El privilegio de amar, por Alek Brcic Bello

"La lucha por los derechos de la comunidad LGTBI es una que debería importar a todos los que creemos en un mundo más justo". (Ilustración: Giovanni Tazza)

28/06/2021 07H30 - ACTUALIZADO A 26/04/2022 17H21

Pese a que la deliberación del Jurado Nacional de Elecciones parece que no terminará nunca, existe un claro perdedor de cara a los próximos cinco años en el Perú: la población LGTBI. No es novedad que este grupo ha visto la lucha por sus derechos ignorada y hasta despreciada por los candidatos en la segunda vuelta, por lo que no prendería velas a esperar un avance del lado público en el siguiente gobierno.

Ahora, no es tampoco que lo ocurrido haya sido una excepción. Si los candidatos buscan votos de esta forma, es porque el Perú no es un país amigable para la comunidad LGTBI. Una encuesta publicada el año pasado y encargada por el Ministerio de Justicia, por ejemplo, mostró que en el país ese grupo de personas tiene la mayor percepción de discriminación (71%).

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Por si eso fuera poco, el 45% de encuestados respondió que la homosexualidad era producto de un trauma en la infancia, el 36% que sería peligroso dejar a un niño con un homosexual y el 19% consideró a la homosexualidad como una enfermedad. Esto, en un país en el que 1,7 millones de personas se identifican como parte de la comunidad LGTBI (lo que equivale a toda la población de La Libertad).

Así, no es ninguna sorpresa que otra encuesta publicada este año se concentre en la migración de talento LGTBI desde el Perú. Entre aquellos encuestados (761 peruanos LGTBI que se mudaron al extranjero), el 90% respondió que mientras vivía en el país no podía expresar libremente su orientación sexual o solo podían hacerlo en determinados espacios. Peor aún, tal como están las cosas, el 76% no tiene intención de volver al Perú.

Con un precedente como ese, si la lucha por la igualdad de derechos no verá avances desde el Estado durante el próximo quinquenio, la responsabilidad debería ser tomada por el sector privado para seguir concientizando a la población y apoyando a las minorías sexuales. La urgencia de hacerlo es mayor si se tiene al sector público jugando en contra.

Lo positivo es que en los últimos años varias empresas han empezado a tomar un rol activo en esta tarea al vincular su marca a la lucha por la igualdad de derechos de la población LGTBI. Tambo, Inca Kola, Movistar, Interbank, Uber y Real Plaza son ejemplos de ello, pero no son los únicos.

También hay empresas que han ido un paso más allá y han establecido políticas para promover la igualdad entre sus colaboradores. Algunas, por ejemplo, han considerado en los seguros de salud de sus trabajadores a las parejas del mismo sexo. Otras han igualado la licencia de paternidad con la de maternidad, e incluso algunas la otorgan también para la adopción de niños.

Y luego están aquellas que han hecho de su apoyo un avance práctico hacia la igualdad con sus clientes, adelantándose a lo que hoy la ley no contempla. Entidades financieras como el BCP o Scotiabank, por ejemplo, ya ofrecen créditos hipotecarios para parejas del mismo sexo. También está el trabajo de la ONG Presente, que apunta a generar alianzas estratégicas con empresas para el desarrollo profesional y personal de la población LGTBI.

La lucha por los derechos de la comunidad LGTBI es una que debería importar a todos los que creemos en un mundo más justo. Y es que la búsqueda de la igualdad es una tarea tanto de aquellos a los que hoy este país no deja amar con libertad, como de los que defendemos su derecho a hacerlo. Porque si algo debemos tener claro es que el amor nunca debería ser un privilegio, y en el Perú, lamentablemente, lo es.