El miércoles pasado, cerca de la medianoche, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el dictamen que autoriza el retiro del 100% de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) por parte de los exaportantes que no tengan más de 20 años de aportes y que sean mayores a 55 años. Asimismo, los afiliados activos podrán retirar hasta S/4.300.
Esta iniciativa será revisada por el Pleno del Congreso para evaluar su aprobación y luego pasará al Ejecutivo.
Para la economista María Amparo Cruz Saco, Investigadora Asociada a la Universidad del Pacífico, esta medida es inviable. “El Estado y la ONP no disponen de los fondos para hacer efectivo este pago a los antiguos aportantes o a los asegurados en la actualidad”.
La razón está en el sistema de reparto de la ONP: “Con la mano derecha se recoge el aporte de los trabajadores afiliados que es del 13 %, y con la mano izquierda se pagan los beneficios a más de 250 mil beneficiarios pensionistas. Si bien ha habido un esfuerzo de la ONP por mejorar sus finanzas, el pago de estos beneficios no alcanza, entonces hay un déficit que se financia con una transferencia corriente de recursos ordinarios del Estado”, señaló Cruz Saco.
Ahora mismo, sin repartir dinero, la ONP se encuentra en una situación precaria, por lo que si el Congreso aprueba el dictamen va a requerir una transferencia mayor de recursos ordinarios.
“En un principio se hablaba del pago de S/2.000 a todos los asegurados. El cálculo de pagarle ese monto a 1,5 millones de asegurados, que es lo que había antes del COVID, sería de US$ 900 millones (S/3.150 millones). Ahora que es el pago de las contribuciones pasadas a los asegurados de más de 55 años que no contribuyeron 20 años podría ser una cifra por lo menos similar o probablemente superior. Son cifras astronómicas”, explicó la economista.
Esto sin contar que la pandemia y el confinamiento han reducido el empleo en el país, por lo que de momento hay menos trabajadores que contribuyen a la ONP. “Mientras que esta entidad debe honrar su obligación del pago de las pensiones”.
Cruz Saco argumentó que ante el retiro del 25% de los fondos de AFP de los aportantes se produce un elemento de inequidad con los asegurados de la ONP. “Pero no se puede corregir el problema con más problemas. Hace falta más seguridad”, apuntó.
POSIBLES SALIDAS
Ante el desbalance fiscal que significaría desembolsar el pago que propone el Congreso a los asegurados de la ONP, la especialista plantea el uso de las transferencias temporales, como una medida de ayuda a los afiliados en caso de emergencias como esta.
“El Bono Universal que ha tenido sinsabores, es un instrumento que, de ejecutarse adecuadamente, sirve para aliviar en circunstancias como estas”, afirmó Cruz Saco. Con respecto al gasto fiscal que significaría este pago, indicó que para hemos vivido 30 años exigiéndonos una disciplina fiscal, precisamente para enfrentar situaciones críticas como esta.
En esa línea, la economista pidió al Congreso evaluar mejor las opciones. “Cuando pensamos en políticas debemos ver cuáles son los costos y beneficios en el corto y largo plazo. Si alguna lección nos deja el COVID-19 es que se debe separar la parte técnica de la política, y evitar que esta conversación se torne ideológica”.
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