:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/35625VD3WVHMXBNQZV6OYYJU6I.jpg)
Conforme a los criterios de
La propuesta de derogar el Decreto de Urgencia 038-2020, que permite la realización de la suspensión perfecta de labores durante la emergencia sanitaria, fue anunciada por Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, durante su presentación ante el Pleno del Congreso de la República. La medida traería consigo un incremento de despidos, ceses colectivos y disolución de pequeñas y micro empresas, señalaron especialistas consultados por este Diario.
“[Revisaremos] la agenda laboral pendiente en el país, que incluye el fortalecimiento de la SUNAFIL, la negociación colectiva por rama de actividad , la regulación de la tercerización, y la derogatoria del Decreto de Urgencia 038-2020, sobre la suspensión perfecta de labores”, señaló el también parlamentario de Perú Libre.
LEE TAMBIÉN: ¿Por qué el Consejo Fiscal advierte sobre el optimismo del Ejecutivo para el escenario económico entre el 2022-2025?
Esta medida, que busca que los empleados que se encuentran cumpliendo dicha suspensión sean reintegrados inmediatamente a su puesto de trabajo, causaría que las empresas que todavía la vienen aplicando sufran dificultades económicas por agregar costos laborales que no podrían cumplir. Esto podría propiciar diversos efectos, desde despidos hasta la liquidación de las mismas. “Si se derogase la suspensión perfecta, las empresas tendrían que reincorporar a sus trabajadores y pagarles el sueldo completo aún cuando no realicen una labor que sea productiva para sus operaciones. Esto en el sector turismo o cine, que todavía se encuentran en el proceso de suspensión perfecta y aún operan con aforos limitados, no les quedaría otra opción que cerrar o liquidarse. La misma situación ocurre con las pequeñas y micro empresas formales”. advierte Javier Dolorier, socio del estudio Gálvez & Dolorier.
LEE TAMBIÉN: El gobierno quiere nacionalizar los recursos naturales: ¿Qué le depara al país?
Ante la imposibilidad de pagar los sueldos completos, los empleadores tendrían como opción acordar nuevas suspensiones perfectas, acordadas con su personal, despidos o, dependiendo de sus ingresos, solicitar la liquidación. “La medida forzaría que las empresas busquen otro tipo de suspensión, el cese colectivo o que eventualmente se comiencen a liquidar si no tienen otra alternativa legal para subsistir. Lo que sucede durante la negociación es que los trabajadores tienen miedo de una resolución contractual y eso muchas veces sirve para que finalmente se lleguen a acuerdos para la salida del personal. Esto no va a ayudar a la gente a tener empleo, sino que pone en riesgo muchos de los empleos que hay actualmente, es inconveniente por donde se mire”, indica José Burgos, consultor del área de derecho laboral de CMS Grau.
El despido de trabajadores en planilla y el cierre de empresas podría generar que se siga expandiendo el empleo informal. “El objetivo es mantener vivas a las empresas porque dan empleo formal. Si no las mantienes las alternativas son cese colectivo, suspensión perfecta acordada, despidos acordados o la disolución de la empresa. Este tipo de medidas destruyen el empleo formal y aumentan el informal, que es el que no tiene coberturas de salud ni de pensión. No tener la cobertura durante la pandemia complica aún más la situación para el trabajador”, detalla Brian Avalos, asociado principal del estudio Payet.
LEE TAMBIÉN: ¿Qué tan viable es que Agrobanco pueda reactivar el sector agrario mediante créditos?
Actualmente la suspensión perfecta de labores tiene vigencia hasta el 2 de octubre del 2021, pero legalmente esta podría ser prorrogada mientras el país se encuentre en estado de emergencia sanitaria. Los especialistas aseguran que por este motivo el gobierno de Pedro Castillo podría aprobarla próximamente. “El Poder Ejecutivo puede publicar otro decreto de urgencia derogando el 038-2020. Bastaría que haya una propuesta llevada por el Ministerio de Trabajo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que se discuta y que se apruebe con la firma del titular de la PCM y del presidente de la República. Es claro que todo decreto de urgencia puede ser objeto de control por el Congreso, pero al ser una norma de carácter popular no creo que el parlamento se opondría a la suspensión”, señala Dolorier.
TE PUEDE INTERESAR
- Minem busca que Cálidda reduzca a cinco años el plazo para cumplir sus metas de masificación del gas
- Línea 2 del Metro de Lima obtiene financiamiento por US$ 961 millones
- General Motors construye planta de ensamblaje dedicada a vehículos eléctricos
- Ejecutivo oficializa entrega del Bono 350: quiénes accederán al nuevo subsidio
- Cinco claves para digitalizar una empresa en tiempos de crisis
- Siga estos seis consejos si está pensando en comprar un auto nuevo
VIDEO RECOMENDADO
