Gobierno aprueba DU para impulsar inversión pública por S/1.000 millones

El Poder Ejecutivo aprobó medidas extraordinarias para impulsar la inversión pública en diversas entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, con el objetivo de promover el gasto público por más de S/1.000 millones en sectores sociales tales como educación, salud, vivienda y agricultura.

► Contraloría envió al Ejecutivo proyecto de Decreto de Urgencia para reactivar obras públicas paralizadas

► Ejecutivo anuncia que masificará el uso de medicamentos genéricos

Las medidas aprueban modificaciones presupuestarias en los ministerios y gobiernos regionales; y se encuentran consignadas en el Decreto de Urgencia N° 004-2019, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano.

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, explicó que estas medidas "inyectarán dinamismo a la actividad económica y preservará el cumplimiento de las reglas fiscales. Los más de S/1.000 millones podrían impulsar el crecimiento del PBI trimestral en alrededor de 0,5 puntos porcentuales adicionales”.

En el corto plazo, este mayor gasto público se traducirá en un mejor servicio para los ciudadanos que contarán con colegios mejor equipados, infraestructura vial de mayor calidad y mejor oportunidad para el acceso a viviendas, según la titular del MEF.

“Con estas medidas se favorecerán inmediatamente sectores como el de construcción y servicios, que son grandes demandantes de mano de obra, lo que redundará en el ingreso y el consumo de las familias”, destacó Alva.

MEDIDAS

A través de este Decreto de Urgencia se aprueban cinco medidas extraordinarias:

1. Se autoriza la transferencia de recursos del presupuesto de las entidades del Gobierno Nacional a la reserva de contingencia, con el fin de financiar la ejecución de inversiones de diversos pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, para el mantenimiento de locales escolares y hospitales, lo que coadyuvarán al mejor desarrollo de las funciones de las entidades públicas.
2. Se autoriza al Ministerio de Educación (Minedu) a financiar el Programa suplementario de Mantenimiento de los Locales Educativos 2019, y el mantenimiento de bicicletas entregadas en el marco de la Iniciativa Rutas Solidarias.
3. Se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS); el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri); y, el Ministerio de la Producción (Produce) a realizar transferencias financieras a favor del Fondo MiVivienda, Fondo Sierra Azul y Ministerio de Defensa, para financiar distintas intervenciones.
4. Se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a efectuar anulaciones de gastos de inversión programados, para reorientar estos recursos a proyectos que se encuentren en etapa ejecución, y cuyo monto total actualizado de inversión sea mayor a S/200 millones.
5. Se autoriza a los Gobiernos Regionales a reorientar recursos para el financiamiento de inversiones del mismo pliego. Para anulación y habilitación de inversiones, en este proceso de reorientación de recursos, se deben cumplir un conjunto de criterios establecidos.

Cabe indicar que un mayor gasto en infraestructura tiene un impacto sostenido en el tiempo. Se estima que en el largo plazo, por cada S/100 de inversión se genera S/142 para la economía, según sostiene el Ejecutivo.

Por ello, el Gobierno prevé que las medidas aprobadas provean de un mantenimiento de calidad a la infraestructura construida, ampliando su vida útil, en beneficio de la población.

Es el caso, por ejemplo, de los sectores de Educación y Salud donde se destinan recursos para el mantenimiento de más de 52.000 escuelas, 17 establecimientos de salud a nivel nacional y 7 Centros de Atención Residencial para niños, niñas y adolescentes.

Cabe recordar que dos de los cinco lineamientos de gobierno son un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; y el desarrollo social y el bienestar de la población.

Ante ello, el Ejecutivo está tomando estas medidas para aminorar un posible impacto en la economía peruana de los riesgos de un deterioro de la economía mundial e impulsar el dinamismo de la actividad económica.