El presidente Martín Vizcarra  aseguró que las medidas aprobadas estimularían la economía en el último trimestre del año (Foto: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)
El presidente Martín Vizcarra aseguró que las medidas aprobadas estimularían la economía en el último trimestre del año (Foto: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)
Redacción EC
Katherine Maza
Franco Balza Tassara Cánepa

Redactor de la sección Economía y Día1

franco.balza@comercio.com.pe

(Por Katherine Maza Mercado y Franco Balza - Tassara C.) El Ejecutivo publicó ayer un nuevo (N° 004-2019), esta vez, para incentivar la economía a través del gasto público y llegar a la meta de crecimiento de 3% establecida en el Marco Macroeconómico Multianual. Según el documento, es imprescindible asegurar la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto público de este año, a través de mecanismos que generen un impulso en la demanda interna, dado el contexto de menor crecimiento y moderación de las expectativas.

Para ello, se autorizó una serie de transferencias que superan los S/1.000 millones –provenientes de los recursos ordinarios [ingresos por recaudación de impuestos]–, destinados a diversos sectores sociales.

“Los más de S/1.000 millones podrían impulsar el crecimiento del PBI trimestral en alrededor de 0,5 puntos porcentuales adicionales”, aseguró la ministra de Economía, María Antonieta Alva

A su turno, el presidente Martín Vizcarra aseguró que las medidas aprobadas estimularían la economía en el último trimestre del año.

LAS MEDIDAS

El documento aprueba cinco medidas extraordinarias vigentes hasta el próximo 31 de diciembre de este año.

La primera medida, incluye la transferencia de recursos del presupuesto de las entidades del Gobierno Nacional a la reserva de contingencia para financiar inversiones de los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales, destinando hasta S/1.008,9 millones para el mantenimiento de colegios y hospitales.

La segunda, autoriza al Ministerio de Educación a financiar –a través de subvenciones– el mantenimiento de locales educativos 2019 y bicicletas en el marco de la Iniciativa Rutas Solidarias, así como el mejoramiento de los servicios sanitarios y redes eléctricas; todo por hasta por S/309,9 millones. Esto, según el presidente Marín Vizcarra, beneficiará a 52 mil colegios y más de 6 millones de escolares.

La tercera medida destina hasta S/315 millones. al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a favor del Fondo Mivienda, para la ejecución del Bono Familiar Habitacional, Bono del Buen Pagador y Bono de Arrendamiento para Vivienda.

La cuarta medida permite al Ministerio de la Producción destinar hasta S/16 millones a favor del Ministerio de Defensa para la adquisición de dos patrulleras de interdicción marítima y su equipamiento.

Finalmente, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al MVCS a efectuar anulaciones de gastos de inversión programados, para reorientar estos recursos a proyectos que se encuentren en etapa ejecución, y cuyo monto total actualizado de inversión sea mayor a S/200 millones.

Para el exviceministro de Economía, Enzo Defilippi, es adecuado “afinar” la asignación de recursos en aquellos sectores que los puedan gastar mejor. “Espero que los que reciben el dinero puedan realmente gastarlo porque esto es síntoma de un problema mayor [...]que es la dificultad para gastar en proyectos de inversión y, en general, es para gastar”, agregó.

De acuerdo con la Unidad de Análisis de El Comercio, si es que se llegara a ejecutar el gasto previsto por el gobierno en lo que resta del año, se daría un impulso de 0,2% al PBI del 2019.

LEGALIDAD

Los constitucionalistas Natale Amprimo y Víctor García Toma afirman que el Ejecutivo está en su facultad de legislar mediante decretos de urgencia hasta la instalación del nuevo Congreso.

No obstante, para utilizar este herramienta constitucional se debe cumplir con algunos requisitos. Uno de ellos es que el Ejecutivo justifique que se trata de una medida extraordinaria, debido a que existe una suma urgencia de legislar sobre un determinado asunto, que en este caso sería la necesidad de acelerar la inversión pública.

“Se debe señalar en el documento qué pasaría si es que no se dicta esa norma, qué consecuencias traería al país si no se hace uso de ese decreto de urgencia”, detalla García Toma.

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