificados de S/.16 mil a S/.25 mil. Pero luego de esto, ¿correspondía hacer un nuevo incremento?

Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo, afirma que con esta medida se ha revalorizado el puesto de ministro, ya que hasta hace poco habían funcionarios que ganaban S/.10 mil más que los titulares sectoriales del Poder Ejecutivo.

Aunque considera que ha sido una medida acertada, Gamero menciona que la forma cómo se ha transmitido el mensaje no ha sido la más adecuada, ya que se debió mencionar que esto formaba parte de la reforma del Estado y no obedecía a intereses políticos. Con esto concuerda el laboralista Jorge Toyama, quien agrega que primero debió entrar en vigencia la Ley del Servicio Civil (cuya puesta en marcha se retrasó de enero a marzo de este año) antes de dar luz verde al incremento.

Pero el anuncio no es el único punto en discusión, también ha sido criticada la forma de ejecutarla. En esa línea, el laboralista Germán Lora menciona que este aumento ha debido comenzar en los sectores más bajos del aparato estatal y terminar con los altos funcionarios. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que ya se había hecho un incremento en otras instancias del Estado antes de llegar al nivel ministerial. 

“Con las reformas, un cirujano de nivel 1 pasó de ganar S/.3.068 a S/. 4.600; el sueldo de un suboficial de primera fue de S/.1.759 a S/.3.643; mientras que el de un juez titular superior de S/.12.000 a S/.21.500”, explicó el miércoles en el Congreso. Aunque el titular de Economía precisó que esos incrementos han sido mayores – porcentualmente hablando – a los realizados a los ministros, algunos especialistas creen que no debió de darse de golpe. En esa línea, Marco Nicoli, gerente general de Manpower, estima que el aumento debió hacerse en tramos y no al 100%. “Políticamente no fue acertado”, remarca.

Fernando Guinea, socio y gerente general de Amrop Perú, considera que la forma de aplicación de este incremento fue la correcta. Es más, el ejecutivo estima que si la economía sigue creciendo y la brecha de pobreza se acorta, se podría mejorar el sueldo de los altos funcionarios del Estado. “Creo que el presidente debería ganar más, por lo menos un 50% por encima de que lo que percibe un ministro”, sostiene.

Por su parte, Ricardo Alania, director del área académica de Capital Humano de la Escuela de Posgrado de la UPC, plantea que – así como ocurre en el sector privado – se debería contemplar un sueldo diferenciado entre los ministros, ya que hay carteras más complejas que otras. Para Guinea, esto no sería aplicable porque todos están en el mismo rango y en las esferas del Estado debe haber equidad salarial.

Sin embargo, hay que mencionar que el incremento se ha dado a funcionarios cuya mayor virtud – en algunos casos – es inspirar confianza en las más altas esferas del poder y que  no necesariamente pasan una evaluación, cosa que sí podría ocurrir con funcionarios de escalas más bajas.

EL DINERO NO LO ES TODO
Tras la precisión, la pregunta que se mantienen en el aire es si ¿realmente el incremento hará atractivos los puestos en el Estado? Nicoli expresa que si bien financieramente ahora son más atractivos, tiene que ser clara la política de la meritocracia, sobre todo si se quiere retener el talento. Algo en lo que varios especialistas concuerdan es en que una forma de hacer más atractivos los puestos de confianza es la entrega de bonos, en base al cumplimiento de los planes estratégicos de cada cartera.

Sin embargo, Toyama explica que experiencias de este tipo en otros países (como España o Colombia) demuestran que el experimento no siempre sale bien. “La mayoría de países no paga bonos por resultados, ya que se ha visto una manipulación en la información en beneficio de algunos”, remarca. Lo que sí cree que se podría instalar en el aparato estatal es una instancia que monitoree el cumplimiento de metas de las diversas áreas de las entidades públicas. Esta función, dice, debería ser cumplida por Servir y tendría que estar incluida en la Ley del Servicio Civil.

Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), cree que como parte de la política de meritocracia se deberían instaurar perfiles profesionales para los diferentes niveles del Estado. Así se transparentaría y justificarían los atributos profesionales con las escalas salariales. Actualmente esto ya se hace en entidades como el BCR y en las gerencias públicas nombradas por Servir. Así parece lógico que el siguiente paso sea que esta práctica se generalice en todos los estamentos del gobierno.

Finalmente, si bien era necesario acortar la brecha salarial entre el sector privado y el público para atraer a los mejores profesionales, la forma como ha sido realizado el incremento le ha quitado peso al mensaje de fondo: instaurar la meritocracia en el Estado implica también brindar sueldos acordes al talento que se prevé atraer – o retener – y a las tareas que quedan pendientes con miras a tener un sector público que acompañe el crecimiento del país.