"No debemos destruir un mecanismo de la seguridad social generado para atender los riegos de falta de recursos en la vejez", afirma Tuesta.
"No debemos destruir un mecanismo de la seguridad social generado para atender los riegos de falta de recursos en la vejez", afirma Tuesta.
David Tuesta

Las iniciativas del vienen siendo enormemente irresponsables, pudiendo traer irreparables consecuencias sobre las reglas de juego que deberían primar sobre las decisiones económicas de familias y empresas. Tomando el nombre de la población en vano, nuestros “padres de la patria” han ido presentando una lista de iniciativas muy populares, pero que van rompiendo nuestras instituciones económicas.

La dirección de gran parte de su artillería política al sistema pensionario es sin duda uno de los aspectos más preocupantes. Aprovechando el indiscutible daño socioeconómico generado por la pandemia y el evidente malestar histórico sobre el funcionamiento de las pensiones, el Congreso se ha ido ocupando de irlo desintegrando, sin importarle la relevancia que este tiene sobre el crecimiento inclusivo y la seguridad social.

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Por ejemplo, en pocos días está a punto de formalizarse la toma por asalto del sistema de la . La normativa permite la absurda devolución de aportes con un límite de 1 UIT de manera general para los afiliados a ese esquema, así como el retiro total para aquellos que son mayores de 65 años con menos de 20 años de contribución. Esto, más allá de ser una violación abierta a la Constitución, vulnera elementos conceptuales de un sistema público de reparto. Este brinda un “producto de aseguramiento” integrado de pensiones y salud, en el que el afiliado está asegurado mientras aporta, con lo que al haberse brindado este servicio en cada momento no habría nada que devolver, conceptualmente hablando.

Además, este sistema funciona bajo la perspectiva del aseguramiento intergeneracional, que significa que los aportes de los que hoy están trabajando sirve para pagar a los pensionistas actuales y futuros. Esta “gracia” del Congreso que no tiene bases legales ni conceptuales, le va a costar a todos los ciudadanos cerca de 18.000 millones de soles, que es casi 2,5% del PBI que de acuerdo con cronograma se pagaría en sólo seis meses. Y digo que esto les costará a todos los peruanos, porque tendrá que financiarse con una elevación considerable de impuestos, aunque nadie nos lo quiere decir ahora. Recuerde bien, esto no va a ser gratis. Usted ciudadano lo va a pagar quiera o no quiera, y aquel congresista que usted aplaude hoy, ya no estará sentado en su curul para cuando quiera reclamarle.

Y luego está la otra actitud irresponsable del Congreso, dirigida a que los afiliados al sistema de AFP accedan masivamente a sus cuentas individuales de ahorro obligatorio. Cabe indicar que en ninguna parte del mundo se ha permitido que los afiliados acceden a porcentajes tan altos como se ha venido discutiendo en el Perú, y menos si hablamos de sistemas de ahorro obligatorio que forman parte de la seguridad social. La medida aprobada de acceso al 25% de los fondos ha significado el retiro efectivo de cerca del 2,5% del PBI.

Y si esto no fuera poco, ahora, está en plena discusión la opción del retiro del 100% del fondo de pensiones para aquellos que no se encuentran en planilla durante un año, una normativa que se ha dado nuevamente en el marco de la crisis del COVID-19 y en defensa de los más vulnerables. Y claro, las expectativas de aquellos que tienen dinero acumulado en las AFP son efervescentes, y sin duda habrá aplausos en la tribuna.

La medida del retiro del 100% de los fondos para que los más vulnerables enfrenten la pandemia, de la manera como lo esta presentando el Congreso, es socialmente absurda, pues posibilita que afiliados con enormes recursos y patrimonio propio para enfrentar la pandemia accedan a sus ahorros para la jubilación, lo cual sería regresiva, al estarse favoreciendo a los más ricos. Además, significaría un daño tremendo a nuestras perspectivas de crecimiento potencial.

Varios estudios serios han hallado consistentemente que el sistema de ahorro individual ha venido explicando entre el 0,3% y 1% del crecimiento potencial del país, gracias al círculo virtuoso de sostenibilidad fiscal, ahorro privado, financiamiento, menores costes de financiamiento, mayor inversión, efectos cadenas sobre todo el aparato productivo incluyendo a las mypes así como su impacto amplio de mejora sobre indicadores de pobreza.

Teniendo en cuenta que el 80% de la reducción de la pobreza se explica por el crecimiento económico, y que el sistema de AFP ha contribuido a ello en las cifras mencionadas, podríamos decir que entre 4 a 8 puntos de la reducción de este indicador desde mediados de los 90s se deben a la presencia del sistema privado de ahorro individual. Es decir, hoy podría haber de 1 millón a 2,5 millones de más peruanos en condición de pobreza si el sistema de AFP no hubiese estado en funcionamiento desde los 90s. El aporte del sistema privado de pensiones sobre el crecimiento inclusivo ha sido importante e indiscutible.

Y el riesgo es que este círculo virtuoso pueda funcionar al revés, si destruimos el sistema privado de pensiones. Si sumamos a la norma del retiro del 25% de los fondos de pensiones la iniciativa en debate de retirar el 100% para aquellos que no han estado en planilla un año, además de la regresividad comentada, significaría la desaparición de la tercera parte que tenía el fondo antes del período de pandemia, es decir, nada más y nada menos que cerca de 7% del PBI. Con esta cifra sin duda se mellará nuestro potencial de crecimiento y lo que ha sido un claro mecanismo de reducción de pobreza. Con este golpe al sistema de pensiones de AFP, las perspectivas económicas de recuperación presentadas por el MEF de cara al mediano plazo serían sin duda pura fantasía.

Ya el acceso al 25% del fondo de pensiones fue una medida exagerada, y contemplar ahora el acceso al 100% bajo las condiciones planteadas por el Congreso lo será más. Los riesgos de quedarnos sin seguridad social son elevados. Y más aún, como país, vamos a ver disminuidas nuestras posibilidades de retomar el necesario crecimiento que nos permita salir fortalecidos después de la pandemia. No obstante, si el Congreso quisiera avanzar con la iniciativa del acceso a más recursos de los fondos para que los afiliados puedan enfrentar este período crítico, debería considerar sólo un acceso mesurado y con un tope razonable que evite la consecuencia absurda de que el Congreso termine favoreciendo a los más ricos. Y hay que tener cuidado con que el acceso total pudiera dejar sin acceso a servicios de salud a personas que tienen posibilidades de retomar sus aportes y obtener una pensión.

No debemos destruir un mecanismo de la seguridad social generado para atender los riegos de falta de recursos en la vejez y no debemos poner el riesgo las perspectivas económicas del país. Aquí no sólo debemos observar la irresponsabilidad del Congreso, sino también la potencial irresponsabilidad del Ejecutivo, del MEF y de la SBS si no salen a defender de manera contundente la eventual destrucción que se está perpetrando sobre el sistema privado de pensiones con consecuencias graves sobre el crecimiento sostenible y disminución consistente de la pobreza. Una actitud silente, o de ponerse de perfil, por parte de los supuestos responsables de la política económica sería lamentable.

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