El empleo en el Perú: cada vez más informal, por Monica Muñoz Nájar*

Más de 12 millones de peruanos tienen empleos informales. Todos conocemos de primera mano a alguien que trabaja en estas condiciones, quizá nosotros mismos. La mala noticia es que, con la pandemia y la crisis económica, el problema se está agravando.

Un trabajador se considera informal si es que es el dueño de un negocio informal; si trabaja en un emprendimiento familiar, pero no recibe ningún pago; o si es dependiente (en un lugar formal o informal), pero no tiene un seguro de salud pagado por su empleador. Según el INEI, antes de la pandemia, en el 2019, el 72,7% eran empleos informales, mientras que a marzo del 2021, el porcentaje subió a 77,3%.

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Estos altos niveles de informalidad solo consideran a trabajadores sin seguro de salud, ¿cómo sería si se consideraran otros requisitos? Usando como base el Índice de Trabajo Decente (ITD) estimado por el Ministerio de Trabajo para el 2019, al menos 86% de trabajadores no tenían acceso a empleos decentes. Esa es la situación peruana: muy pocos trabajadores tienen acceso a empleos adecuados y la gran mayoría de peruanos que trabajan lo hacen en trabajos precarios.

¿Y qué pasó con la pandemia?

La pandemia nos condujo a una crisis económica sin precedentes: en abril del 2020, la producción se contrajo 39%, y en acumulado, todo el 2020 el PBI tuvo una caída histórica de 11%. Esto resultó catastrófico para el empleo: en lo peor de la pandemia, la población ocupada se redujo en 35% y se perdieron casi 6 millones de puestos de trabajo.

Desde ese momento nos hemos ido recuperando, pero aún tenemos un trecho importante que recorrer: a marzo del 2021 se tenían 580 mil empleos menos que en marzo del 2019. Si a eso sumamos que todos los años el empleo debería aumentar para absorber a las personas que entran al mercado laboral, el déficit de empleos podría llegar al millón.

La historia es más desalentadora cuando se revisa cómo cambió la composición del empleo con la crisis: los empleos que más rápido se han recuperado son los informales, y de los más de 5,2 millones de empleos recuperados, 4,3 millones fueron informales. De hecho, el empleo formal se redujo más de 4 puntos porcentuales (de 27% a 23%), mientras el trabajo informal, en participación, ya superó los niveles prepandemia.

¿Por qué tenemos tanta informalidad?

En la recientemente aprobada Política Nacional de Empleo Decente se han identificado seis causas directas de la falta de trabajo decente: a) bajo nivel de capital humano de la fuerza laboral, b) débil vinculación entre oferta y demanda laboral, c) el empleo se genera en unidades de baja productividad, d) limitaciones de la regulación laboral y de seguridad social, e) desigualdad en oportunidades de empleo, y f) desfavorable entorno social e institucional.

Este diagnóstico está en la dirección correcta y se debe dar especial énfasis al tema que han identificado múltiples investigaciones para el caso peruano como nuestro principal problema: la sobrecarga regulatoria laboral y tributaria.

El Perú es uno de los países con los costos laborales no salariales más altos en Latinoamérica (en promedio 67% del salario), existe evidencia que sugiere que el salario mínimo es muy alto para algunos grupos y la legislación laboral peruana tiene más de 1.800 páginas. Todos estos son desincentivos a la formalización del empleo que requieren reformas urgentes. Una recomendación general es priorizar medidas que reduzcan los costos de permanecer en la formalidad (más que los de acceder a ella), así como fortalecer el sistema de protección social de la población.

La informalidad es un fenómeno complejo que refleja el bajo desarrollo de nuestra economía y a su vez genera un mayor atraso económico. Más aún, tiene un impacto directo en la calidad de vida de todos los trabajadores, formales e informales: los informales no tienen acceso a un sistema de protección social y se les hace más difícil acceder a los mercados financieros, condiciones que los hacen muy vulnerables (basta con ver qué pasó con la pandemia). Para los trabajadores formales, la alta informalidad lleva a los gobiernos a incrementar la presión tributaria sobre ellos.

A esto se suma el impacto negativo general de tener alta informalidad sobre el bienestar de los ciudadanos, por ejemplo, los límites al crecimiento económico y, por lo tanto, a las oportunidades; y los malos servicios públicos por una baja recaudación.

Las reformas que el país necesita para revertir la precarización del mercado laboral son complejas e impopulares en buena parte, y requieren un trabajo consensuado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La aprobación de la Política Nacional de Empleo Decente es un buen paso, pero el nuevo gobierno debe comprometerse a seguirla, es su responsabilidad, así como es su responsabilidad recordar que decisiones bien intencionadas pueden terminar afectando a los más vulnerables por muchos años en el futuro, si no se toman sobre la base de lo que nos dice la evidencia.

*Este artículo se desarrolló con el apoyo de César García.

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