Defensa del Consumidor: Comisión del Congreso que preside Wilson Soto cuenta con un 96% de dictámenes con fórmulas antitécnicas

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Uno de esos dictámanes, por ejemplo, dispone incorporar progresivamente a organismos reguladores como Osinergmin, Osiptel y Sunass a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Asimismo, declara de interés nacional la creación de la ventanilla única del consumidor y usuario. Dicho dictamen recoge observaciones de 5 instituciones técnicas. Pese a ello, la fórmula se aprobó y fue observada por el Poder Ejecutivo “por falta de justificación de la necesidad de las propuestas” y de un debido análisis costo-beneficio. Aun así, Codeco ha propuesto insistir con su fórmula y está en la agenda del Pleno.

“En el Dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley no se evidencia el análisis que justifique la necesidad de incorporar expresamente a los Organismos Reguladores a la Plataforma ‘Mejor Atención al Ciudadano’ (MAC) a través de una iniciativa legislativa del Congreso de la República. Teniendo en cuenta que la Presidencia del Consejo de Ministros es quien conduce y administra a nivel nacional dicha Plataforma en todos sus canales de atención”, se lee en la observación del Ejecutivo.

Un segundo dictamen que se busca aprobar por insistencia y que está listo para debatir en el Pleno es uno que propone ampliar la prohibición de las comunicaciones y llamadas ‘spam’. La fórmula se aprobó y fue observada por el Ejecutivo por “falta de un test de proporcionalidad pese a afectar derechos fundamentales” y “afectación al principio de coherencia normativa”.

La medida busca prohibir las llamadas entre las 20:00 horas y las 7:00 horas y tampoco los días sábado, domingos y feriados salvo consentimiento del usuario.

Al aplicar el test de proporcionalidad, el Ejecutivo determinó que la propuesta “podría resultar limitativa en el marco de las libertades económicas reconocidas constitucionalmente en los artículos 58 en adelante de la Carta Magna, en virtud a las cuales los proveedores de bienes y servicios pueden realizar sus actividades económicas de manera libre”. Es decir, si bien se protege al usuario, se está yendo en contra de actividad privada.

Tal como ha comentado con anterioridad a este Diario la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo) -que concentra cerca de 25 empresas del rubro- la medida puede generar una pérdida de 20.000 puestos de los 70.000 empleos que hay en el sector de centros de contacto.

El dato

Wilson Soto incluido en la investigación por el caso Los Niños

En marzo del 2023, el parlamentario fue incluido en el caso Los Niños. En el caso, la Fiscalía considera que los implicados habrían respaldado la gestión de Pedro Castillo a cambio de favores en instituciones públicas y ministerios. "Estoy tranquilo con mi conciencia", dijo en aquella oportunidad.

Al tratarse de una comisión que tiene en su función discutir y elaborar temas que tienen un impacto sobre el consumidor, el riesgo de populismo es alto. A decir de Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados, ese riesgo crece si la comisión está integrada por congresistas que no cuentan con experiencia en la materia.

“Los miembros de una comisión como la de Codeco tienen seguramente buenas intenciones, pero no cuentan necesariamente con la formación adecuada para poder presentar iniciativas legislativas. Las mismas que son poco estudiadas y que no se generan por un análisis técnico previo. Las propuestas evidencian que surgen de buenas ideas, pero el efecto es contraproducente”

Pierino Stucchi, socio de Stucchi abogados.

Otro punto clave en esta comisión, en opinión de Stucchi, es la mala lectura sobre cómo actuar frente a temas vinculados al consumidor: “La solución de lo que afecta al consumidor no es sobrerregular la actividad de las instituciones, sino estimular la competencia para que el consumidor tenga más alternativas”.

El especialista también cuestionó que los congresistas persistan en sus intenciones pese a las observaciones previstas por las entidades técnicas. “Pedir opinión técnica a entidades como la SBS, Indecopi o el Banco Central de Reserva se asume como un ritual. Pese a lo que digan, persisten en su intención. Falta reflexión, capacidad de escucha y de análisis en algunos congresistas. Ahí hay dos soluciones: deben ser formados céleremente en elementos de calidad regulatoria así como su equipo técnico”, agregó.

En los últimos años, la comisión de Defensa del Consumidor ha sido también un grupo de trabajo para viabilizar iniciativas que han tenido un impacto económico y que inclusive fueron inhibidas de la comisión de Economía. Es el caso de la Ley 31143 promulgada en el 2021, que fijó topes a las tasas de interés en el sistema financiero. Dicha iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Defensa del Consumidor y exonerada de dictamen por parte de la Comisión de Economía.

Dicha ley, según cifras del Banco Central, ha significado la exclusión del sistema financiero del 25% de los créditos de consumo y de mype. En consecuencia, dicha demanda de créditos se ha trasladado a la informalidad. Según estudios del IPE, el 79% de las personas que adquieren créditos informales pagan tasas de interés que en junio de este año, eran superiores al tope de 87% fijado por el BCR.

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Vale decir que el flamante presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, tiene un único proyecto presentado en el rubro y también un dictamen listo para ser incluido en agenda: la eliminación de la comisión interplaza en el sistema bancario.

La SBS emitió una opinión desfavorable dado que “eliminar el cobro de esta comisión podría afectar la cadena de pagos electrónicos, promoviendo un mayor uso de efectivo con las ineficiencias y riesgos asociados a ello”.

Para Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, el cobro de una comisión por un servicio brindado por una institución financiera no debe ser considerado un abuso. “Simplemente existen otras instituciones en el mercado al cual trasladarse. Ahí radica el factor de competencia. Y no solo son bancos, hay otras instituciones financieras”, comentó.

Castellanos también se refirió a un dictamen que tiene esta comisión y que plantea la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones. “Es claro que las personas deben ahorrar para su vejez. No ahorrar es pasarle el costo de mi vejez a la siguiente generación. Aquí se evidencia un populismo incluso mal enfocado: los afiliados a la AFP son un 20% en el país y la gran mayoría ya gastó ese fondo”, explicó.

Para Castellanos, resulta relevante estar atentos a las decisiones del Congreso y, en especial, a las de esta comisión.

“Los móviles que tienen son políticos y no necesariamente están alineados con el bienestar económico de la población. La forma en que ven las cosas es distinta a la que deberían verse. Las decisiones a nivel de comisiones casi nunca están alineadas con la eficiencia económica que deberíamos buscar”

Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico

Tras ser elegido como presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, el congresista Soto Palacios sostuvo que su gestión priorizará el bienestar de los consumidores y usuarios.

“Seremos defensores de quienes generan la demanda, es decir, los consumidores sin afectar a quienes generan la oferta, vale decir a los productores. Fiscalizaremos responsablemente a los organismos reguladores”, indicó.

Planteó trabajar con todos los estamentos y sectores involucrados en la defensa de los consumidores y usuarios, como Indecopi, salud, organismos reguladores de los servicios públicos, y sectores bancarios, financieros y de vivienda, entre otros. El parlamentario también hizo hincapié en la necesidad de evaluar las nuevas formas de consumo que han surgido con los avances tecnológicos.

EL DATO

Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular y expresidenta de la comisión de Economía; y Adriana Tudela Gutiérrez, congresista de Avanza País, fueron designadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Se aprobó que la sesiones de este grupo de trabajo se desarrollen los lunes a partir de las 11 de la mañana.